La pobreza y la pobreza extrema golpean más al campo, donde el 42,9% de la población vive con carencias económicas severas.
El 25% de la población de Ecuador o cerca de 4,5 millones de personas están sumidas en la pobreza, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Eso quiere decir que uno de cada cuatro ecuatorianos vive con USD 87,57 al mes, lo que significa que apenas puede cubrir el 12% de una canasta básica.
En junio de 2022, la canasta básica llegó a USD 751,04, impulsada por la inflación. Se trata de la cifra más elevada en el registro histórico.
De los 4,5 millones de personas que están en la pobreza, cerca de 1,9 millones viven en pobreza extrema. Esto equivale al 10,7% de la población.
Una persona está en condición de pobreza extrema cuando tiene un ingreso familiar per cápita inferior a USD 49,35 al mes. Es decir, ese ecuatoriano solo alcanza a cubrir el 6,57% de la canasta básica.
Los ingresos per cápita se calculan sumando todos los ingresos de un hogar y dividiendo el total para el número de personas que lo integran. Para ello se registran los ingresos laborales, así como los bonos, pensiones y otros apoyos sociales.
Menos pobreza, más informalidad
Según la información del INEC, las tasas de pobreza y pobreza extrema disminuyeron en junio de 2022 frente al mismo mes de 2021.
En ese tiempo, la pobreza cayó 7,7 puntos porcentuales, incluso por debajo de niveles previos a la pandemia de Covid-19, es decir, 2019.
Y, la pobreza extrema disminuyó cuatro puntos porcentuales, entre junio de 2022 y el mismo mes de 2021.
"La reducción de la pobreza es una buena noticia, pero el indicador aún es preocupante", dice Ana Patricia Muñoz, directora del centro de investigación Grupo Faro.
La caída de las tasas de pobreza y pobreza extrema responde, en parte, a la reactivación económica, que impulsó la recuperación del empleo, aunque la mayoría es informal.
El 51,6% de personas con un trabajo está en el sector informal, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).
En la informalidad las personas obtienen ingresos, pero lo hacen en empleos que no están regulados o protegido por marcos legales, explica la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ese entorno, los trabajadores pueden convertirse en víctimas de explotación.
“Los empleos informales generalmente son inestables, con bajos salarios, sin protección social ni derechos”, ha afirmado Vinícius Pinheiro, director de OIT para Latinoamérica.
La falta de empleo formal y la pobreza llevaron a cerca de 5.000 personas a realizar largas filas para aplicar a 200 puestos trabajo, en Quito, entre el 13 y 15 de julio.
Esos días, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) hizo una convocatoria para aplicar a vacantes de ayudante de recolección y servicios de aseo.
Pobreza en el campo
La pobreza y la pobreza extrema golpean más a la población rural, según el reporte de pobreza del INEC, publicado en junio de 2022.
En el campo, casi la mitad de las personas, el 42,9%, vive con carencias económicas severas. Y, el 22,7% está en condición de pobreza extrema.
La realidad del campo contrasta con la del área urbana, donde el 16,7% de la población está en situación de pobreza y el 5,2% en pobreza extrema.
Una de las causas de la pobreza en el campo es la falta de empleo adecuado, donde se gana al menos un salario básico (USD 425 al mes), sostiene Muñoz.
En Ecuador, el 34% de la Población en Edad de Trabajar (PEA) tiene un empleo adecuado. En cambio, en las zonas rurales es el 17,4%, tasa similar a la de hace un año.
El 80,8% restante de quienes son parte de la PEA del campo tiene un empleo inadecuado y el 1,7% está en el desempleo.
La falta de ingresos en el campo tiene consecuencias como la desnutrición infantil y la deserción escolar.
La pobreza y la falta de oportunidades laborales fue uno de los detonantes del paro nacional que fue liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), entre el 13 y 30 de junio de 2022.
Para aliviar las tensiones sociales y mejorar la situación del empleo, el país necesita una reforma laboral consensuada, que permita flexibilizar el mercado laboral, sin caer en la precarización, afirma Muñoz.
La directora de Grupo Faro agrega que, para paliar la actual crisis económica y social, el Gobierno debe mantener las ayudas directas, como el bono de desarrollo humano.
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