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Economía

¿Qué pasó con las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago, el salvavidas para la crisis de cortes de luz de Ecuador?

En el Gobierno de Rafael Correa se trazó el plan de estas dos hidroeléctricas, pero no se han concretado. Ahora, el Gobierno de Noboa prevé que estas entren a operar entre 2030 y 2032.

Complejo hidroeléctrico s Mazar, Sopladora y Paute, entre Azuay y Cañar, 17 de agosto de 2024.

Complejo hidroeléctrico s Mazar, Sopladora y Paute, entre Azuay y Cañar, 17 de agosto de 2024.

- Foto

Mayira Paredes/API

Autor:

Evelyn Tapia

Actualizada:

28 sep 2024 - 05:45

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Las centrales Cardenillo y Santiago, dos importantes proyectos hidroeléctricos que estaban previstos para operar en la provincia amazónica de Morona Santiago, debían comenzar a dotar de energía a Ecuador entre 2026 y 2027, pero ni siquiera han comenzado a construirse en medio de la crisis eléctrica.

Si los planes iniciales se hubieran cumplido, dentro de dos años juntas aportarían 2.996 megavatios de potencia a Ecuador; con lo que el país podría incrementar en un 34% su generación de electricidad, que es de 8.899 megavatios. 

  • Apagones podrían durar al menos hasta diciembre, el período más fuerte de sequía aún está por llegar

Pero ahora el país tendrá que esperar entre seis y siete años más para que estas dos centrales comiencen a operar, pues en el nuevo Plan Maestro de Electricidad, presentado a mediados de 2024, se prevé que Cardenillo entre a operación en 2030 y Santiago entre 2031 y 2032.

Estas dos hidroeléctricas fueron planeadas entre 2010 y 2012, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, y juntas requerirían de una inversión de alrededor de USD 4.300 millones; esto es un monto similar al presupuesto que el Gobierno destinó al sector de salud en 2024.

Según el Plan Maestro de Electricidad de 2018-2027, la central hidroeléctrica Cardenillo debía estar ya operativa en 2026. 

La obra prevé aportar 595,6 megavatios, y entraría a completar el mayor complejo hidroeléctrico del sur del país, Paute, que incluye a Mazar y a Sopladora.

En cambio se esperaba que la hidroeléctrica Santiago comience a operar entre 2027 y 2028, aportando 2.400 megavatios en sus primeras dos fases y, más adelante, se dijo incluso que aportaría en una tercera fase otros 1.200 megavatios.

Se preveía en un inicio que aporte 3.600 megavatios, más del doble que Coca Codo Sinclair, que tiene 1.500 megavatios de potencia. Luego se redujo la proyección y ahora solo se esperan 2.400 megavatios.

Las obras comenzaría a operar entre 2030 y 2031

Esto son dos proyectos clave para el país en medio de la grave crisis por déficit de generación eléctrica que ha llevado al Gobierno de Daniel Noboa a decretar cortes de luz programados desde el 23 de septiembre de 2024.

Además, que ambas hidroeléctricas producen energía renovable, limpia y barata.

Hoy el Gobierno de Noboa está concentrado en destinar recursos a contrataciones de emergencia que aportarían energía termoeléctrica, generada con combustibles, recién desde diciembre de 2024 o el primer trimestre de 2025. 

No obstante, algunas de estas contrataciones nuevas no dotarán de energía permanente o en firme, pues solo se trata de alquiler. Es el caso de la barcaza que el Gobierno prevé alquilar por USD 316 millones para que dote de 250 megavatios al país durante 18 meses.

Pero la demanda de energía crece cada año. De ahí que estas dos nuevas centrales ayudarían a que el país no siga sufriendo cortes de luz programados.

La búsqueda de inversionistas privados no se concreta

En medio de una crisis de la caja fiscal, la intención de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso fue que estos dos proyectos se construyan con inversión privada, a través de concesiones o Alianzas Público- Privadas. 

En el gobierno de Lenín Moreno se anunció que el proceso público de selección del inversionista privado para construir Cardenillo se realizaría en el primer trimestre de 2020 y el proceso para seleccionar al inversionista que construya Santiago estaba previsto para el segundo semestre de 2020. Nada de eso se concretó.

Ya durante el Gobierno de Guillermo Lasso, en 2021, los dos proyectos entraron al ambicioso plan de Alianzas Público-Privadas que agrupaba 29 proyectos por alrededor de USD 26.600 millones. 

