Asilo a sentenciados por corrupción revive la esperanza correísta

El lío diplomático por el asilo concedido por Argentina a la exministra María de los Ángeles Duarte continúa. El Gobierno de ese país advirtió que "seguirá insistiendo" en esa medida; mientras Ecuador descarta conceder el salvoconducto para que Duarte salga de Ecuador.

Duarte fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Rafael Correa y es una de las 20 figuras sentenciadas en el caso Sobornos 2012-2016.

En este caso, la Fiscalía ecuatoriana demostró la existencia de una organización delictiva que montó una estructura paralela a la Presidencia de la República, desde donde se gestionaban y cobraban sobornos a contratistas del Estado.

Con el dinero obtenido de las "propinas" se financiaron actividades del desaparecido movimiento correísta Alianza PAIS.

El 7 de septiembre de 2020, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó en última instancia la sentencia contra Duarte y otras 19 personas.

En la lista figuran el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de alto nivel, como Walter Solís, Vinicio Alvarado y Alexis Mera.

Un mes antes de que la sentencia fuera definitiva, en agosto de 2020, Duarte ingresó a la Embajada de Argentina en Quito y no ha salido. Ahora intenta salir del país, amparada en la figura del asilo.

Duarte no es la única condenada por el caso Sobornos que ha logrado protección internacional. También lo consiguieron el propio Correa y Solís, en Bélgica y México, respectivamente.

'El camino de Lula'

Estos asilos han traído un nuevo aliento para las aspiraciones correístas de dar de baja la sentencia del Caso Sobornos.

Por ese caso, Correa y los demás condenados perdieron sus derechos políticos de por vida. Es decir, no pueden volver a ser candidatos a ninguna dignidad, ostentar cargos públicos, ni ser contratistas del Estado.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha y una de las principales dirigentes del correísmo, dijo en una entrevista con radio Sonorama que estos asilos "dan cuenta de que hay un reconocimiento internacional de que esos procesos fueron al margen de la ley y no han cumplido el debido proceso".

Por esta razón, Pabón anunció que presentarán el caso ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) buscando una declaratoria de violación de los derechos de los sentenciados.

Según Pabón, es el mismo camino que tomó Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente electo de Brasil.

En 2017, un juez condenó a Lula a nueve años de prisión por su presunta participación en dos casos de corrupción. Y, posteriormente, un tribunal extendió la pena a doce años.

Sin embargo, la condena fue anulada en 2021 por el Tribunal Supremo de Brasil y, en abril de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que Lula fue víctima de violación a su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.

El antecedente es el caso Isaías

Juan Pablo Albán, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, explicó a PRIMICIAS que tanto Correa como Duarte y los demás sentenciados pueden presentar su caso ante la ONU.

Solo mencionó dos requisitos:

• Que se hayan agotado todas las instancias internas.
• Que no haya pasado más de un año desde la notificación de la sentencia del último recurso interno. Es decir, las acciones ante la Corte Constitucional.

Aunque advierte que la presentación del caso no garantiza que el Comité falle a favor de los sentenciados, Albán reconoce que la concesión de asilos por parte de otros países sí podría ser un argumento importante para demostrar que el caso es presuntamente político.

A esto, dice el abogado, se le sumarían las reiteradas negativas de la Interpol para girar órdenes de difusión roja en contra de los sentenciados.

En el eventual caso de que el Comité diera la razón a Correa y sus coidearios, explica Albán, lo que podría pasar es que se ordene que todo el proceso, desde la etapa de investigación, se repita.

Y menciona un caso reciente como antecedente para Ecuador. El Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió violaciones en contra de los hermanos Roberto y William Isaías en el proceso de incautación de sus bienes, luego del feriado bancario.

Ahora, la justicia ecuatoriana tendrá que repetir el proceso. Pero, mientras tanto, los hermanos también ya han iniciado causas para recuperar sus bienes.

Recursos ante la Corte Constitucional

Para que el caso Sobornos pueda ser llevado ante el Comité de Derechos de la ONU, primero, deben terminarse todas las instancias en la justicia ecuatoriana.

La casación, que se sentenció en septiembre de 2022, es la última instancia en la justicia ordinaria. Sin embargo, los sentenciados aún pueden presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte constitucional (CC) como un recurso adicional.

Según el registro público de la CC, cuatro acciones extraordinarias de protección se presentaron a raíz de la sentencia del caso Sobornos.

• Causa 1903-20-EP: interpuesta por 18 de los 20 sentenciados. Y admitida a trámite solo para los empresarios Rafael Córdova y Bolívar Sánchez. El último escrito presentado en el proceso fue el 29 de marzo de 2022. Rafael Córdova, uno de los empresarios sentenciados, solicitó el trámite prioritario de la causa.
• Causa 2067-22-EP: Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, presentó una acción de protección el 8 de agosto de 2022. El proceso fue inadmitido el 11 de noviembre de 2022.
• Causa 246-21-EP: la presentó Rafael Correa, el 19 de enero de 2021. Y fue inadmitida tres meses después.
• Causa 368-21-EP: lo presentó Alberto Hidalgo, otro de los empresarios sentenciados, en febrero de 2021. También fue inadmitido.

Es decir, solo la causa 1903-20-EP sigue abierta y pendiente de resolución para Córdova y Sánchez.