La pobreza y precariedad alimentan el crimen y la reincidencia en Ecuador: el ciclo se perpetúa
Los números no mienten: la reincidencia criminal en Ecuador supera el 29% en algunos delitos, mientras que quienes delinquen provienen de empleos precarios que no alcanzan el salario mínimo. El sistema penitenciario gasta recursos en castigo sin atacar las raíces del problema.
Un preso aislado en una celda deteriorada, simboliza el ciclo de pobreza y crimen en Ecuador.
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El Primer Censo Penitenciario Nacional de Ecuador, realizado en 2022, reveló una realidad que va más allá de las percepciones públicas sobre la delincuencia. Los datos no solo muestran quiénes están tras las rejas, sino que exponen las fallas estructurales de un sistema que criminaliza la pobreza mientras fracasa en su misión rehabilitadora.
Con tasas de reincidencia que alcanzan el 29% en delitos como asesinato y una población carcelaria mayoritariamente proveniente de empleos precarios, Ecuador enfrenta un problema que trasciende la seguridad ciudadana para convertirse en un espejo de las desigualdades sociales y económicas del país.
La investigación “Crime and Recidivism in Ecuador”, desarrollada por Nicolás Acosta y Nataly Posso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junto con los datos oficiales del censo, revelan que las características sociodemográficas de la población carcelaria sugieren un perfil laboral precario. En función de estas características, los investigadores aproximan que quienes trabajaban antes de delinquir tendrían empleos cercanos a condiciones de subempleo y salarios por debajo del mínimo.
Estos hallazgos cuestionan la efectividad de un sistema penitenciario que invierte en castigo sin abordar las causas estructurales que empujan a las personas hacia el crimen.
El perfil invisible de la población carcelaria
Los datos del Censo Penitenciario 2022 revelan un perfil demográfico que contradice muchos estereotipos sobre la delincuencia en Ecuador. El 40,6% de los hombres privados de libertad tienen entre 18 y 29 años, mientras que en las mujeres este porcentaje es del 37,2%. La concentración se acentúa al considerar que el 82,9% de los hombres y el 83,1% de las mujeres están en el rango de 18 a 44 años, confirmando que la delincuencia afecta principalmente a personas en edad económicamente activa (Gráfico 1).
Según Nicolás Acosta, académico e investigador, “las personas que están en prisión son personas que potencialmente se asemejarían a alguien que, si logra encontrar un empleo, sería en condiciones de subempleo”. Esta afirmación cobra sentido al analizar la situación laboral previa de los reclusos.
Los datos de ocupación son reveladores: de los 27.645 hombres registrados, 11.018 trabajaban por cuenta propia, 10.870 eran empleados u obreros privados, y 3.155 se desempeñaban como jornaleros o peones (Gráfico 2).
Entre las mujeres, 928 trabajaban por cuenta propia y 480 eran empleadas privadas. Estos números evidencian una realidad laboral caracterizada por la informalidad y la precariedad, en la que las oportunidades de crecimiento económico son limitadas.
La brecha educativa también es significativa. El 51,8% de los hombres y el 47,2% de las mujeres tienen únicamente educación básica, mientras que solo el 7,3% de hombres y 13,2% de mujeres accedieron a educación superior (Gráfico 3).
Como señala Acosta, “de quienes han tenido más cuatro detenciones previas, únicamente el 2,2% completaron estudios universitarios, es decir en términos generales son personas con baja escolaridad”.
Cuando la juventud se encuentra con la desesperación
La investigación de Acosta y Posso confirma por primera vez en Ecuador la existencia de las “curvas edad-delito”, un fenómeno documentado internacionalmente que muestra cómo ciertos delitos tienen su pico en edades específicas. Los datos son contundentes: la posesión de armas promedia 28,2 años, el robo 29,5 años, y el tráfico de drogas 34,2 años (Gráfico 4).
“La curva edad-delito se explica por las propias naturalezas del delito”, explica Acosta. Esta distribución etaria muestra cómo diferentes tipos de crímenes tienen picos en edades específicas, reflejando las características particulares que cada actividad criminal demanda.
Esta distribución etaria revela una progresión criminal preocupante. Los delitos que requieren agilidad física, como posesión de armas y robo, se concentran en los más jóvenes, mientras que delitos más complejos como asesinato (35,6 años) y homicidio culposo (36,2 años) aparecen en edades más avanzadas. La violación sexual muestra el promedio más alto con 42,1 años, seguida de agresión sexual con 44 años.
Como reflexiona el investigador, “las personas empiezan por delitos menores, empiezan por tráfico de drogas, empiezan con robo y esto lo hacen hasta los 20, 30 años… a los 30 años llega a su punto máximo y luego empieza a decaer”.
Reincidencia: el fracaso del sistema en cifras alarmantes
Las tasas de reincidencia en Ecuador pintan un panorama desolador sobre la efectividad del sistema penitenciario. El asesinato lidera con 29% de reincidencia en el mismo delito, seguido por robo (28,8%) y hurto (22,8%). La posesión de armas alcanza 19% y el tráfico de drogas 17,3% (Gráfico 5).
