Con el referendo, Lasso propone aumentar la protección hídrica

Política

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

22 Sep 2022 - 5:25

Con el referendo, Lasso propone aumentar la protección hídrica

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

22 Sep 2022 - 8:01

La sexta pregunta de la propuesta presidencial quiere elevar a nivel constitucional la protección de las áreas hídricas. Y señala como una de sus principales amenazas a la minería ilegal.

La propuesta de referendo constitucional del presidente Guillermo Lasso incluye preguntas sobre temas ambientales. La primera busca incluir áreas de protección hídrica en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

El Gobierno plantea enmendar el artículo 405 de la Constitución, en la parte que habla de los subsistemas de protección: estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado. Y agregar el de protección hídrica.

Para ello, el presidente Lasso plantea la siguiente pregunta:

Antecedentes y contexto:

La pregunta sobre protección hídrica llega después de que el Gobierno enfrentara un paro nacional y se sentara a dialogar con las organizaciones indígenas.

Una de ellas trataba temas de energía y recursos naturales, en medio de la intención gubernamental de duplicar la producción petrolera e impulsar la extracción minera, así como de su obligación de remitir un nuevo proyecto de Ley de Aguas, hasta febrero próximo. La anterior fue declarada inconstitucional.

Esa normativa, que sigue vigente hasta que sea reemplazada, establece que las áreas de protección hídrica son “los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección (…)”.

Y que formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, serán reguladas por el Estado para garantizar su manejo adecuado y respetarán los “usos espirituales de pueblos y nacionalidades”.

Además, la Constitución establece que “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado”.

Dice también que, a través de “la autoridad única del agua”, el Estado será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos, tanto para el consumo humano, riego, caudal ecológico como para actividades productivas.

Así, el Estado está obligado a garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico.

Y, en el ámbito internacional, Ecuador es firmante de los acuerdos de París y de Escazú, que obligan al Estado a tomar acciones de protección ambiental y contra el cambio climático.

Los argumentos de Lasso

“Se trata de cuidar la Pachamama”, dijo el presidente Lasso cuando dio a conocer el planteamiento, porque “los últimos meses han sido un llamado a la conciencia climática mundial”.

Y, según las justificaciones entregadas a la Corte Constitucional (CC), el Ejecutivo encontró tres problemas derivados que de las áreas de protección consten como tales solo en la Ley y no en la Carta Política:

  • La ausencia de un modelo de gobernanza, financiamiento y sistemas de participación en su implementación.
  • El peligro de un desabastecimiento de recursos hídricos.
  • Y la susceptibilidad al mercado criminal y los delitos ambientales.

El Gobierno sostiene que, así, la protección de los recursos hídricos es meramente enunciativa porque, por su extensión y cauce natural, estas áreas no pueden pertenecer a ningún subsistema de protección existente.

Y agrega que una de sus mayores amenazas es la actividad criminal, vinculada a los recursos no renovables. Por ejemplo, la minería ilegal de oro, principalmente, en Imbabura, Sucumbíos, Morona, Zamora, Azuay y Esmeraldas.

Además, explica que, al estar solo en rango de normativa secundaria, las 16 áreas de protección hídrica que ahora existen pueden ser fácilmente eliminadas con una reforma en la Asamblea Nacional.

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