El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE

La detención del colombiano Álex Saab Morán, señalado como el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, revivió la red de lavado de activos que construyó a través de varios países de Latinoamérica con el sistema SUCRE.

Saab fue apresado el pasado 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, un pequeño país ubicado frente a la costa noroeste de África. Su detención se dio en ejecución de una orden de captura internacional de la Interpol. En Estados Unidos, Saab es investigado por lavado de activos junto con su socio, Álvaro Pulido.

Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene 18 días a partir de la fecha de la detención para presentar una solicitud de extradición.

La orden de captura internacional se dio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara, en julio de 2019, a ambos empresarios colombianos de lavado de activos, por una trama que comienza en Ecuador y que incluye una red de empresas.

La acusación señala a Saab y a Pulido de haber usado cuentas bancarias estadounidenses para blanquear capitales ilícitos obtenidos con la conversión de dinero a través del SUCRE y falsas exportaciones.

Tras la detención de Saab, el gobierno venezolano dijo que él era un "agente" y que estaba en una "misión" para conseguir alimentos y medicinas.

El arresto se produjo después de que la Fiscalía General de Colombia anunciara el congelamiento de los activos de Saab en ese país, por un valor de USD 9,28 millones. El 16 de junio de 2020 fue llamado a juicio por lavado de activos.

¿Quién es Saab?

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab tiene 48 años y nació en la ciudad colombiana de Barranquilla. Está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a Saab por "haber permitido a Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo beneficiarse de manera corrupta de la importación de ayudas alimenticias y su distribución en Venezuela".

Saab viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal, en Cabo Verde, con el fin de repostar combustible. La aeronave provenía de Venezuela y se dirigía a Irán.

USD 350 millones a los paraísos fiscales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 25 de julio de 2019 a Álex Saab y Álvaro Pulido de lavado de activos. Según la acusación, realizaron transferencias por aproximadamente USD 350 millones desde cuentas bancarias a su nombre en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos, y de allí transfirieron el dinero a cuentas en paraísos fiscales.

De acuerdo con la narración de los hechos en la acusación del fiscal de Florida, en noviembre de 2011, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno de Venezuela para construir viviendas para personas de bajos recursos, en la llamada Gran Misión Vivienda.

Entre 2011 y 2015, habrían trabajado con tres cómplices en Estados Unidos para enriquecerse ilegalmente y pagar sobornos a funcionarios venezolanos que les permitieran dar apariencia legal a sus movimientos de dinero.

La investigación en Estados Unidos apunta a que Saab y Pulido se habrían beneficiado de la tasa de cambio controlada por el gobierno de Venezuela, pues a través de ésta podían obtener dólares estadounidenses a un cambio favorable.

La acusación señala que Saab y Morán sobornaron a trabajadores de las Aduanas de Venezuela, de la Guardia Nacional y de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). El Cadivi era el ente encargado de administrar las tasas de cambio en Venezuela hasta 2014, cuando desapareció.

Después de reuniones realizadas en Miami, los empresarios usaron facturas falsas por concepto de material de construcción que nunca fue exportado a Venezuela.

Las facturas falsas salieron de Ecuador

El contrato para la construcción de las viviendas en Venezuela nació de Ecuador. Las exportaciones fueron realizadas por la empresa ecuatoriana Fondo Global de Construcción (Foglocons), con sede en la provincia de Guayas y de la que Pulido era accionista.

Foglocons también tiene una sede en Colombia, con Pulido y Saab de accionistas.

En 2013, el entonces fiscal general Galo Chiriboga anunció que esta empresa habría usado el sistema SUCRE para lavar dinero a través de falsas exportaciones. Según la Fiscalía, Foglocons reportó exportaciones por USD 3 millones, pero recibió pagos por USD 159,9 millones.

Como lo reveló PRIMICIAS, la Fiscalía determinó un sobreprecio en las exportaciones. El valor de los paneles modulares para construir las casas prefabricadas declarado por Foglocons era de USD 170, cuando la empresa proveedora los comercializaba a USD 19,95.

En el allanamiento de la sede de la empresa se encontraron bloques de facturas duplicadas, con numeración alterada, y originales en blanco que habían sido ya presentados llenos ante la Aduana.

La Fiscalía también encontró copias de autorizaciones de pago del Cadivi que tenían como base declaraciones aduaneras de exportación que habían sido rechazadas en Ecuador y facturas duplicadas o falsificadas.

Según la acusación en Estados Unidos, con sobornos, Saab y Pulido se aseguraron de que los funcionarios de la Aduana y de la Guardia Nacional tomaran fotos de un cargamento en diferentes locaciones para crear la falsa impresión de que eran múltiples embarques de material.

De esta manera, y con facturas adulteradas, duplicadas o falsificadas, lograron que el Cadivi hiciera múltiples pagos por importaciones que nunca existieron. 

Una red de empresas

La Fiscalía en Ecuador encontró una red de empresas relacionadas a Foglocons que trabajaron juntas, movieron dinero entre ellas, y usaron el mismo esquema para lavar dinero a través del SUCRE.

PRIMICIAS reveló que entre estas empresas está una inmobiliaria, Inconeg, cuya accionista principal, Micaela Lehrer, aportó con USD 50.000 para la campaña electoral del binomio presidencial de Alianza PAIS en 2013, integrado por Rafael Correa y Jorge Glas.

Entre las exportaciones de estas empresas se encontraban productos químicos y cables sobrepreciados.

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