Ecuador está a punto de perder su bono demográfico por un mercado laboral en crisis
Ecuador atraviesa los últimos años de su bono demográfico con solo cinco años restantes, hasta 2030, mientras enfrenta un mercado laboral deteriorado que limita su aprovechamiento. Las recientes reformas a la Ley de Seguridad Social buscan modernizar el sistema previsional, pero llegan en un momento crítico y con un envejecimiento poblacional acelerado.
El bono demográfico de Ecuador se desperdicia mientras uno de cada cinco trabajadores está subempleado.
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Ecuador transita actualmente por la segunda fase del bono demográfico, el período más favorable para el crecimiento económico según los parámetros internacionales. Según Diego Cárdenas, en su tesis titulada “Análisis del bono demográfico en Ecuador desde la perspectiva del mercado laboral, periodo 2012-2022”, esta ventana de oportunidad comenzó en 2001 y culminará en 2030, cuando la tasa de dependencia que mide proporción de personas económicamente dependientes (menores de 15 años y mayores de 65 años) alcance su valor mínimo de 48,3 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar
Cuenta regresiva hacia el 2030: un momento decisivo para aprovecharlo
La investigación establece tres fases claramente diferenciadas del bono demográfico ecuatoriano. La Fase I se extendió desde 1963 hasta 2001, período durante el cual la tasa de dependencia descendió progresivamente desde 96,2 hasta 66,6 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Esta etapa preparatoria duró 38 años y sentó las bases para el momento más favorable convirtiendo la década actual en crítica para el aprovechamiento de esta oportunidad única.
La Fase II, iniciada en 2001 y que culminará en 2030, representa el “pleno bono demográfico”. Durante estos 29 años, la tasa de dependencia se mantiene por debajo de dos tercios hasta alcanzar su valor mínimo histórico de 48,3 en 2030. Cárdenas explica que para el año 2022, apenas restaban ocho años de pleno bono demográfico.
La Fase III comenzará en 2030 y se extenderá hasta 2067, marcando el fin del bono demográfico cuando la tasa de dependencia regrese al valor de 66,6. Durante estos 37 años, “progresivamente las personas dependientes crecen en proporción por cada año que pase”, advierte la investigación.
El fenómeno de bono demográfico se caracteriza por una estructura poblacional donde predominan las personas en edad productiva (15-64 años), quienes actualmente representan el 63,81% de la población total, una cifra significativamente superior al 52,15% registrado en 1950. La transición demográfica ecuatoriana muestra indicadores claros: la tasa global de fecundidad alcanzó un 1,86 hijos por mujer en 2022 mientras que la tasa de reemplazo fue de 2,1 hijos por mujer y la esperanza de vida alcanzó los 77,9 años.
Ecuatorianos listos para trabajar, pero sin trabajo digno
El análisis de la evolución del empleo adecuado revela una tendencia alarmante. Los datos oficiales muestran un deterioro sostenido: de 40,2% en 2018, la tasa de empleo adecuado cayó drásticamente a 32,5% en 2021, recuperándose parcialmente a 36,3% en 2023 y estabilizándose en 35,9% en 2024 (Gráfico 1).
Esta contracción del empleo de calidad ocurre precisamente en el mejor momento del bono demográfico, evidenciando una desconexión crítica entre la oportunidad demográfica y la realidad laboral. Cárdenas documenta que “el empleo inadecuado ha ido ganando espacio progresivamente en el período 2012-2022, mientras que el pleno empleo se reduce”.
El subempleo emerge como el componente más problemático del empleo inadecuado, duplicándose de 9,01% en 2012 a 18,2% en 2022 y alcanzando 21% en 2024. Esta categoría, que incluye trabajadores con insuficiencia de ingresos o tiempo de trabajo, afecta particularmente a los adultos jóvenes, precisamente el grupo demográfico que debería protagonizar el aprovechamiento del bono.
Brecha de género: el crecimiento pierde fuerza sin ellas
La participación laboral femenina constituye uno de los principales cuellos de botella para materializar el bono demográfico. Las estadísticas revelan una brecha persistente: la diferencia promedio en la Tasa de Participación Global entre hombres y mujeres alcanza 26,36 puntos porcentuales durante el período analizado por Cárdenas.
Esta exclusión limita significativamente el potencial del “bono de género”, concepto que describe el incremento productivo resultante de la incorporación plena de las mujeres al mercado laboral. Cárdenas señala que “la menor participación de las mujeres en el mercado laboral disminuye el potencial del bono de género, a su vez que deteriora el propio bono demográfico”.
En el empleo adecuado, las disparidades son igualmente preocupantes. La brecha entre hombres y mujeres se maximizó en 2017 con 17,13 puntos porcentuales, manteniéndose en niveles críticos. El trabajo no remunerado presenta las mayores distancias: las mujeres dedican más de 18 horas semanales a estas actividades versus seis horas de los hombres, según datos referenciados en la investigación.
