En medio de la peor crisis de seguridad de la historia ecuatoriana, el Gobierno no ha logrado equipar y reforzar a la fuerza pública.
Ecuador encarará 2023 en medio de la peor crisis de seguridad de su historia. Los índices de violencia e inseguridad han alcanzado sus picos más altos y la respuesta estatal ha sido insuficiente.
Según la hipótesis del Gobierno, la crisis tiene su origen en el crecimiento e influencia del narcotráfico en el país. Así como en el "debilitamiento deliberado" de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante los gobiernos anteriores.
Por esta razón, la administración de Guillermo Lasso ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza pública. Aunque, por el momento, la mayoría de sus anuncios han quedado en ofrecimientos.
Desde enero de 2022, la entonces comandante General de la Policía, Tannya Varela anunció un plan de fortalecimiento de la entidad por USD 1.200 millones para invertirlos en tres años.
La promesa fue replicada por sus sucesores Carlos Cabrera y el actual comandante, Fausto Salinas.
Pero los desembolsos no se han concretado.
En el área política, la gestión del plan recayó sobre el Ministerio del Interior. Juan Zapata asumió esa cartera a finales de septiembre de 2022 y dijo a PRIMICIAS que recién en ese momento presentó al presidente Lasso un plan de inversiones.
La tarea para 2023
Para 2023, el objetivo del Gobierno es empezar a concretar las compras en los dos primeros trimestres de 2023.
Las prioridades son municiones, chalecos antibalas, vehículos antimotines y la puesta en funcionamiento de 26 cuarteles policiales en las zonas más críticas.
Para el equipamiento, el Ministerio del Interior y la Policía están en negociaciones, sobre todo, con Israel. Al menos tres delegaciones ecuatorianas viajaron a ese país. La última lo hizo a mediados de diciembre de 2022.
Pero, la inversión de USD 1.200 millones para la Policía no es el plan más ambicioso que tiene el régimen de Lasso en materia de seguridad.
En octubre de 2022 se aprobó la denominada Estrategia para la Seguridad y la Paz, que en un inicio se denominó Plan Ecuador.
El nombre se debe a su similitud con la iniciativa de lucha antidrogas que impulsó Estados Unidos en Colombia en los años 90.
Para la puesta en marcha de esta estrategia, Ecuador necesita unos USD 5.000 millones. Pero, la intención del Gobierno es que el plan sea financiando, en gran parte, por la comunidad internacional. Específicamente, por Estados Unidos.
Por esta razón, el documento fue presentado a Laura J. Richardson, comandante general del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, a mediados de septiembre, durante su visita a Quito en octubre de 2022.
Ahora, Ecuador está haciendo una especie de lobby en dos frentes para lograrlo.
Por un lado, la embajadora Ivonne Baki trabaja con el Senado y la Casa Blanca. Mientras que Luis Lara, ministro de Defensa, mantiene comunicación con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos.
Lara y el presidente Lasso viajaron a Estados Unidos a mediados de diciembre y se reunieron con el presidente estadounidense, Joe Biden.
La cooperación que se está negociando no se concretaría con dinero. Sino con la donación de equipos tecnológicos de seguridad que Estados Unidos ya no está utilizando, pero que todavía están dentro de su vida útil.
Los focos de la crisis
Estos son los principales problemas de inseguridad con los que deberá lidiar el país en 2023.
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Muertes violentas
El principal indicador de la inseguridad y violencia son las muertes violentas. Hasta el 16 de diciembre de 2022, la Policía reveló que la tasa era de 24,01 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Es decir, hasta fin de año la tasa podría a llegar a 25,2. Este sería el registro más alto de la historia y significaría un crecimiento del 80% con relación a 2021.
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Crisis carcelaria
El Gobierno de Guillermo Lasso asumió el país con una crisis carcelaria en marcha, pero no ha podido controlarla. Más bien se ha recrudecido.
Desde que su gobierno se posesionó, en mayo de 2021, ha habido 10 masacres que han dejado 334 internos asesinados.
Desde noviembre de 2022, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) empezó una intervención de 36 cárceles. Esta incluye el traslado y rotación de internos y mejoras de infraestructura en las prisiones.
Además, se espera que hasta la segunda semana de enero de 2023 se conozcan los resultados del censo penitenciario. Lo que permitirá agrupar a los presos por peligrosidad y pertenencia. De manera que se reduzcan los conflictos.
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Narcotráfico
Hasta el 5 de diciembre de 2022, la Policía ecuatoriana incautó 180,5 toneladas de drogas. Si bien, los decomisos no superan a los de 2021, la cifra es la segunda más alta de la historia del país.
La cantidad de decomisos supone, además, que en Ecuador está circulando más droga. Esto se suma al incremento de cultivos de coca en Colombia y Perú.
Al cierre de 2021, las hectáreas sembradas pasaron de 143.000 a 204.000, según el Monitoreo de Cultivos ilícitos de la ONU.
Esto significa un incremento del 43% y de este total, unas 85.000 hectáreas están situadas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, que limitan con Ecuador.
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