Los magistrados decidieron acoger un informe de la Defensoría del Pueblo, que sostiene que no se concretó la vulneración de derechos a la Presidenta de la Asamblea.
El Tribunal de Garantías Penales que otorgó medidas cautelares a favor de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, informó su decisión de revocarlas este 27 de abril de 2022.
La decisión se tomó después de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que asegura que estas cautelares ya se cumplieron. El documento sostiene que estas trataban sobre un cambio del orden del día, que fue retirado. Este había sido propuesto por Fausto Jarrín (UNES) antes de que existiera la denuncia de Torres contra Llori.
Además de una certificación de la Secretaría General de la Asamblea, que certifica que Jarrín retiró su pedido.
Por lo tanto, no se habría concretado la vulneración de derechos contra Llori, pues el cambio del orden del día fue retirado y no llegó a tratarse en el Pleno.
La resolución del Tribunal dice que las medidas cautelares son "de carácter de provisionales y culminan cuando se haya verificado el cese de la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución".
Estas medidas cautelares fueron la base para que Llori intentara, un día antes, impedir un cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín (UNES) para conformar la comisión multipartidista que la evaluará.
Cinco días para conciliar
Horas antes, la jueza Raquel Herrera, de la Unidad de la Niñez y la Familia, suspendió este 27 de abril de 2022 la audiencia por la acción de protección presentada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en contra de cinco vocales del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Esteban Torres (PSC) y los miembros del CAL informaron que la jueza dispuso buscar una conciliación entre las partes.
"Habrá una nueva audiencia, pero esa conciliación por el país debería comenzar por la decisión de la Presidenta de dar un paso al costado".
La acción de protección de Llori fue planteada después de que cinco miembros del CAL cambiaron el orden del día de la sesión del pasado 13 de abril, y luego calificaron la denuncia presentada por Torres en contra de la Presidenta. Esta podría terminar en su remoción del cargo.
La jueza dio cinco días para concretar esta conciliación, y deberá fijar una fecha y hora para la próxima audiencia.
Una nueva denuncia de Llori
Un día antes, Llori planteó una segunda denuncia en la Fiscalía en contra de 81 asambleístas, por el supuesto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La denuncia ingresó minutos antes de la instalación de la sesión de este 26 de abril de 2022, en la que se conformó la comisión que evaluará a Llori.
En la denuncia, la Presidenta acusa a los asambleístas de incumplir las medidas cautelares que un Tribunal de Garantías Penales le otorgó a inicios de abril. Con ellas, logró frenar momentáneamente esta evaluación por incumplimiento de funciones.
Específicamente, los acusó del supuesto delito por el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Marcela Holguín (UNES). Para esa hora, sin embargo, aún ni comenzaba la sesión del Pleno.
Esta es la segunda denuncia presentada por Llori ante la Fiscalía. A inicios de abril, acusó a los miembros del CAL de usurpación de funciones.
Sin embargo, con la revocatoria de las medidas cautelares, esta denuncia quedaría sin base.
La comisión multipartidista aún no inicia su trabajo
La comisión multipartidista que evaluará un presunto incumplimiento de funciones comenzará a trabajar este jueves. La Secretaría de la Asamblea notificó a los cinco asambleístas con la resolución del Pleno la tarde de este 27 de abril de 2022.
Pedro Zapata, el representante del PSC a la comisión, aseguró que mantendrán una reunión informal esta tarde, para coordinar sus primeras actividades. "El compromiso de la comisión es comenzar a trabajar de inmediato", añadió.
La comisión, desde su instalación, tendrá 35 días para entregar un informe al Pleno de la Asamblea. En este, deben recomendar o no la remoción de Llori de su cargo como Presidenta. Esto no significará su separación como asambleísta.
Pero Peter Calo, uno de los "rebeldes" de Pachakutik y miembro de esta comisión, aseguró que esperan terminar su trabajo antes de ese plazo para demostrar "la transparencia del primer poder del Estado".
Pero este inicio del trabajo se da en medio de críticas por la conformación de la comisión. La razón es que los nombres de sus miembros no fueron planteados por las bancadas, y el oficialismo no fue incluido en esta.
Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista BAN, cuestionó que se haya incluido un miembro de los independientes (el asambleísta John Vinueza); argumentó que ellos no son una bancada. Dijo que esto resta legitimidad a la ya cuestionada comisión.
Mientras que Lucía Placencia, designada como representante de la ID en la comisión, aseguró que la bancada aún no ha tomado una decisión sobre la posición que mantendrán en ese proceso.
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