Estados Unidos marca un primer revés internacional en el prontuario de Rafael Correa

La noticia fue sorpresiva. El 9 de octubre de 2024, Estados Unidos sancionó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por su "implicación en actos significativos de corrupción. Los exfuncionarios ya no pueden ingresar al país norteamericano.

Esta sanción se hizo con base en la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado. Según este cuerpo legal, el Secretario de Estado de Estados Unidos tiene "información fidedigna de que (Correa y Glas) han estado implicados, directa o indirectamente, en corrupción significativa, incluida la corrupción relacionada con la extracción de recursos naturales".

Pese a que Correa tiene una sentencia por sobornos en su contra, un juicio pendiente por secuestro y cerca de 40 investigación abiertas, desde hace seis años, internacionalmente no había tenido problemas judiciales... hasta ahora.

En todos estos años, Correa había utilizado como uno de sus argumentos en contra de sus casos judiciales, que en el extranjero la única sentencia en firme en su contra no había sido avalada. Esta premisa fue repetida por el expresidente luego de conocer la decisión de Estados Unidos.

Pero el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown, ahora asegura que tanto Correa como Glas "abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente de Ecuador aceptando coimas, incluidas contribuciones políticas, a cambio de conceder contratos del Estado".

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Las negativas de Interpol

En julio de 2017, dos meses después de dejar el poder, Rafael Correa viajó a Bélgica, el país natal de su esposa. Desde esa época no ha vuelto a Ecuador: las órdenes de prisión que existen en su contra no se lo han permitido.

Un año después de su viaje, Correa fue vinculado a su primera causa. Se trata del caso Balda, en el que se juzga el secuestro del activista político Fernando Balda, sucedido en Colombia, en 2012. El crimen se habría cometido con fondos públicos, con la anuencia del entonces Mandatario.

La jueza Daniella Camacho dictó orden de prisión preventiva en contra de Correa. Y solicitó a la Interpol que gire una orden de difusión roja para que sea buscado en más de 190 países. Sin embargo, el organismo negó ese pedido. Por esa causa, Correa sigue siendo prófugo, ya que no se juzga en ausencia.

En julio de 2019, en cambio, Rafael Correa fue vinculado al caso Sobornos 2012-2016. En ese proceso, la Fiscalía demostró la existencia de una oficina paralela a la Presidencia de la República, que se dedicó al cobro de sobornos a contratistas del Estado, que sirvieron para financiar las campañas de Alianza PAIS.

Por esa vinculación, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) también pidió a la Interpol la localización y captura de Correa. Pero nuevamente hubo una negativa. Sin embargo, al ser un caso por cohecho, el juicio continuó en ausencia y el expresidente fue condenado a ocho años de cárcel.

En 2021, ya con esa sentencia en firme luego de la apelación y casación, la justicia ecuatoriana insistió con la Interpol para que Correa sea extraditado y cumpla con su pena. Sin embargo, nuevamente hubo un rechazo.

Las tres veces, la Interpol se escudó en  el artículo 3 del estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal. Según ese apartado, la Interpol "está rigurosamente prohibida" de realizar actividades o intervenciones en asuntos políticos, militares, religiosos y raciales.

Por esta razón, Correa siempre defendió que sus casos se trataban de una persecución política. 

Asilos y refugios para los corruptos

Pero, no solo las negativas de Interpol han abonado a la defensa de Correa, en el plano internacional. Además, desde que se ratificó la sentencia del caso Sobornos, varios de los condenados han recibido estatus migratorios favorables de otros países.

El mismo Correa, desde abril de 2022, goza un asilo político concedido por Bélgica, país de su esposa. Esto, sumado a las negativas de la Interpol, han permitido a Correa moverse libremente por el mundo. Especialmente por países como México, Venezuela y Argentina, donde gobiernan sus aliados.

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Pero, además, otros cuatro sentenciados por el caso Sobornos -también miembros del gobierno de la autodenominada revolución ciudadana- han logrado refugiarse en esos mismos países, que aún siguen bajo el régimen del llamado socialismo del Siglo XXI.

Con base en todos estos argumentos, el correísmo ha anunciado varias veces su intención de acudir a instancias internacionales -como el Comité de Derechos Humanos de la ONU- para que se revisen sus sentencias. Sin embargo, tras la decisión de Estados Unidos, ese camino se ve cada vez más lejano.