El aumento de la violencia y la informalidad laboral impactan negativamente en los salarios
Un estudio muestra una correlación negativa significativa entre los niveles de criminalidad y los ingresos laborales, fenómeno que se agudiza en contextos de alta informalidad.
Dos mujeres mayores venden ropa bordada en la calle, reflejando el trabajo informal.
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Ecuador atraviesa una encrucijada socioeconómica. Mientras los índices de criminalidad se han multiplicado exponencialmente en la última década, los salarios reales se mantienen estancados y la informalidad laboral persiste como característica estructural para más de la mitad de la población ocupada.
Este artículo analiza cómo estos fenómenos interrelacionados configuran un panorama laboral adverso que afecta particularmente a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, basado en el estudio de Christian Cumbal titulado “Impacto de la delincuencia e informalidad en la prima salarial del Ecuador”. Según esta investigación, existe una correlación negativa significativa entre los niveles de criminalidad y los ingresos laborales, fenómeno que se agudiza en contextos de alta informalidad. Los datos oficiales del periodo 2023-2025 confirman estas hipótesis con cifras que demandan atención urgente.
La explosión de la violencia
La evolución de los homicidios intencionales en Ecuador representa uno de los deterioros más dramáticos en seguridad ciudadana de América Latina. Según el Ministerio del Interior, en 2014, el país registró 1.310 homicidios intencionales, una cifra que, aunque preocupante, mantenía al Ecuador en niveles relativamente manejables comparados con otros países de la región (Gráfico 1).
El año 2023 marcó el pico de esta crisis, con 8.248 homicidios intencionales, un incremento del 529% respecto a 2014 que convirtió a Ecuador en uno de los países más violentos de la región. El año 2024 cerró con 7.063 casos, representando una reducción del 14% respecto al año anterior. Sin embargo, el análisis más detallado revela una realidad preocupante: hasta septiembre de 2024 se habían registrado 4.985 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra alcanzó 6.797 casos. Esto significa un incremento del 36% en la violencia homicida en el mismo periodo del año anterior, incluso supera al año más violento (2023) que registró 5.893 homicidios hasta septiembre, lo que contradice la narrativa de mejora sostenida y evidencia que la crisis de seguridad se mantiene fuera de control.
La informalidad persistente
El análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) entre enero de 2023 y septiembre de 2025 revela una realidad laboral preocupante que se ha mantenido estructuralmente estable: la informalidad afecta consistentemente a más del 50% de la población ocupada del país (Gráfico 2).
Durante todo el periodo analizado, el sector informal nunca descendió del 51,3% de la población ocupada. Las cifras más altas se registraron en diciembre de 2024, cuando la informalidad alcanzó el 58%, coincidiendo con el punto más bajo del empleo formal en todo el periodo: 38,4%.
Como señalan Alessia Matano, Moisés Obaco y Vicente Royuela en su estudio titulado “¿Cuáles son los factores que impulsan la prima salarial espacial para los mercados laborales formales e informales?”, la informalidad genera un mercado dual, donde los trabajadores informales operan con costos más bajos al no pagar impuestos ni brindar prestaciones sociales, pero a cambio carecen de protección social, estabilidad laboral y acceso a créditos formales. Este sector paralelo no solo afecta a quienes trabajan en él, sino que presiona a la baja los salarios del sector formal mediante competencia desleal.
El sector formal, por su parte, ha oscilado entre un mínimo de 38,4% (diciembre 2024) y un máximo de 44,5% (julio 2025), evidenciando una relativa estabilidad en torno al 42% promedio. Estos porcentajes muestran que menos de la mitad de la población ocupada accede a empleos con seguridad social, contratos formales y protección laboral. Los meses con mejor desempeño del sector formal fueron mayo y julio de 2025, con 44,2% y 44,5%, respectivamente.
Jhon Harris, en su investigación titulada “The messy reality of agglomeration economies in urban informality: Evidence from Nairobi’s handicraft industry” documenta cómo la concentración de trabajadores informales en áreas urbanas dificulta su acceso a proveedores, clientes y oportunidades comerciales formales, reduciendo su productividad y, consecuentemente, sus ingresos. Este fenómeno se replica en las ciudades ecuatorianas, donde la informalidad no genera las economías de aglomeración que beneficiarían a una economía formal más desarrollada, perpetuando un círculo de baja productividad y bajos ingresos.
