Lasso plantea crear compensaciones por servicios ambientales

En medio de las deudas estatales en materia ambiental y las amenazas contra los defensores de la naturaleza, el presidente Guillermo Lasso quiere incentivar los servicios ambientales.

Entre los temas ambientales de la propuesta de referendo del presidente Guillermo Lasso está incluir una compensación a quienes brinden servicios ambientales.

Para ponerlo en marcha, el Mandatario plantea enmendar el artículo 74 de la Constitución, sobre el derecho a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales.

Y propone agregar el siguiente texto:

“El Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales, regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento, y definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.

Para ello, el presidente Lasso plantea la siguiente pregunta:

Contexto y antecedentes

La amenazas y atentados contra los defensores del medioambiente son un problema regional.

En Ecuador, los asesinatos del activista ambiental, Andrés Durazno, el 17 de marzo de 2021, y el del líder waorani, Nange Yeti, el 19 de diciembre del 2021, están entre los últimos casos reportados.

Durazno era uno de los principales rostros en la lucha contra la minería en las parroquias de Río Blanco y Molleturo, en Azuay. Yeti luchaba contra la minería ilegal y los taladores de madera balsa en Pastaza.

Este tipo de crímenes no han sido resueltos, pese a que Ecuador es parte del Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Por eso, los líderes y activistas ambientales reclaman que existe una deuda estatal en la materia. Especialmente por la criminalización del derecho a la resistencia.

La Alianza por los Derechos Humanos sostiene en su último informe que el Estado está “en la obligación inminente de diseñar e implementar una política integral y específica de protección para personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza”.

Y que también “debe establecer mecanismos claros y culturalmente apropiados de reparación y no repetición en casos de asesinato, amenazas e intimidación, que afectan a las y los defensores y sus familias”.

Este es uno de los temas que también trata el Gobierno en las mesas de diálogo con las organizaciones indígenas, después del paro nacional. El Ejecutivo aceptó frenar todas las nuevas concesiones o proyectos extractivistas hasta que exista una ley de consulta previa.

Los argumentos de Lasso

Al igual que con la pregunta siete del posible referendo, la intención del Ejecutivo ya existe en normativas secundarias.

El Código del Ambiente (COA) establece que quienes generen servicios ambientales “podrán ser retribuidos, de conformidad con los lineamientos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional”.

Y que en las actividades de conservación, manejo y restauración para la generación de servicios ambientales existirá un prestador y un beneficiario.

Según el Reglamento del COA estos servicios pueden ser de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de soporte.

Por lo tanto, el objetivo es que, bajo el control y seguimiento del Ministerio de Ambiente, se otorguen incentivos económicos a quienes se dediquen a estas tareas.

Pero, para el Ejecutivo existen tres problemáticas que pueden abordarse con esta enmienda:

• Los desafíos en materia de conservación y su vínculo con la economía de los Estados.
• La necesidad de reforzar y aplicar los instrumentos internacionales en la materia.
• Y la importancia del mercado voluntario de carbono, para compensar emisiones con la compra de créditos de carbono e invertir en proyectos que reduzcan los gases de efecto invernadero.

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