El ambicioso catálogo de proyectos públicos de Lasso no atrajo a la inversión privada

El Gobierno de Guillermo Lasso esperaba una ola de inversión privada de, al menos, USD 19.198 millones para 36 proyectos públicos, pero, al final, los resultados no fueron los esperados.

El catálogo presentado en noviembre de 2021 incluía desde hidroeléctricas hasta vías, y si a ese portafolio se suman las concesiones mineras de cobre y oro la suma de la inversión esperada supera los USD 25.000 millones.

A 10 días de que termine la administración de Lasso y asuma el poder el presidente electo Daniel Noboa, solo se han firmado dos contratos de inversión privada para dos proyectos. Son el proyecto fotovoltaico El Aromo y el eólico Villonaco III.

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Pero ambos proyectos, en realidad, fueron adjudicados por el Gobierno de Lenín Moreno en diciembre de 2020, pero sus contratos no habían podido ser firmados, lo que se concretó recién en 2023.

¿Qué quedará?

La administración de Lasso espera firmar en estos días los contratos de 14 proyectos públicos, que sumado El Aromo y Villonaco III dan un total de 16 proyectos.

"Esperamos que sean todos o, al menos, unos cuatro o cinco", dice el Secretario de Inversiones Público-Privadas, Roberto Salas.

Se trata de proyectos que están adjudicados, pero a la espera de informes de aprobación de sostenibilidad del Ministerio de Finanzas y de la cláusula arbitral de la Procuraduría.

Entre esos proyectos está Conolophus, una central de generación eléctrica fotovoltaica que se construirá en Galápagos.

Además, están 10 proyectos de electricidad, que son parte del Bloque de Energías no Convencionales. Juntos generarán una potencia de 511 megavatios y una inversión de USD 875 millones.

La construcción de los proyectos empezará durante los primeros meses de la administración de Noboa y comenzarán a generar electricidad en 18 o 24 meses.

Antes de la firma de estos contratos, los ministerios de Finanzas y de Energía deben definir, además, los mecanismos que garanticen los pagos del costo de la energía que entreguen los inversionistas privados al Estado.

Esto, luego de que la Corte Constitucional aceptó a trámite una acción de protección que bloqueó la conformación de un fidecomiso con los ingresos de las empresas distribuidoras de electricidad para garantizar el pago a los inversionistas.

Sector petrolero, la gran deuda

El Secretario de Inversiones Público-Privadas dijo que los otros tres proyectos públicos que prevé firmar la administración de Lasso son tres bloques petroleros pequeños.

Se trata de Saywa, VHR Oeste y VHR Este, que son parte de la licitación de Intracampos II y que fueron preadjudicados, pero están a la espera de informes de la Procuraduría antes de la firma de los contratos.

Lo logrado en petróleo

En general, la inversión conseguida para el sector petrolero y de energía en general resultó bastante modesta frente a lo que se esperaba.

Inicialmente, Lasso esperaba conseguir USD 15.174 millones para los sectores de energía e hidrocarburos, con 23 proyectos

Los bloques Saywa, VHR Oeste y VHR Este implicarán una inversión de USD 333 millones y permitirán aumentar la producción petrolera nacional en 20.000 barriles diarios de petróleo.

Lo que fracasó

Lo conseguido en inversión privada se explica, en parte, porque no se cumplió el plan de proyectos para incrementar la producción de la petrolera estatal Petroecuador.

La repotenciación de la Refinería de Esmeraldas se suspendió y quedó en manos del próximo Gobierno. La planta refinadora requiere de USD 2.700 millones de inversiones.

Petroecuador también dio de baja otros procesos como el de gas asociado, que buscaba inversiones por USD 500 millones a USD 800 millones para aprovechar el gas que hoy se quema al ambiente en mecheros de los campos petroleros de la Amazonía.

Otros que se licitaron fueron los proyectos de generación termoeléctrica Ciclo Combinado y la construcción de la línea de transmisión en Nororiental, para dotar de energía eléctrica a los campos petroleros.

Ambos procesos fueron declarados desiertos por falta de interés de los inversionistas, según dijo en su momento el ministro de Energía, Fernando Santos.

Minería, estancada por decisión de la Corte

En el sector minero, en cambio, cuatro proyectos quedarán a nivel de acuerdo precontractual; es decir, para que el siguiente gobierno firme los contratos que den paso a la construcción de las minas.

Se trata de las concesiones Cascabel (cobre), Mirador Norte (cobre), Curipamba (oro) y La Plata (oro).

Sin embargo, estas inversiones dependen del trámite que dé la Corte Constitucional a una acción de protección interpuesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para frenar los procesos de consulta ambiental, un requisito sin el cual las empresas no pueden empezar la construcción de las minas.

Eso puso un 'stand by' a una inversión de USD 5.000 millones; de los cuales, se podrían haber desembolsado USD 500 millones solo en el próximo año y medio de administración de Noboa.

El resto de proyectos públicos, que son de vialidad, salud, petróleo e hidroelectricidad, quedaron en fase de estructuración o preestructuración de los procesos.

Lo logrado

Salas añadió que estructurar proyectos públicos para conseguir inversión privada no es una tarea sencilla, toma años si se quiere tener éxito. Aunque reconoció en la estructuración de los proyectos petroleros y electricos pudo haber faltado experiencia para concretarlos.

Por otro lado, Salas resaltó que el plan de Lasso era para cuatro años, pero se truncó con la muerte cruzada que llevó al fin anticipado del actual Gobierno y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Para Salas, en lo institucional sí hubo avances, pues se reformaron reglamentos y se creó la Secretaría especializada en alianzas público privadas, que es fundamental para continuar con los proyectos a futuro.

Quedan 10 vías en proceso de estructuración o preestructuración, es decir con estudios o por contestar estudios. Ya tienen avances como el hecho de que ya fueron declarados como proyectos priorizados. Hay también hospitales, centrales hidroeléctricas, entre otros.

Por otro lado, hubo factores que salen del control del Gobierno como las acciones de protección presentados a la Corte Constitucional que frenaron los proyectos mineros.

Salas recomendó al gobierno entrante poner énfasis en los proyectos que están adelantados para que puedan concretarse las obras durante el año y medio de gestión que le espera.

Y, además, a largo plazo recomendó fortalecer a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas para que continúen los procesos de estructuración de los proyectos, que tomará, al menos, cinco.