Estos números son especialmente preocupantes considerando que el asesinato tiene las penas más severas del sistema penal ecuatoriano. “Ha sido el más alto pero uno de los delitos con las penas más altas de 22 a 26 años”, señala Acosta, quien explica esta aparente contradicción, pues “puede que en el pasado esa persona haya estado arrestada por asesinato pero a los pocos meses o días pudo haber sido liberada”.
Jorge Núñez, en su artículo “La crisis del sistema penitenciario en Ecuador”, advierte sobre esta realidad: “La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las cárceles son fenómenos que se relacionan con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria”.
Sus hallazgos muestran que el sistema interno no es íntegro, sino que en la mayoría de los casos los presos deben pagar por celdas, comida y privilegios básicos, lo que perpetúa un ciclo vicioso que dificulta cualquier proceso de rehabilitación real.
La educación es el predictor más poderoso contra el crimen
El hallazgo más significativo de la investigación de Acosta y Posso es que la educación emerge como el principal predictor de reincidencia. “La educación resulta ser el principal predictor de la reincidencia”, confirma Acosta, explicando que no solo proporciona habilidades técnicas, sino que desarrolla capacidades cognitivas fundamentales.
“La educación incentiva a ser más paciente y averso al riesgo porque se sabe que se está invirtiendo en el futuro y se puede llegar a tener una gratificación en actividades legales, que no es un efecto inmediato”, explica el investigador.
Esta “gratificación diferida” que enseña la educación contrasta dramáticamente con la naturaleza inmediata de las actividades criminales, en la cual se presentan remuneraciones en el corto plazo o incluso inmediatas: “Realiza cierta acción y te recompenso con USD 500 o USD 1.000”, algo impensando en el mercado laboral para jóvenes desaventajados económicamente.
Los datos educativos de la población carcelaria respaldan esta teoría. Con más del 50% de los reclusos teniendo únicamente educación básica y menos del 10% con educación superior, el perfil educativo de la población carcelaria refleja las limitaciones del sistema educativo nacional para llegar a los sectores más vulnerables.
Por otra parte, Janeth González, en su artículo “El sistema penitenciario ecuatoriano. Sin luz al final del túnel”, coincide con este análisis: “El tratamiento de rehabilitación toma en cuenta la voluntad del condenado”, pero señala obstáculos críticos como “falta de acompañamiento personalizado, falta de presupuesto y materiales para la diversificación de las actividades de rehabilitación, falta de personal especializado”.
El costo oculto: cuando el sistema perpetúa lo que debe resolver
Paradójicamente, los datos muestran que quienes más arrestos previos tienen, menos probabilidades tienen de acceder a programas de rehabilitación. “Una posible explicación es que la rehabilitación perdió su efecto en estas personas”, reflexiona Acosta.
“Las personas perdieron la fe en la rehabilitación; se puede decir que consideran que estar privados de su libertad no es un problema a largo plazo y, además, no logran ver una mejor opción de ocupación fuera del ámbito criminal”, añade.
Esta mentalidad revela un círculo vicioso, pues quienes han fracasado repetidamente en el sistema son precisamente quienes más necesitan intervención, pero son también quienes menos confían en que los programas puedan cambiar su situación. El investigador añade otro factor crucial, y es que “además del pobre perfil sociodemográfico que tienen, se tiene que sumar el efecto discriminatorio de haber sido un exconvicto”, lo que limita aún más sus oportunidades laborales legales una vez en libertad.
El resultado es que estas personas concluyen que las actividades criminales siguen siendo más rentables que cualquier alternativa legal disponible, perpetuando así su participación en el sistema penitenciario.
Acosta identifica que los tres roles tradicionales de la prisión están fallando simultáneamente. Según la teoría penal, explica el investigador, la prisión debe cumplir tres funciones: el primero es que tenga un efecto disuasivo, que potenciales nuevos criminales se mantengan al margen del mundo criminal; el segundo es un efecto incapacitatorio, es decir que personas que han cometido un delito tienen que estar en la cárcel porque son un peligro actualmente para la sociedad; y el tercero es el efecto de reforma, que mientras están en prisión deberían estas personas rehabilitarse y una vez que cumplan su condena se reinserten en la sociedad.
Sin embargo, ninguno de estos efectos se está cumpliendo en Ecuador. “Para que funcione el efecto disuasivo se necesita que haya una Policía que esté deteniendo constantemente a los criminales, que existan leyes que los sancionen y un sistema de justicia que efectivamente logre ejecutar la condena”, explica.
La evidencia es contundente, Ecuador enfrenta una crisis carcelaria que refleja problemas estructurales más profundos. La solución no pasa por construir más cárceles o endurecer penas, sino por abordar las causas raíz que empujan a las personas hacia la delincuencia, la falta de oportunidades laborales dignas, el acceso limitado a educación de calidad, y la ausencia de programas efectivos de prevención del delito en comunidades vulnerables. Como concluye Acosta, “es necesario cortar el problema de raíz”.
(*) Economista, analista económica Revista Gestión.
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