La campaña electoral para las elecciones de 2023 ha evidenciado casos de precampaña, uso de recursos públicos de autoridades a la reelección y todo tipo de regalos. El CNE admite que los candidatos superaron su poder de control.
La campaña electoral para las elecciones 2023 dura apenas 31 días, que concluyen este jueves 2 de febrero. Pero a pesar de ser una de las campañas más cortas de los últimos años, ha sido también una de las más desbordadas en irregularidades.
Si bien el Código de la Democracia establece una serie de prohibiciones y reglas para la campaña electoral, en redes sociales circulan imágenes y videos que muestran a candidatos omitiéndolas.
Mientras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostiene que no puede actuar por fuera de sus competencias.
Tres tipos de incumplimientos son los que más se repiten, a pesar de estar prohibidos en la ley:
- Campaña anticipada, que comenzó mucho antes del 3 de enero, fecha oficial del inicio de la promoción electoral.
- Uso de fondos públicos para la campaña de parte de las autoridades que buscan la reelección, sobre todo en alcaldías y prefecturas, a través de eventos e inauguraciones de obras.
- Entrega de dádivas o regalos por parte de todo tipo de candidatos.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, en diálogo con PRIMICIAS aseguró que la campaña electoral se ha desbordado en esos tres ejes de irregularidades, "casi con desvergüenza".
El problema, dice Pita, es que el CNE no puede dirigir todo su contingente y personal al control de la campaña, pues no tiene los recursos para hacerlo y tiene otras actividades de la misma planificación de las elecciones.
Y por otro, hay vacíos legales que -dice- no los dejan actuar, y que deberán cubrirse con nuevas reformas al Código de la Democracia.
Aun así, Pita sostiene que hay expedientes abiertos en las delegaciones. Estas tienen que recabar todas las pruebas para, en el caso de una infracción, presentar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
A esto se le suma la falta de transparencia en la rendición de cuentas de las campañas, no solo de las seccionales sino también del referendo y del Consejo de Participación.
Una campaña muy anticipada
El Código de la Democracia determina que no se puede hacer campaña anticipada. De hecho, si un candidato lo hiciera, podría ser acusado sancionado con una multa de hasta USD 9.000.
Aun así, los candidatos movieron todo tipo de promoción. Yadira Bayas, una candidata a la prefectura de Santo Domingo que no llegó a ser calificada por el CNE, por ejemplo, repavimentó calles de su parroquia como parte de su promoción antes de la campaña.
Además, cientos de vallas fueron colocadas a lo largo de todo el país. El CNE informó del retiro de algunas, pero estas volvían a colocarse constantemente.
Navidad fue una fecha perfecta para la campaña anticipada, en la que los candidatos aprovecharon para hacer regalos.
Dentro de las reglas de la precampaña están, por ejemplo, la prohibición para los candidatos que van para la reelección de participar en eventos de inauguración de obras o que hayan sido financiados con recursos públicos.
Esta prohibición cuenta desde la fecha de inscripción de la candidatura, que para estas elecciones fue en septiembre.
Pero a las autoridades no les importó esta regla. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por ejemplo, entregó mochilas a los estudiantes de la ciudad en diciembre de 2022, después de inscribir su candidatura.
Javier Altamirano, alcalde de Ambato a la reelección, entregó motocicletas para los agentes civiles de tránsito de la ciudad.
Mientras que el prefecto de Los Ríos, Jhony Terán, regaló computadores a los estudiantes de tercer año de bachillerato después de su inscripción como candidato a la reelección.
En ambos casos, las entregas de estos bienes se hicieron dentro de eventos organizados por los respectivos gobiernos autónomos.
Lluvia de dádivas
En redes sociales también se puede ver a los candidatos, sean autoridades a la reelección o no, entregando todo tipo de dádivas, algo que también está prohibido en el Código de la Democracia.
Desde bienes como canastas de alimentos y cilindros de gas, hasta servicios como lavado de ropa o exámenes médicos, los postulantes en las elecciones seccionales hacen regalos a lo largo de todo el país.
Según la ley, a los candidatos solo les está permitido entregar artículos promocionales, como volantes, banderas, camisetas y calendarios:
Ruth Hidalgo, directora de la corporación Participación Ciudadana, que presentó hace pocos días su informe de monitoreo electoral, aseguró que el CNE tiene que investigar de dónde vienen los recursos para estas dádivas.
Y llamó a la Contraloría a indagar en los casos que estos regalos provengan de postulantes a la reelección, que podrían estar usando fondos públicos.
El problema, dice Pita del CNE, es que muchas veces los candidatos se deslindan de estos regalos o de cualquier tipo de publicidad electoral. Y no hay manera de atar los objetos a la campaña electoral y sus cuentas.
Esto sucedió, por ejemplo, cuando el Ministerio de Transporte retiró vallas de la prefecta Susana González colocadas en Guayaquil. González aseguró que las vallas no eran de su campaña, sino colocadas por gente que la apoya.
Para cubrir este vacío, según Pita, debería reformarse el Código de la Democracia, para establecer que los candidatos sean responsables de todo objeto que promueva su candidatura.
Este 30 de enero, el TCE admitió la primera denuncia de esta campaña electoral sobre la entrega de dádivas. Esta fue planteada en contra de Kleber Falcón, alcalde de Yaguachi que busca la reelección por el PSC.
Los representantes de la alianza 33-25-2 lo denunciaron por haber entregado kits alimenticios entre el 13 y el 16 de enero, es decir, cuando ya estaba en campaña electoral y debía estar con licencia.
La falta de transparencia
El Código de la Democracia también estableció que durante la campaña electoral, cada 15 días, los candidatos deben entregar reportes de sus ingresos y gastos. Esto ya se aplicó en las presidenciales de 2021, lo que permitió conocer quiénes aportaron a las campañas de los candidatos en esos comicios.
Para las elecciones seccionales de 2023, los partidos y movimientos políticos debían entregar esta información a las delegaciones provinciales del CNE.
Y las delegaciones implementaron en su página web una pestaña para acceder a los archivos.
PRIMICIAS revisó las páginas de las 24 delegaciones provinciales del CNE.
Unas 20 tienen al menos un reporte; cuatro, en cambio, no tienen ni uno, y no hay una explicación sobre si las organizaciones políticas no han entregado o simplemente no se ha subido. Las que no tienen la información son Guayas, Santo Domingo, Chimborazo y Tungurahua.
Sobre esto, Pita señala que el problema es que, aunque está creada la obligación, no hay una sanción o multa para las organizaciones políticas que no entregan los reportes quincenales.
Además, dentro de las 20 provincias que sí tienen reportes cargados, la información muchas veces está incompleta, con archivos ilegibles, o con declaraciones en cero: como si las campañas no reportaran ingresos ni egresos.
Para la difusión de esta información en futuras elecciones, el CNE tiene previsto crear un sistema contable en línea, que estaría disponible desde 2025.
Nota original publicada el 30 de enero de 2023 y actualizada el 1 de febrero de 2023 con la admisión de la denuncia en Yaguachi, Guayas.
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