Posesión presidencial: Estos son los cinco eventos que marcaron el periodo inicial de Daniel Noboa en Carondelet

La relación entre Daniel Noboa y su primera compañera de fórmula, Verónica Abad, se deterioró desde la segunda vuelta de 2023. Sin embargo, una vez en el poder, se inició una pugna legal y administrativa que se arrastró durante este corto periodo.

Para mantener lejos a Abad, Noboa decretó que su función sería colaborar en la búsqueda de la paz en una guerra ajena y lejana a Ecuador, que nadie ha logrado detener: el conflicto entre Israel y Palestina. El Gobierno la declaró como su enemiga y abrió varios frentes para removerla del puesto.

La canciller Gabriela Sommerfeld le prohibió dar declaraciones públicas. Le quitaron su equipo de trabajo, redujeron su equipo de seguridad, no le permitieron volver a ingresar a la Vicepresidencia e intentaron desmantelar la institución.

La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sancionó a Abad administrativamente para evitar que ejerza el cargo durante 150 días. La decisión fue echada abajo por la justicia ordinaria y por la Corte Constitucional.

Noboa después la envió a Turquía, ignorando los plazos que se otorgan a los diplomáticos para trasladarse a otro país, al igual que lo hizo con la designación en Israel. Pero tampoco logró deshacerse de ella.

La canciller Sommerfeld hizo lo suyo con una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, por haber supuestamente ejercido violencia de género en su contra. Y, finalmente, en esa arena Abad perdió sus derechos políticos, lo que la inhabilitó para ejercer su cargo, justo antes de la campaña para la reelección de Noboa.

Las imágenes del ataque al canal TC Televisión, el 9 de enero de 2024, dieron la vuelta al mundo y mostraron la crisis de seguridad sin precedentes que atraviesa Ecuador por el enfrentamiento entre las bandas criminales ligadas al narcotráfico. 

Ese día se orquestaron ataques en diferentes provincias, con explosivos, incendios de vehículos y secuestros de policías: Esmeraldas, Pichincha, Azuay, El Oro, Los Ríos, Loja, Chimborazo y Guayas. Fueron horas de caos y terror en varias ciudades, que colapsaron la circulación y el transporte público y pusieron en duda la seguridad de la infraestructura estratégica del país.

Esto hizo que el presidente Noboa firmara un decreto ejecutivo para reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Por ello, dispuso la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas, para apoyar a la Policía.

Esto dio pie a la militarización de las cárceles, miles de detenciones de supuestos terroristas y una redirección de la propaganda gubernamental en torno a la ‘guerra’ interna que vive Ecuador. En este Noboa tramitó una reforma económica urgente que elevó el IVA del 12% al 14%, para financiarla.

Además, desde entonces el Gobierno ha intentado seguir justificando legalmente sus estados de excepción con el argumento de dicho conflicto, sin embargo, la Corte Constitucional no volvió a reconocer ese escenario y llamó la atención a Noboa por la falta de medidas ordinarias que apunten a resolver las raíces de la violencia y la expansión del crimen organizado.

Ecuador y México llevan poco más de un año de relaciones rotas, tras el asalto policial a la embajada mexicana en Quito. Ese hecho ocurrió luego de una orden dispuesta por el presidente Daniel Noboa para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que enfrenta un nuevo juicio por corrupción.

Glas fue detenido la noche del 5 de abril de 2024 dentro de la sede diplomática, horas después de que el exvicepresidente recibiera asilo por parte del Gobierno mexicano, al declararse perseguido político frente a las condenas y casos de corrupción que acumula en Ecuador desde 2017.

Esto le costó a Ecuador la condena de la comunidad internacional y dejó al Primer Mandatario sin aliados en el exterior. Esto se reflejó en el fracaso de la Cumbre Iberoamericana organizada por el Gobierno en Cuenca, a donde no asistió ningún mandatario de la región.

Además, el país enfrenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que inició un proceso entre ambos países.

Para los ecuatorianos, 2024 cerró con severos cortes de luz programados de hasta 14 horas, cinco apagones nacionales, desconexiones recurrentes en varias zonas del país y la promesa del Gobierno de poner fin a este problema.

El impacto económico de los cortes de luz dejó las afectaciones de entre el 1% y el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB), que equivale a un monto de entre USD 1.188 millones y USD 1.782,6 millones, si se toma en cuenta el PIB de Ecuador en 2023.

Se calcula que los apagones que se aplicaron durante ese año, debido al estiaje y a la falta de inversión en el sector eléctrico, mantuvieron a oscuras a Ecuador por un tiempo global que equivale a 28 días.

Para hacer frente a ese escenario, el Gobierno lanzó rondas de contratación para comprar y alquilar 1.189 megavatios en nueva generación eléctrica en 2024. 

Sin embargo, de esos contratos, hasta finales de 2024 se concretó solo la instalación y operación de 100 megavatios (MW) adicionales a través una barcaza alquilada a la empresa turca Karpowership. Y se esperaba que otra barcaza de esa misma empresa entregue otros 100 MW antes de finalizar 2024.

Es decir, por ahora, Ecuador sigue dependiendo de las lluvias para el abastecimiento de la demanda eléctrica.

Y si no se concretan las contrataciones que quedaron pendientes en 2024 y las nuevas que deben darse este año, el escenario seguirá siendo de gran incertidumbre, con un alto riesgo de registrar nuevamente apagones programados.

La desaparición y asesinato de Josué, Ismael, Steven y Saúl, los cuatro niños originarios de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, conmocionó a todo el país y dejó en evidencia una serie de posibles irregularidades en los procedimientos adoptados tras su captura por parte de personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Incluso la CIDH condenó lo que llamó "desaparición y posterior asesinato e incineración de los cuerpos del niño Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, en Guayaquil".

Sin embargo, el Gobierno nunca supo cómo manejar el caso. Inicialmente, intentaron responsabilizar a los niños y acusarlos de presuntos delincuentes.

Después, los ministerios de Defensa y del Interior pidieron a un tribunal que revoque la sentencia con la que una jueza declaró como forzada y bajo responsabilidad del Estado la desaparición de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil.

Mientras tanto, las investigaciones han ido develando detalles macabros de la actuación de los 16 uniformados procesados por la desaparición forzada de los cuatro menores.

Esa es una de las 35 presuntas desapariciones forzadas que la Defensoría del Pueblo ha registrado desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno. Los casos apuntan a supuestos abusos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y están en investigación también en la Fiscalía.