Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado, asegura que solo seis de las 22 bandas declaradas terroristas representan una amenaza grave. Además, analiza las complejas dinámicas criminales y la influencia cambiante de Los Choneros y Los Lobos.
En medio de la tensión por la declaratoria de conflicto armado interno contra 22 bandas terroristas, se abre la posibilidad de acuerdos y alianzas incluso entre grupos enemigos para mitigar los impactos en las economías ilícitas o tomar revancha contra la Fuerza Pública.
Ese es parte del análisis que realiza Renato Rivera, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado del Ecuador (OECO), adjunto a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, quien evalúa el estado de excepción instaurado el 9 de enero y la guerra contra las bandas.
En entrevista con PRIMICIAS, el catedrático e investigador del crimen organizado e inteligencia estratégica destaca la importancia de enfrentar el lavado de activos como una forma de afectar integralmente a estas organizaciones.
Rivera aborda el papel que jugará la redistribución de presos en las cárceles en la consolidación del poder y en el reacomodo de fuerzas de estos grupos.
Además, analiza las complejas dinámicas criminales, la influencia cambiante de las bandas predominantes -Los Choneros y Los Lobos-, la disolución de alianzas anteriores o la incertidumbre sobre un nuevo liderazgo en ascenso.
Tenemos 22 grupos terroristas, ¿se justifica esa cantidad?
Algunas de estas organizaciones declaradas terroristas me llamaron la atención. El justificativo del Ejecutivo para la declaratoria es el conflicto armado, uno de los indicadores para calificar la categoría de grupo armado es que tenga un considerable control territorial.
El Cuartel de las Feas, por ejemplo, uno de los 22 grupos terroristas, ¿tendrá realmente control territorial más allá de un barrio en el sur de Guayaquil, donde opera como pandilla?
Muchas de estas 22 organizaciones declaradas terroristas trabajan en realidad para bandas más grandes, como Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Choneros.
De allí surge la pregunta de si realmente se realizó una radiografía a profundidad de esas 22 bandas para declararlas como terroristas dentro de un conflicto armado.
¿Hay grupos que tienen incidencia en zonas muy pequeñas?
Exactamente, tienen influencia en barrios, por ejemplo. Aquí entra la discusión en torno a las pandillas dedicadas a delitos menores, al robo de personas y de vehículos, al microtráfico y probablemente a extorsiones como oportunidad de negocio criminal.
Pero no creo que las 22 organizaciones sean realmente terroristas. Al menos en los ejercicios que hemos hecho en los talleres y el trabajo de campo con el Observatorio, no ha salido el nombre de estas organizaciones pequeñas, sino especialmente de las grandes.
¿El que mucho abarca poco aprieta?
Así es. De los más de 3.000 detenidos que llevamos en el estado de excepción, a quienes se ha podido identificar una posible vinculación con grupos criminales, casi todos responden a Lobos, Tiguerones y Choneros.
Militares pintan sobre los murales de Los Tiguerones en la cárcel de Esmeraldas, el 14 de septiembre de 2023. Fuerzas Armadas.
¿Cuántos son los grupos que suponen una amenaza grave?
Son seis las organizaciones que representan una amenaza terrorista. Ahí están Lagartos, Choneros (con sus subgrupos), Chone Killers, Latin Kings, Lobos y Tiguerones, que operan en distintas provincias o tienen mucha incidencia en sus sitios de origen.
Nosotros consideramos que seis organizaciones tienen una inserción en el narcotráfico, una presencia significativa en el traslado de la droga.
Tienen conexiones y vínculos con carteles internacionales y de ahí viene mucha de la rentabilidad que obtienen y del poder que han alcanzado en el mercado interno.
¿Es factible ahora una disminución del conflicto entre bandas?
Sin duda. Hay una suerte de acuerdo en el sentido de que las organizaciones van a esperar a que las cosas se enfríen un poco. Y habrá que ver qué pasa en las siguientes semanas, cuál va a ser su respuesta hacia instituciones estatales, sobre todo hacia Policía y Fuerzas Armadas.
Creemos que se están estableciendo alianzas tácticas, a corto plazo, entre organizaciones criminales por un objetivo común: el ataque a la Fuerza Pública.
¿Puede haber una suerte de pacto circunstancial entre bandas enemigas?
Absolutamente. Uno de los objetivos comunes puede ser la venganza o revancha, si se quiere, o la respuesta hacia las instituciones del Estado, especialmente aquellas a cargo del control.
