La última fue la reducción del Impuesto de Salida de Divisas, previamente el Mandatario ya había alzado el salario mínimo, enviado tres reformas ofrecidas, alcanzado la meta de vacunación y dictado un Código de Ética.
En medio de una disputa frontal con las organizaciones sociales, por no darles la respuesta ofrecida sobre el precio de los combustibles, y desencuentros con el sector empresarial, por el alza del salario básico, el presidente Guillermo Lasso anunció el cumplimiento de una de sus tantas promesas de campaña: la reducción progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
El 21 de diciembre, el Mandatario anunció que a partir de enero de 2022 el ISD bajará un 0,25% de forma paulatina cada trimestre, hasta pasar de 5% a 4%. Pese a la emergencia petrolera y a que se trata del tercer impuesto que más recauda, el Ejecutivo decidió mantener su palabra.
El argumento es que la reducción del ISD beneficiará al sector productivo y atraerá la inversión. Un guiño al sector empresarial o, en palabras del vocero presidencial, un factor que ayude “incluso a pagar el incremento de salarios”.
Además, los cuestionamientos por los incumplimientos y contradicciones del Ejecutivo son cada vez más fuertes. Por ejemplo, el presidente Lasso prometió no subir impuestos, lo que quedó anulado con la reforma tributaria; también dijo que crearía una comisión internacional anticorrupción, lo que quedó de lado con la propuesta de crear un consejo estatal para la tarea.
Y, aunque la lista de pendientes, nuevos ofrecimientos y promesas es larga, el gobierno también ha cumplido con su palabra en otros casos en estos siete primeros meses.
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Crear un Código de Ética
El Mandatario firmó el mismo 24 de noviembre un decreto para expedir las normas de comportamiento para todo el Ejecutivo. Entre ellas están la prohibición de que los familiares de sus funcionarios ocupen cargos en el gobierno o tengan contratos con el Estado, el uso de autos y vehículos, el tipo de regalos que pueden recibir y la forma en que deben rendir cuentas.
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Reformar la Ley de Comunicación
El 25 de mayo, el Mandatario envió a la Asamblea Nacional su propuesta de reforma que deroga 91 artículos de la Ley de Comunicación vigente, aprobada en 2013 por el correísmo. La normativa dejará vigente los artículos relativos a publicidad, producción nacional y espectro radioeléctico.
Lasso también derogó el Reglamento de la Ley de Comunicación.
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Reformas a la Educación Superior
El presidente Lasso prometió enviar las reformas a la Ley de Educación Superior durante su primer día de mandato. Cumplirlo le tomó casi tres meses, pero lo hizo.
El proyecto, entregado el 17 de agosto, cuenta con tres pilares: autonomía y libertad; ampliar la oferta académica; y mejorar los procesos de admisión a las universidades.
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Nueve millones de vacunados en 100 días
La propuesta de campaña más exitosa del gobierno fue el plan de vacunación 9/100. Aunque todo el mundo lo tildó de imposible, la administración de Lasso, apoyada por el sector empresarial, logró vacunar a nueve millones de ciudadanos en menos de los 100 días que se plantearon para cubrir la meta.
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La reforma tributaria
Cumplir este ofrecimiento le tomó mucho más tiempo al Ejecutivo, así como una serie de negociaciones y desencuentros con el Legislativo, que archivó su primer intento de ‘megaley’. Pero el 29 de noviembre la reforma tributaria entró en vigencia.
Las promesas de remitir un proyecto laboral y otro de inversiones siguen pendientes.
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El incremento del salario básico
El presidente Lasso anunció el lunes 13 de diciembre un incremento de USD 25 del salario básico mensual a partir de enero de 2022. El alza tiene efecto real para 450.000 empleados de una Población Económicamente Activa (PEA) de 8,3 millones de personas.
El Jefe de Estado emitió el Decreto 286 donde dispuso al Ministro de Trabajo poner en consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del nuevo salario básico.
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Reducir el ISD
El 21 de diciembre, el Mandatario anunció que a partir de enero de 2022 el ISD bajará un 0,25% de forma paulatina cada trimestre, hasta pasar de 5% a 4%. Pese a la emergencia petrolera y a que se trata del tercer impuesto que más recauda, el Ejecutivo decidió mantener su palabra.
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