Las amnistías para los supuestos perseguidos políticos generaron la división de dos bancadas más. UNES, el PSC y los radicales de Pachakutik advierten que seguirán adelante en su pretensión de evaluar a los miembros del CAL.
Tres de las cinco bancadas de la Asamblea tienen fracturas internas, y las otras dos investigan a sus legisladores. Antes de que se cumpla un año en funciones, el escenario de crisis legislativa ha causado estragos en todos los bloques.
La bancada oficialista BAN, la ID y Pachakutik se rompieron en las votaciones de este 9 y 10 de marzo. Mientras que el PSC y UNES investigan a dos legisladores, cuya ausencia “salvó” a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
La ruptura en Pachakutik no es nueva. Esa bancada tiene divisiones internas desde 2021, que se agravaron en los últimos días.
De momento, seis legisladores se mantienen en la facción radical de Pachakutik. Ellos votaron a favor de la solicitud de cambio del orden del día planteada por el correísmo, para iniciar la evaluación a los miembros del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, aseguró que el Comité de Ética analizará su actuación y determinará si merecen una sanción.
Pero los radicales se mantienen en que la evaluación es necesaria. Y por ello, al igual que UNES y el PSC, anuncian que volverán a plantear la iniciativa de revisar un posible incumplimiento de funciones del CAL. Incluso, a pesar de que, por iniciativa de Pachakutik mismo, se logró pasar una resolución para que el proyecto derogatorio de la reforma tributaria se tramite de forma ordinaria en la Asamblea.
Mireya Pazmiño, parte de los “rebeldes” de Pachakutik, aseguró que no tienen miedo y que exigirán que sean juzgados ante el Comité de Ética con pruebas. Además, mantiene sus cuestionamientos a Llori y a la dirigencia del movimiento.
“Estamos cansados de que no exista independencia. Y si proponen la conformación de la comisión (para evaluar al CAL), estaremos para apoyar”.
ID se divide y la BAN habla de libertad
Mientras en la votación para la evaluación al CAL, la Izquierda Democrática y la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) tuvieron actuaciones orgánicas, esto no sucedió en la de las amnistías.
En esta votación, la ID había anunciado que se abstendría pues no estaba de acuerdo con que la aprobación sea en bloque. Sin embargo, siete de sus 15 asambleístas votaron a favor de las amnistías.
Guillermo Herrera, presidente de la ID, aseguró que insistieron “hasta último minuto” en que la votación de las amnistías se haga por distintos paquetes, pero no se logró. Frente a esto, algunos legisladores decidieron votar a favor, algo que, según Herrera, no cambió el resultado pues ya había los 91 votos para aprobarlas.
Aún así, dentro del partido analizarán la actuación de estos siete legisladores. Según Herrera, “por lo menos un llamado de atención será necesario”. Sobre todo, porque esta es la segunda votación dividida de la ID; la primera fue en la ley para garantizar el aborto en casos de violación.
En la BAN, en cambio, no se puede hablar de sanciones pues sus legisladores tuvieron libertad para votar. En esa bancada, hubo 13 votos a favor, de los miembros de minorías que se adhirieron al oficialismo, mientras que los asambleístas de Creo votaron por el “No”.
Elías Jachero, uno de estos asambleístas independientes que votó a favor, aseguró que dio su voto a favor por la “reconciliación del país”.
Mientras que Fernando Villavicencio (quien no adhiere a la BAN), aseguró que votó “Sí” porque les “arrinconaron”. Dijo que “estaba en juego la estabilidad de la propia Asamblea Nacional, y sectores como el correísmo supieron aprovechar”.
La legalidad de las amnistías
A pesar de que las amnistías ya fueron aprobadas, y su vigencia es inmediata, el Gobierno y quienes votaron en contra mantienen sus críticas.
La forma de votación es solo uno de los cuestionamientos. El otro, es el fondo de los casos y no solo los relacionados con el paro nacional, de octubre de 2019.
Entre los 268 amnistiados hay procesados por delitos como minería ilegal, tráfico de tierras, robo, delincuencia organizada, asociación ilícita, entre otros.
Rafael Lucero, coordinador de la bancada Pachakutik, defiende la decisión. Señala que en muchos casos se trata de dirigentes indígenas que estaban procesados por delitos en investigaciones que no avanzaron durante años.
“Muchos dirigentes están siendo procesados tres, cuatro, cinco años, y no han podido demostrar que ha habido tráfico de tierras. Son perseguidos por la justicia ordinaria por haber hecho un trabajo colectivo”, aseguró Lucero.
También defendió las amnistías en casos de secuestro. Dijo que muchas veces las comunidades “retienen” personas para aplicarles justicia indígena, y que en la justicia se tipifica como secuestro.
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