Puede consolidarse un pacto entre organizaciones con un objetivo común, enfrentarse directamente al Estado y a sus instituciones, encarnadas en la Fuerza Pública.
¿Además, tendrán que priorizar cómo afrontar esta nueva realidad?
Sí, hay que tomar en cuenta que el objetivo de las organizaciones criminales es la rentabilidad de mercados como el tráfico de drogas en Ecuador.
Si hay impactos sostenidos al mercado de todas las organizaciones pueden llegar a conversar entre ellas para mitigar las afectaciones.
Allí entran esas alianzas. Y lo que se ha visto en México, Colombia y Centroamérica es que tras una fuerte militarización lo que viene es una reducción inmediata del ciclo de la violencia, porque ya no hay esa necesidad de pelear entre ellos.
Militares realizan una detención en el centro de Guayaquil, en el marco de nuevo estado de excepción y conflicto interno armado. PRIMICIAS
¿Cuáles pasan a ser esas nuevas prioridades?
La experiencia en otros países nos dice que las prioridades cambian y estos grupos suelen pasar a establecer objetivos estratégicos y comienzan a infiltrarse más en instituciones del estado.
Necesitan estos actores corruptos para que no se ataque a sus economías ilícitas o para mitigar los golpes a sus estructuras. Además, se suelen concentrar en colocar unas especie de señuelos en otros lugares.
¿Alianzas más a largo plazo pueden dar paso a un cartel?
Hay que tomar en cuenta lo que ya vivió Ecuador entre 2010 y 2019, más o menos. Y es esa alianza alrededor de Los Choneros. Esa figura de 'Rasquiña' lo que hizo fue generar una especie de control de las organizaciones más pequeñas.
Y lo que vimos a partir de 2020 fue la fragmentación de esa alianza de Los Choneros. De acuerdo a inteligencia de la Policía y Fuerzas Armadas, ciertas organizaciones como Los Tiguerones están retomando una alianza con Los Choneros.
¿Sería una suerte de reunificación de Los Choneros?
Algo similar puede estar pasando también con Chone Killers. Recordemos que Tiguerones y Chone Killers integraron en 2021 una alianza con Los Lobos -enemigos de Los Choneros-, como parte del autodenominado cartel Nueva Generación Ecuador.
La única organización que está confrontando directamente a Los Choneros son Los Lobos, según lo que hemos visto en los últimos meses.
Entonces lo que está por verse es si se van a consolidar las alianzas a partir de una de estas dos grandes organizaciones -Choneros y Lobos- o incluso si estos dos grupos van a generar acuerdos comunes para evitar que se afecte el tráfico de drogas.
¿Alguna de las dos bandas puede tomar el nuevo liderazgo o ambas?
El problema es que Los Choneros habían perdido un poco de fuerza. No se sabe si alias 'Fito' sigue a cargo o si en su ausencia, o por que se encuentra en la clandestinidad tras su fuga, pueda surgir un nuevo liderazgo dentro de la estructura.
Los Lobos han logrado diversificar sus actividades ilícitas y han sabido interpretar el mercado criminal, expandiéndose hacia la minería ilegal.
Entendamos que hay una crisis en torno a la pasta base de cocaína y una sobreoferta de cocaína ha bajado el precio. Sin embargo, el gramo de oro cada vez es más rentable.
Los Lobos incursionaron en la minería ilegal y si logran consolidar ese mercado del oro será más fácil que alcancen una suerte de monopolio del ejercicio criminal en el país, si se quiere ver así.
Solo las minas de Ponce Enríquez (Azuay) les dejan ganancias de USD 3,6 millones mensuales. Los Lobos exigen el 10% del valor de lo extraído a mineros ilegales en Buenos Aires (Imbabura). Eso de lo que sabemos, hay también extorsiones en Zaruma (El Oro), por ejemplo.
¿Cómo evalúa en general el escenario de conflicto armado interno?
La militarización tiende a ser una respuesta ante altos niveles de criminalidad en América Latina.
Lo que vimos fue una evolución de la violencia en la cual la Policía ya no estaba en capacidades de responder.
En ese sentido de ausencia de contención, la respuesta de las Fuerzas Armadas está dando resultados, al menos en la reducción de homicidios, lo cual es positivo; pero el problema es que experiencias anteriores han marcado una evolución de la violencia.