  • El ambicioso catálogo de proyectos públicos de Lasso no atrajo a la inversión privada

Roberto Salas, que era el secretario de Inversiones Público Privadas, dijo que en mayo de 2023 saldría a licitación Cardenillo.

Pero en mayo de 2023 el entonces presidente Lasso decretó la muerte cruzada y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político, con lo que dejó el poder en noviembre de ese año.

Ahora, en el gobierno de Noboa, la actual administración de la Secretaría de Inversiones Público Privadas no muestra en su portafolio estos dos proyectos.

Para el expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Andrés Oquendo, estos proyectos hidroeléctricos no han sido atractivos para los inversionistas privados.

Oquendo explica que los inversionistas de este sector prefieren poner sus recursos en proyectos de energía renovables no convencionales, como la eólica o fotovoltaica, pues las hidroeléctricas utilizan el agua de ríos, lo que suele generar conflictos sociales en las comunidades. 

  • Si Ecuador construyó 14 hidroeléctricas en una década, ¿por qué ahora vive cortes de luz masivos?

"Los trabajos para construir los reservorios o las obras en general suelen preocupar a las comunidades y causar rechazo, por el uso del agua. Además, es un tema sensible para la gente cuando una empresa privada viene a administrar una obra que usa un recurso público, como el agua" añade

Y un segundo problema es la inseguridad jurídica y la fijación de tarifas, dice Oquendo, pues los inversionistas pueden tener dudas sobre el mecanismo de pago de la energía que doten con sus proyectos, que es la forma en que las empresas recuperan la inversión que hacen, añade.

De hecho ese problema ya se dio en el bloque de energías renovables no convencionales, con los proyectos como El Aromo y Villonaco III, que están retrasados porque no ha habido acuerdo con el Estado sobre el mecanismo de pago para los inversionistas que ya firmaron contratos.

El exministro de Energía durante el gobierno de Lasso, Fernando Santos, explica que uno de los problemas para lanzar la licitación de Santiago fue precisamente la tarifa que tenía que pagar el Estado a la empresa.

Santos dice que la Constitución ecuatoriana no permitía que se cargue a la tarifa de generación el costo de la construcción de la obra, por lo que el Estado tendría que subsidiar la tarifa de Santiago a la empresa. 

"Hubo un informe de Finanzas que determinó que no era rentable el proyecto. El subsidiar la tarifa de Santiago iba a ser demasiado costoso, por eso no avanzó", dice Santos. 

¿En qué etapa están los dos proyectos?

La hidroeléctrica Cardenillo es la que más ha avanzado en el intento de comenzar su construcción. 

Para septiembre de 2013 concluyeron los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos. Se preveía que cueste USD 1.300 millones y se construya en 72 meses (seis años).

Incluso para 2021, la empresa estatal encargada de la generación de energía, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), anunció la firma de un contrato con el consorcio CPCS Transcom Limited (Canadá), que se encargaría de estructurar un modelo de proceso público de selección para encontrar al inversionista internacional que ejecute la obra.

Oquendo añade que debido a que la ubicación de Cardenillo es en el complejo Paute, en la misma zona en la que hoy la sequía perjudica la generación, el Gobierno también debería enfocarse en otras soluciones como los proyectos eólicos o fotovoltaicos.

En cambio, por su magnitud, el presupuesto para construir Santiago ha sido uno de los mayores desafíos, dice Santos, pues requiere USD 3.000 millones.

No obstante, durante el gobierno de Lasso, dice Santos, una empresa australiana de grandes capitales estaba interesada.

Para 2022 Celec anunció que estaba buscando una empresa para la estructuración del proceso público de selección para la concesión al sector privado de Santiago. En ese momento ya solo se hablaba de que la obra aportaría 2.400 megavatios y no 3.600 megavatios, pero el valor estimado seguía siendo USD 3.000 millones.

Y en junio de 2023 la empresa estatal volvió a anunciar que buscaría a la firma estructuradora y en noviembre de ese año, además, el proyecto contaba ya con una licencia ambiental.

Pese a esos avances, todavía no se ha lanzado a licitación.

Santos menciona que otro desafío de Santiago es el ambiental. "La obra requiere la construcción de una represa como la de Mazar y había advertencias de grupos ambientalistas, de que esto podría ser un problema para el flujo de los peces al río Santiago, que es vital para la supervivencia de las comunidades indígenas de la zona", añade.

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