Chevron acciona vía judicial en Estados Unidos para cobrar USD 216 millones al Estado de Ecuador
El recurso de Chevron invoca los mecanismos de cooperación judicial internacional establecidos en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional.
Fotografía referencial de una gasolinera de la compañía petrolera Chevron.
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Redacción Primicias
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Las corporaciones petroleras Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company formalizaron este viernes 31 de julio una moción legal ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El objetivo de la medida procesal radica en la notificación oficial a la República del Ecuador sobre la demanda planteada para la ejecución forzosa de un laudo arbitral cuantificado en USD 216.190.460,27.
El recurso, radicado bajo el número de causa 1:26-cv-2513-JDB y asignado al juez federal John D. Bates, invoca los mecanismos de cooperación judicial internacional establecidos en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional.
De conformidad con las normas procesales federales de Estados Unidos y el derecho internacional, a falta de un acuerdo especial entre las partes, la citación a un Estado soberano requiere el cumplimiento de tratados vigentes sobre la materia.
Dado que tanto Estados Unidos como Ecuador forman parte de la Convención Interamericana, las empresas actoras solicitaron formalmente la emisión de la carta rogatoria correspondiente.
El procedimiento dispuesto prevé que el juez ordene la devolución del documento original firmado a los apoderados de la parte actora, el bufete Kobre & Kim LLP. Acto seguido, la firma remitirá la documentación al Departamento de Justicia de Estados Unidos, organismo que actúa como Autoridad Central en el país de origen.
A través de la vía diplomática y de asistencia judicial, la solicitud llegará a la Dirección de Asistencia Judicial Internacional y Movilidad Humana de la Cancillería en Quito. Esta entidad tramitará la entrega efectiva de la demanda y sus anexos a la Procuraduría General del Estado.
La documentación del caso revela que el reclamo de las petroleras se fundamenta en la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.
El monto del laudo arbitral de la denominada fase "Track III" asciende a USD 216,19 millones, suma a la cual se añadirán los intereses acumulados con posterioridad al fallo, así como los costos de representación legal.
El Formulario B adjunto a la solicitud otorga a la República del Ecuador un plazo improrrogable de 60 días contados a partir de la citación legal para presentar su contestación ante el tribunal en Washington D.C. El documento advierte que la omisión de una respuesta en el término fijado dará lugar a una sentencia en rebeldía a favor de las corporaciones demandantes por la totalidad del monto exigido.
Junto con la notificación principal, el expediente remitido a las autoridades ecuatorianas supera las 3.000 páginas. Incluye la traducción certificada al español de la petición inicial, memorandos de derecho, declaraciones juradas del equipo legal y certificaciones corporativas.
17 años de litigio
El origen de este conflicto se remonta a las operaciones petroleras del consorcio conformado por TexPet y la estatal Petroecuador, las cuales concluyeron en 1992.
Tras su salida, la compañía estadounidense firmó acuerdos de remediación y liberación de responsabilidades en 1995 y 1998 con el Estado ecuatoriano. A pesar de estos convenios, en mayo de 2003, un grupo de demandantes de la Amazonía inició un juicio ambiental en la corte de Lago Agrio contra Chevron, empresa que había adquirido a TexPet en 2001.
En 2011, la corte de Sucumbíos emitió una millonaria condena contra la petrolera por daños ambientales. Sin embargo, Chevron ya había iniciado en 2009 un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, alegando que Ecuador violó el tratado de inversiones al permitir este juicio.
El punto de quiebre ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando los árbitros internacionales determinaron que la sentencia dictada en Lago Agrio fue redactada de forma corrupta por los abogados de los demandantes a cambio de sobornos.
Tras conocerse la responsabilidad del Estado, la disputa entró en una fase para cuantificar los daños. Chevron exigió más de USD 790 millones por los gastos legales incurridos alrededor del mundo, frente a un escenario que, según estimaciones de la Procuraduría General del Estado, superaba los USD 3.350 millones de riesgo para el país.
No obstante, los jueces internacionales aplicaron un estándar estricto y excluyeron el 85% de los costos relacionados con el uso de la ley contra el crimen organizado en Estados Unidos, argumentando que fue una estrategia excesivamente costosa.
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