Lo que hemos visto con los 20 decretos de estado de excepción que emitió Guillermo Lasso es que una vez concluidos estos periodos la violencia regresaba con más fuerza, especialmente en zonas como Guayaquil, Durán y Samborondón (Zona 8).
¿Quiere decir que la militarización no es suficiente?
No hemos visto el mismo nivel de reacción del sistema de justicia, una respuesta del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía, pues en las audiencias de flagrancia, de la calificación del delito, muchos detenidos quedan en libertad.
Además, existe una falta de articulación, pues en el momento de llegar a determinar una sentencia condenatoria los procesos también se están cayendo, dejando libres a los aprehendidos tras los meses de prisión preventiva.
¿Qué está faltando para una solución más integral?
Hablamos siempre de la falta de articulación entre Fuerzas Armadas y Policía, me parece adecuado por la presión que genera al conjunto el haberle dado mayores facultades a las Fuerza Armadas, porque está empezando a generar resultados en decomisos.
Aunque también es cierto que la necesidad de generar resultados puede generar falsos positivos; se allanó, por ejemplo, a un supuesto coleccionista de armas en Cumbayá.
Pero no estamos viendo aún un ataque tendiente a la desestructuración de los grupos organizados, sino que las operaciones están más dirigidas a personas, están cayendo muchos detenidos que son los eslabones más débiles. Tampoco se ataca el lavado de activos.
El desafío es enfrentar el lavado de activos y afectar la economía de las bandas. Todavía no se ve una respuesta en ese sentido.
¿Cuál es el principal problema con el lavado de activos?
Como Observatorio acabamos de publicar un informe que analiza el total de los registros judiciales por lavado de activos de 2020 a 2022 y existen dos grandes problemas.
En primer lugar, hay una fuerte necesidad y dependencia del sistema de justicia en la flagrancia (delincuentes sorprendidos o capturados infraganti).
Los casos de lavado de activos no suelen nacer de una investigación patrimonial o profunda, sino que se desprenden de detenciones en flagrancia.
El 60% de los casos que analizamos nace de flagrancia y luego se cae. Tenemos una sentencia condenatoria al año por lavado de activos, una cantidad bajísima versus las 40 de media en Colombia y Perú.
Pero aún más grave es la ausencia del impacto al patrimonio, la falta del comiso. Solo en el 30% de las sentencias condenatorias registrada en firme se generó una confiscación o decomiso de los bienes. Todavía nos falta ver cómo impactar a estas economías criminales.
El Gobierno Nacional dice requerir USD 1.000 millones para movilizar a la Fuerza Pública en la lucha contra el terrorismo. En la foto, un helicóptero sobrevuela el complejo carcelario de Guayaquil. API
¿Las cárceles qué papel juegan en todo esto?
Las cárceles son el epicentro de todo y donde se genera la gobernanza criminal. Y se están produciendo cambios en la estructura del control de los pabellones. Las organizaciones que se queden a cargo de los pabellones de mínima seguridad pueden sacar ventaja de ello.
Las conexiones que se generan al interior de las prisiones, luego tienen repercusiones en las calles.
El gran flujo de privados de libertad que están entrando y que salen de prisión rápidamente -en seis meses cuando se extingue la prisión preventiva- pueden generar conexiones importantes al centro de mando, que funcionan desde las prisiones del país.
¿La redistribución por nivel de peligrosidad no es la única solución?
No por sí sola. El Estado puede terminar facilitando (sin querer) que estas organizaciones obtengan más poder, entonces hay que cortar con el nivel de infiltración y corrupción, porque a través de ello se consolida este poder de las organizaciones dentro de las prisiones.
El factor clave que hace que las organizaciones asciendan y se consoliden es el nivel de corrupción o la infiltración que puedan tener dentro del sistema penitenciario.
Esa caracterización de distribución por tipo de delito y nivel de peligrosidad responde a estándares internacionales, pero así también funcionaba en Ecuador hasta 2019.
Pero eso no eximió el ascenso de Los Choneros e incluso de sus antiguos socios, Los Lobos, que alcanzaron control representativo de pabellones en las principales cárceles.
¿El mezclar miembros de diferentes bandas generará más violencia?
Es un escenario probable, si no se consolidan estas alianzas del crimen organizado de las que hablamos, más a largo plazo.
Pero será importante ver si se producen manifestaciones de violencia en el interior de las cárceles en los próximos meses y quién controla estos pabellones enfrentados.
Así podremos determinar si se mantienen o no estas alianzas tácticas y circunstanciales que se están configurando en estos momentos.
Lo último