Un último año marcado por los desafíos sociales de la pandemia

El presidente Lenín Moreno afronta un último año de gestión con un panorama económico difícil, especialmente en la parte social, según analistas consultados por PRIMICIAS.

Los niveles de desempleo, de desigualdad, de pobreza y de inseguridad podrían aumentar en el último año de gestión de Moreno, debido a la crisis por la que el país ya atravesaba y que fue agravada por la pandemia de Covid-19, que paralizó la economía desde mediados de marzo.

En eso coinciden los analistas Segundo Camino y Julio Morán y el experto en Seguridad, Lautaro Ojeda, quienes dialogaron con PRIMICIAS sobre las proyecciones para el último año de este Gobierno.

Desempleo

Lenín Moreno ha prometido que seguirá con la llamada política de “austeridad”. La reducción de la masa salarial, es decir, lo que el Estado gasta en empleados públicos.

Entre enero y mayo, el Gobierno redujo USD 365 millones en nómina de servidores públicos, al pasar de gastar en ello USD 8.897 millones a USD 8.532 millones. El objetivo es recortar otros USD 980 millones hasta finales de 2020.

Pese a que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no ha publicado las cifras de empleo, el economista Julio Morán asegura que “la gente se está quedando sin trabajo”.

Es algo que se puede ver en las 153.000 desafiliaciones a la Seguridad Social entre marzo y abril de 2020, debido a la paralización del sector productivo.

Un estudio de la Universidad Espíritu Santo sobre los días que pueden resistir las empresas frente al confinamiento para contener el contagio de Covid-19 establece que las 30.200 empresas analizadas generan alrededor de 703.500 empleos formales.

El 25% de esas empresas pertenece al grupo de las más rentables (en términos de ingresos) y están en condiciones de resistir 51 días o más de confinamiento.

Mientras que 24.863 empresas pueden sobrevivir hasta 60 días sin liquidez ni ventas.

“Eso no significa que van a quebrar, sino que son vulnerables a una quiebra. También se vuelven proclives a despidos”, dice Camino, quien es investigador asociado de la ESAI Business School de la Universidad Espíritu Santo.

Camino y Durán coinciden que tanto en el sector privado como en el público existirán “cientos de miles de desvinculaciones”.

Camino afirma que el Gobierno debe preocuparse por el sector privado para que retome sus actividades y genere más empleo.

Según sus cálculos, el Gobierno debería inyectar USD 1.200 millones en créditos para las empresas en 2020 para evitar que los índices de desempleo y de informalidad se disparen.

En el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que unos 7 millones de ecuatorianos están en riesgo de perder su plaza de trabajo por efecto del coronavirus.

Desigualdad y pobreza

Una caída del empleo traerá consigo otras “pandemias colaterales”, como una mayor desigualdad y un aumento de la pobreza.

Camino lamenta que no haya cifras oficiales del INEC, pero considera que la desigualdad también crecerá con la reducción de los salarios, que ha sido planteada como una salida para dar respiro a la economía.

El Gobierno lo denomina como ‘oxígeno para empleo’. El artículo 20 de la Ley Humanitaria, aprobada el 15 de mayo, establece la reducción de la jornada laboral en caso de que las empresas afronten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

La reducción de la jornada laboral, según la Ley, significa la disminución de la remuneración y del aporte a la Seguridad Social.

Si bien el Gobierno asegura que la ley es necesaria para “sostener los empleos” en el sector privado, Camino alega que, con ello, se allana el camino para el crecimiento de la desigualdad.

Y el riesgo es que existe la posibilidad de que el ecuatoriano que percibe una renta menor no logre cubrir el costo de la canasta básica mensual.

De acuerdo con el INEC, la inflación en marzo se incrementó 0,18% frente al mismo período de 2019. El índice también aumentó un 0,20% comparado con enero de 2020, cuando la inflación fue de -0,15%.

Es decir, los precios se elevaron ligeramente en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado.

“La inflación es buena, el problema es cuando hay una caída en los salarios, pero la inflación no disminuye”.
Segundo Camino

La Ley Humanitaria busca controlar la especulación, al ordenar que el Ejecutivo defina una política de fijación de precios de los artículos de la canasta básica para 2020.

Morán considera que la desigualdad crecerá si existe un nuevo rebrote de Covid-19 que provocaría, una vez más, el confinamiento o cuarentena.

Mientras se destruyen los empleos, la pobreza ganará terreno, dice.

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) del 12 de mayo, establece que habrá un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina por efecto del coronavirus.

En Ecuador, la pobreza pasaría del 25,7% al 30,8% en un escenario medio. Mientras que la pobreza extrema pasaría de 7,6% a 10,7%

“El Estado de Bienestar se verá afectado”, dice Camino, al señalar que una persona ya no tendrá la capacidad de contar con un empleo adecuado y de acceder a servicios básicos y a la seguridad pública y social.

La migración hacia otros países ya no es una opción ni una válvula de escape, como lo fue en crisis anteriores, porque la crisis es mundial y porque el acceso al mercado laboral será limitado en países como Italia, España y Estados Unidos, a donde los ecuatorianos solían emigrar.

Sube la inseguridad

El efecto colateral del desempleo y la pobreza es el aumento de la inseguridad.

El experto en Seguridad y catedrático universitario, Lautaro Ojeda, cree que la delincuencia aumentará por las condiciones de desempleo e inequidad en el último año de gobierno de Moreno.

La inseguridad se va a diversificar, dice Ojeda, quien espera que las prácticas delictivas se vuelvan “más creativas”, y cita las estafas a través de Internet.

Ojeda considera que la inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía debe mejorar para controlar mejor la inseguridad y reducir la impunidad.

Además, dice Ojeda, el Gobierno debe equipar a las fuerzas del orden para realizar controles en la calle porque “existe una impresión de pérdida del sentido de autoridad”.