Estancamiento salarial y brecha de género
Los ingresos laborales promedio mensuales entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 muestran una volatilidad significativa sin mejoras sostenidas en el poder adquisitivo (Gráfico 3).
El ingreso promedio total fluctuó entre USD 436,5 (diciembre 2024) y USD 614,1 (enero 2025), con la mayoría de meses oscilando alrededor de USD 460 – USD 470. Los datos revelan picos atípicos en enero de ambos años analizados: USD 585,4 en enero 2024 y USD 614,1 en enero 2025, posiblemente asociados a pagos de décimo tercero o bonificaciones de fin de año que distorsionan el panorama real de ingresos mensuales regulares.
Excluyendo estos meses atípicos, el ingreso promedio se mantiene estable alrededor de USD 455 mensuales. Considerando que el salario básico unificado fue de USD 460 en 2024 y USD 470 en 2025, estas cifras evidencian que un porcentaje significativo de trabajadores ecuatorianos gana por debajo del mínimo legal, reflejo directo del predominio de empleos informales, parciales y precarios.
La brecha salarial de género es persistente y dramática a lo largo de todo el periodo analizado. Las mujeres consistentemente ganaron entre USD 60 y USD 160 menos que los hombres mensualmente. El ingreso masculino promedió aproximadamente USD 500 mientras el femenino se mantuvo alrededor de USD 420, representando una brecha cercana al 16%.
Los meses con mayor desigualdad fueron enero de 2024, con hombres ganando USD 611,2 y mujeres USD 541,8 (diferencia de USD 69,4 o 11,4%), y octubre de 2024, cuando los hombres percibieron USD 468,3 y las mujeres apenas USD 390,5 (diferencia de USD 77,8 o 16,6%). El mes con menor brecha absoluta fue diciembre de 2024: hombres USD 457,5 y mujeres USD 400 (diferencia de USD 57,5 o 12,6%).
Sin embargo, incluso en enero de 2025, cuando ambos géneros registraron sus ingresos más altos del periodo (USD 634 hombres y USD 578,7 mujeres), la brecha alcanzó USD 55,3 (8,7%). En el resto de meses de 2025, la disparidad se mantiene entre USD 50 y USD 90 mensuales, evidenciando que la desigualdad salarial persiste independientemente del nivel general de ingresos.
El estudio de Cumbal, encontró que las mujeres ganan 1,87% menos que los hombres al comparar por variables como educación, experiencia y sector de empleo. Sin embargo, las diferencias absolutas observadas en estos datos alcanzan entre 12% y 16%, sugiriendo que gran parte de la desigualdad se explica por segregación ocupacional, menor acceso a empleos formales y concentración femenina en sectores de baja remuneración.
Cuando la inseguridad devora los salarios
La correlación entre el aumento exponencial de la violencia y el estancamiento salarial no es coincidencial sino causal. El trabajo de Cumbal, demuestra empíricamente que la tasa de robos por cada 1.000 habitantes tiene un efecto negativo y significativo en el salario real por hora en todos los modelos econométricos analizados. Específicamente, cuando la tasa de robos aumenta en una unidad, el salario real por hora disminuye en aproximadamente 1,39%, manteniendo constantes otras variables.
Este impacto es diferencial según el nivel de ingresos de los trabajadores. Para analizar esto, el estudio utiliza regresiones cuantílicas, una técnica estadística que permite examinar cómo un mismo fenómeno afecta a los trabajadores en distintas posiciones de la distribución salarial. Los cuantiles dividen a la población en grupos según su nivel de ingreso: siendo el cuantil 0,10 el que representa al 10% de los trabajadores con salarios más bajos, el cuantil 0,25 al 25% con menores ingresos, el 0,50 corresponde al 50% y el 0,75 representa al 75% de la distribución, incluye trabajadores con salarios medio - altos y altos.
Las regresiones cuantílicas realizadas revelan que ante el aumento de un robo por cada 1.000 habitantes, hay una disminución del 1,08%, 1,52%, 1,73% y 2,12% en el salario real por hora para los cuantiles 0,10; 0,25; 0,50 y 0,75, respectivamente. Esto significa que paradójicamente, los trabajadores con mayores ingresos son los más afectados por el aumento de la criminalidad, posiblemente porque tienen más que perder y las empresas donde laboran enfrentan mayores costos de seguridad.
