La extradición de ecuatorianos se podría aplicar de inmediato, si se mantiene la tendencia

Una de las preguntas en dónde el 'Sí' está ganando, de manera preliminar, es sobre el rol complementario de las FF.AA. al trabajo policial en la seguridad interna. Esta fue una iniciativa del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que atravesó un trámite por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC), hasta terminar en las urnas. El Gobierno plantea que los militares puedan colaborar con la Policía en el control de seguridad interna cuando haya motines carcelarios y en operaciones relacionadas con ocho delitos:

• Narcotráfico
• Lavado de activos
• Tráfico de armas
• Tráfico de personas
• Terrorismo
• Minería ilegal
• Extorsión e intimidación
• Delincuencia organizada

Actualmente, el trabajo militar en las calles puede ocurrir únicamente cuando hay un estado de excepción. Si se ratifica el triunfo del 'Sí', en cambio, se establecerá un nuevo proceso. El Comandante de la Policía solicitará al Presidente de la República el apoyo militar. El Mandatario convocará al Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) y este elaborará un informe con las motivaciones. Con ese informe, el Presidente emitirá un decreto ejecutivo disponiendo el trabajo coordinado de militares y policías. La CC y la Asamblea tendrá que hacer los controles constitucional y político de la medida. En caso de que se confirme el triunfo del 'Sí', esta reforma constitucional entrará en vigencia apenas los resultados se proclamen y publiquen en el Registro Oficial. Y la Asamblea tendrá 200 días para regular -vía ley- los parámetros y límites formales y materiales de la complementariedad. Aunque, en estos momentos, los militares ya están en las calles -sin necesidad de estado de excepción- debido al conflicto armado interno declarado por Daniel Noboa.

La pregunta con más polémica en el área de seguridad, dentro del referendo, tiene que ver con la extradición. Desde 1945, la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos al extranjero. En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso ya había consultado al país sobre la extradición de ecuatorianos, exclusivamente,  buscados en otros países por crímenes transnacionales. El 'No' se impuso. En esta ocasión, en cambio, Noboa dejó la consulta más amplia sobre todos los delitos tipificados en la legislación penal ecuatoriana. La única exclusión son los temas políticos y las conductas conexas.

Además, de mantenerse el triunfo del 'Sí', se establecería la condición de que la extradición no se haga a sitios donde se aplique la pena de muerte y otras penas inhumanas, crueles o degradantes. En este caso, la extradición se podría empezar a aplicar apenas se proclamen los resultados oficiales y estos se publiquen en el Registro Oficial.

La tercera pregunta del referendo, en la que el exit poll, el conteo rápido y los resultados preliminares proyectan una victoria del 'Sí' es sobre la creación de unidades con jueces especializados en materia constitucional. Desde 2008, con la aprobación de la Constitución de Montecristi, las acciones constitucionales -como habeas corpus, habeas data, acciones de protección y medidas cautelares- son sustanciadas por magistrados de cualquier materia. Según el Gobierno, en las argumentaciones del referendo, este bajo nivel de especialización es una de las causas para el abuso de las acciones constitucionales que ha permitido, entre otras cosas, la liberación anticipada de delincuentes sentenciados.

Ahora, de ratificarse el triunfo del Sí en esta pregunta, el Consejo de la Judicatura (CJ) tendría un año para organizar los concursos para nombrar jueces constitucionales para los 221 cantones del país, así como para las 23 cortes provinciales.