La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) a una reunión de conciliación. Pero, no hay acuerdos.
La gobernabilidad en la Asamblea Nacional no mejora. La crisis en la administración de Guadalupe Llori parece profundizarse con cada actuación de la presidenta del Legislativo. En esta ocasión, el problema fue un llamado, de última hora, para una supuesta reunión de conciliación.
Esa reunión fue una disposición de la jueza Raquel Herrera para solventar los problemas dentro de la entidad, así como debatir las acusaciones en contra de Llori y los pedidos para que deje el cargo.
Bajo ese argumento, Llori convocó a los miembros del CAL a una reunión, este 4 de mayo de 2022. Pero, ante los medios de comunicación, dijo que ninguno de los vocales se presentó.
Esto, según ella, demuestra que buscan su destitución ilegal para "apoderarse de todos los poderes del Estado".
El legislador Darwin Pereira (Pachakutik) respondió que no se trataba de una convocatoria oficial del CAL y que se cruzaba con las sesiones de los legisladores en sus respectivas comisiones. Por eso aseguró que llegaron, con retraso, hasta justificar sus ausencias en las mesas legislativas.
Pereira criticó que Llori no haya podido esperarlos unos minutos porque cuando llegaron a la sala de sesiones ella ya se había retirado. Y dijo que se trata de una falta de respeto de quien se cree "la dueña de la Asamblea".
Junto con Ronny Aleaga (UNES) y Virgilio Saquicela (Independiente), vicepresidente de la Asamblea, remitieron un oficio a Llori, solicitando que la cita se lleve a cabo este 5 de mayo, a las 11:15.
Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, dijo que la convocatoria se realizó el sábado, 30 de abril, "el tiempo suficiente". Y advirtió que el plazo legal terminó, por lo que comunicarán a la jueza lo sucedido, para que convoque a "la audiencia de protección".
Pereira contradijo al abogado y explicó que el plazo termina el 5 de mayo. Así mismo, aclaró que Salazar es abogado de la Asamblea, no de Llori. Mientras que Saquicela advirtió que si ella no quiere llegar a un acuerdo está en sus manos seguir o no con las acciones legales.
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