Cárdenas sostiene que durante el bono demográfico, “una caída en la tasa de natalidad les permite a las mujeres dedicar su tiempo a otras actividades más convenientes desde el punto de vista económico”. Sin embargo, en Ecuador este mecanismo no está funcionando, por el contrario, se sigue perpetuando la subutilización del capital humano femenino.
Reformas sin resultados: promesas que no llegan al empleo pleno
La Ley de Seguridad Social ecuatoriana establece un marco teórico robusto para la protección laboral. Su artículo 1 define principios rectores como solidaridad, universalidad y eficiencia para el “seguro universal obligatorio”. Sin embargo, la realidad dista considerablemente de estos postulados.
El artículo 2 de la ley identifica como “sujetos obligados a solicitar la protección” a trabajadores en relación de dependencia, autónomos, profesionales independientes y personas que realizan trabajo del hogar no remunerado. No obstante, la implementación práctica de estas disposiciones enfrenta obstáculos sistemáticos.
El concepto de “seguro universal obligatorio” contemplado en la legislación contrasta dramáticamente con las estadísticas de empleo inadecuado. El artículo 3 establece que este seguro debe proteger en casos de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, vejez, muerte, invalidez y cesantía. Sin embargo, más del 60% de los trabajadores ecuatorianos no acceden a un empleo que garantice estas protecciones integralmente.
La reforma más reciente de la ley, implementada en julio de 2024, mantiene la denominación de “seguro universal obligatorio de sus afiliados”, aparentemente buscando ampliar la cobertura. No obstante, esta modificación terminológica no ha logrado resolver las barreras estructurales que impiden la materialización de la universalidad proclamada durante el momento más favorable del bono demográfico.
El artículo 73 establece que “el empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador como afiliado del seguro universal obligatorio desde el primer día de labor”. Esta disposición enfrenta serios problemas de cumplimiento en un contexto donde el sector informal representa el 52,4% del empleo total, según datos del INEC de 2024.
Las matrices de transición laboral documentadas por Cárdenas revelan un deterioro progresivo que contradice los objetivos legislativos: “Cada vez es más improbable mantener un empleo pleno y más probable permanecer en alguna forma de empleo inadecuado”. La probabilidad de migrar desde el subempleo hacia el empleo adecuado cayó dramáticamente de 27,8% en 2011-2012 a apenas 16,0% en 2018-2019.
La desigualdad no es algo nuevo, pero sí es urgente
El mercado laboral ecuatoriano refleja las características de heterogeneidad estructural típicas de América Latina. Coexisten sectores modernos con alta productividad junto a amplias franjas de actividad económica de baja productividad, incapaces de absorber la creciente oferta laboral.
Esta dualidad se acentúa durante períodos de crisis económica. Los datos muestran contracciones severas del empleo adecuado en 2016 (recesión por caída del petróleo y terremoto) y 2019-2020 (pandemia COVID-19). En ambos casos, el empleo inadecuado funcionó como refugio para trabajadores expulsados del sector formal.
La productividad laboral, factor clave para el aprovechamiento del bono demográfico, mostró tasas de crecimiento negativas en siete de los diez períodos analizados por Cárdenas, con un promedio anual de -1,33%. Este comportamiento explica parcialmente por qué el favorable contexto demográfico no se traduce en crecimiento económico sostenido.
La última curva del bono demográfico
La ventana del bono demográfico ecuatoriano se cerrará en 2030, iniciando una tercera fase donde la tasa de dependencia volverá a crecer hasta 2067. Este cronograma convierte la próxima década en crítica para implementar políticas que reviertan las tendencias negativas del mercado laboral.
Los desafíos son múltiples y urgentes. Primero, la necesidad de crear empleos de calidad que absorban productivamente la fuerza laboral disponible. Segundo, eliminar las barreras que limitan la participación femenina. Tercero, mejorar la productividad mediante inversión en capital humano y físico.
La reciente reforma a la Ley de Seguridad Social de julio de 2024 llega paradójicamente cuando el bono demográfico está en sus últimos años, evidenciando una descoordinación temporal crítica en la política pública ecuatoriana.
Las proyecciones demográficas indican que el crecimiento poblacional se mantendrá positivo hasta 2070, cuando las tasas de natalidad y mortalidad se intersectarán. Esta dinámica ofrece una última oportunidad para corregir el rumbo y aprovechar los años restantes del dividendo demográfico (Gráfico 2).
La evidencia presentada por Cárdenas es concluyente: “Las condiciones en el mercado laboral ecuatoriano están frenando el aprovechamiento del bono demográfico”. Su metodología de descomposición del PIB per cápita revela que mientras el factor demográfico contribuye positivamente al crecimiento económico, la baja productividad laboral anula estos beneficios.
El mensaje es inequívoco: el bono demográfico ecuatoriano está en riesgo de convertirse en una oportunidad perdida por la incapacidad del sistema económico para generar empleo digno y productivo.
Con una cronología implacable que marca el fin de esta ventana única en 2030, Ecuador enfrenta apenas cinco años para revertir décadas de deterioro laboral y capitalizar su momento demográfico más favorable. La hora de actuar es ahora, antes de que sea definitivamente tarde.
(*) Economista, analista económica Revista Gestión.
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