¿Por qué la delincuencia reduce los salarios?
Los mecanismos son múltiples y se retroalimentan. Carl Gaigné y Yves Zenou en su artículo titulado “Agglomeration, city size and crime” documentan que la violencia reduce la productividad al afectar la moral de los trabajadores, aumentar el ausentismo y generar costos adicionales de seguridad que las empresas no pueden trasladar completamente a los precios. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo añade que la violencia comunitaria disuade a los trabajadores de desplazarse a sus lugares de trabajo, especialmente en horarios nocturnos o vespertinos, aumentando costos de transporte y reduciendo las horas laborales disponibles.
En el contexto ecuatoriano, donde los homicidios intencionales se multiplicaron por seis entre 2014 y 2023, estos efectos se amplifican dramáticamente. Según Cumbal, el crimen organizado tiene un efecto negativo significativo en el crecimiento de la productividad empresarial, aumentando el costo de hacer negocios a través de extorsiones, robos a empresas, pérdida de mercancías y necesidad de invertir en seguridad privada, lo que inevitablemente se traduce en menores salarios o menor generación de empleo formal.
La situación varía significativamente según el tamaño de las ciudades. En ciudades de provincias grandes (Guayas, Manabí, Los Ríos), el aumento de un punto en la tasa de robos genera una disminución del 19,4% en los salarios, y es el impacto más severo. En contraste, en las metrópolis (Quito y Guayaquil) y ciudades medianas, un aumento en los robos puede paradójicamente asociarse con aumentos salariales del 1,06% y 3,96% respectivamente, según explica Cumbal.
Esta aparente contradicción se explica porque en las metrópolis más grandes, las empresas pueden ofrecer “primas de riesgo” o compensaciones salariales para atraer trabajadores calificados a pesar del entorno inseguro, estrategia viable solo en mercados laborales más sofisticados y con empresas de mayor capacidad financiera. Sin embargo, este mecanismo compensatorio no anula el efecto negativo general de la criminalidad sobre la economía urbana y el bienestar social.
Informalidad y salarios: el círculo vicioso de la precariedad estructural
La tasa de informalidad muestra una relación aún más pronunciada con los salarios. Según Cumbal, cuando la tasa de informalidad aumenta en un punto porcentual, el salario real por hora disminuye en aproximadamente 41,35%. Este impacto dramático refleja las profundas distorsiones que la informalidad genera en el mercado laboral ecuatoriano, convirtiéndola en uno de los determinantes más poderosos de la pobreza laboral.
El análisis por cuantiles revela que la informalidad afecta de manera diferencial pero universalmente negativa: genera disminuciones del 47,2%, 54,5%, 46,8% y 39,8% en el salario real por hora para los cuantiles 0,10; 0,25; 0,50 y 0,75 respectivamente. A diferencia de los robos, la informalidad afecta más severamente a los trabajadores de ingresos medios – bajos (cuantil 0,25) que a los de ingresos altos, evidenciando que quienes tienen menos recursos educativos y sociales son los más vulnerables a la trampa de la informalidad.
Harris explica que los trabajadores informales operan con costos más bajos porque no pagan impuestos, no brindan prestaciones sociales ni cumplen regulaciones laborales y de seguridad. Esto les permite ofrecer bienes y servicios a precios más bajos, presionando a las empresas formales a reducir costos para competir, incluyendo salarios.
En Ecuador, donde la informalidad afecta consistentemente a más del 50% de la población ocupada, este fenómeno genera un equilibrio perverso de bajo nivel: la mayoría de trabajadores opera en condiciones precarias, sin acceso a seguridad social ni protección laboral, aceptando salarios deprimidos porque las alternativas formales son escasas o inaccesibles debido a requisitos de calificación.
La evidencia presentada dibuja un panorama preocupante pero claro, Ecuador enfrenta una crisis multidimensional donde la violencia explosiva y la informalidad estructural convergen para deprimir sistemáticamente los salarios y la calidad del empleo. Con homicidios que se multiplicaron por seis en una década, informalidad que supera persistentemente el 50%, salarios estancados significativamente por debajo del mínimo legal y brechas de género del 27%, el país se encuentra atrapado en un equilibrio de bajo desarrollo que requiere intervenciones urgentes, coordinadas y estructurales.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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