La liquidación de empresas públicas se convirtió en una 'misión imposible' para los gobiernos

El Ejecutivo contaba una docena de empresas públicas activas hasta el cierre de 2025. Pero el presidente Daniel Noboa cambió ese escenario: decidió que la polémica Flota Petrolera (Flopec EP) absorba a Astilleros Navales (Astinave EP), decretó la extinción de Santa Bárbara EP y la creación de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL).

Esas tres medidas siguen en proceso y son más largas de lo que pretenden los discursos oficiales. Por ejemplo, aunque la fusión de Astinave y Flopec parecía simple, el nacimiento de la renombrada empresa Ecuador Marítimo (Ecumar EP) empezó con ajustes y retrocesos.

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Además, según el Ejecutivo, existen otras seis empresas públicas nacionales en liquidación y siete más que ya habrían finiquitado sus procesos de cierre. Sin embargo, la evolución de la red empresarial estatal en Ecuador también es más compleja de lo que esas cifras muestran.  

Aunque el Ejecutivo cuente varias empresas como liquidadas, los decretos presidenciales y el silencio administrativo de los gobiernos de turno apuntan a lo contrario.

Las liquidaciones y extinciones 'eternas'

Incluso el correísmo tuvo que aceptar que varias de las empresa que creó (Importadora, Cementera del Ecuador y Enfarma EP) no estaban funcionando y decretar su extinción. Y ese fue el primer capítulo de una serie de problemas legales, políticos y burocráticos para concretar el cierre de las compañías estatales que causaban problemas o sólo generaban pérdidas.

A esto se sumaron los cambios de gobiernos, la contracción de las finanzas públicas, la coyuntura internacional y los objetivos políticos y fiscales de turno. Y las decisiones de liquidar y extinguir empresas públicas resultaron más complejas de lo ofrecido.

Por ejemplo, las liquidaciones de Enfarma y Fabrec, decretadas por Rafael Correa en 2015 y 2016, fueron heredadas por Lenín Moreno, quien decretó su "eliminación", después de que el Ejecutivo no lograba concretar su cierre en mayo 2020.

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En esa primera lista de medidas, para enfrentar la crisis generada por la pandemia de Covid-19 y la caída del precio del petróleo, incluyó a Cementera (ya decretada su primera extinción en 2019) y a los Medios Públicos. Seis años después, según el gobierno de Daniel Noboa, las cuatro empresas están liquidadas. 

Sin embargo, no hay registro alguno de que el acta definitiva se haya firmado realmente. Al contrario, en julio de 2021, Guillermo Lasso amplió el plazo para la liquidación de Enfarma por un año extra. Y, posteriormente, no se supo más de ni de esa empresa ni de Cementera del Ecuador.

Otros casos en los que ha reinado el silencio sobre el estado de empresas en liquidación son: Ecuador Estratégico, Siembra (antes Yachay) y los Centros de Alto Rendimiento. Ninguna de las entidades que debía asumir sus activos o pasivos ha reportado como finiquitados los procesos.

A estas se suman las empresas imposibles de cerrar: Fabrec, Correos, Ferrocarriles, Unidad de Almacenamiento y Medios Públicos.

El caso de Fabrec rompió récords puesto a que hubo tres decretos distintos para ordenar su liquidación, sin éxito. El primero fue de Correa, los otros dos de Moreno. Y posteriormente tanto Lasso como Noboa han tenido que decretar cinco ampliaciones de los plazos para finiquitar el proceso. El último lo extendió tres meses a partir del 1 de julio de 2026.

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Correos del Ecuador ha tenido nueve decretos para intentar finiquitar su existencia, incluyendo una escisión y una transferencia de activos. El último amplía el plazo de liquidación otros 45 días, a partir del 1 de julio. Mientras que Ferrocarriles y la Unidad de Almacenamiento han tenido ocho, los últimos decretos establecen plazos hasta finales de octubre y de septiembre, respectivamente.

Los únicos casos de 'éxito' han sido la aerolínea TAME y la controversial Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). La primera tomó cinco años y tres administraciones. Y la de EMCO, al no ser una empresa ejecutora, se finiquitó en seis meses.

Lo más 'sencillo' son las fusiones por absorción

Después del 'boom' en la creación de este tipo de entidades públicas, tras el cambio de Constitución en 2009, el mismo Rafael Correa empezó a fusionar compañías nuevas y otras ya existentes.

Por ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) absorbió a Telecomunicaciones Móviles SA; la Flota Petrolera (Flopec EP), a Servicios Marítimos (Semalog EP); y la Corporación Eléctrica (Celec EP), a Hidropastaza, Hidroeléctrica del Litoral, Coca Codo Sinclair y la Empresa Eléctrica de Guayaquil.

Correa también fusionó Infraestructuras Pesqueras y Parques Naturales con Inmobiliar y la Zona Especial Eloy Alfaro con Yachay EP. Mientras que de la fusión entre RTVEcuador y El Telégrafo nació Medios Públicos EP. 

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De todas ellas no queda nada, pasivos y activos pasaron a las entidades que las absorbieron o a las nuevas personas jurídicas que se crearon, sin importar si fueron empresas públicas o ministerios, secretarías y otras entidades de menor rango. 

Es algo similar a lo que sucedió posteriormente con la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, decretada por Lenín Moreno, pese a que la operación arrancó con pendientes. Y es lo que se espera que también suceda con la absorsión de Astilleros Navales por parte de Flopec, de la que nació Ecumar, decretada por Daniel Noboa, una vez que se ajustaron sus competencias iniciales.