El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registra atrasos en los pagos de aportes patronales desde 2003. La mayor parte de la deuda la tienen empresas de la provincia de Pichincha, con USD 500 millones.
La falta de liquidez en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no solo se debe a la deuda que el Estado tiene con la institución. Los empleadores también tienen atrasos históricos de USD 1.639 millones.
Se trata de deudas por no haber entregado al IESS la retención del aporte patronal que hacen a sus trabajadores.
Los atrasos en los pagos por parte de los empleadores implican que los trabajadores, pensionistas y otros beneficiarios no puedan acceder a las prestaciones del IESS, como créditos y atención en salud.
Incluso, los trabajadores desvinculados no pueden beneficiarse del Seguro de Desempleo, debido a los atrasos de sus exempleadores.
El incumplimiento en el pago de los aportes no es solo producto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, pues hay atrasos que vienen desde 2003.
El IESS ha iniciado un proceso para cobrar esta deuda histórica. Solo en Pichincha existe un saldo pendiente de USD 500 millones, según el director provincial del Instituto, Andrés Campaña.
Campaña denunció recientemente a los 17 mayores deudores de la institución en la provincia de Pichincha.
Solo este grupo de empleadores tiene atrasos por USD 27,6 millones, que afectan a 12.045 trabajadores.
Acciones legales
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a las personas o empresas que retengan los aportes de sus trabajadores y que no los depositen en el IESS con una pena privativa de libertad de uno a tres años, o con la clausura de los establecimientos mientras se mantenga la mora patronal.
La experta en seguridad social, Patricia Borja, señala que esta denuncia demuestra que hay trabajadores perjudicados desde hace 17 años y que los problemas se ven a la hora de la jubilación.
“Para el proceso de jubilación, el IESS no contabilizará esos aportes porque no están pagados“, dice Borja.
Pero no es la única denuncia judicial interpuesta por la Dirección Provincial. A inicios de junio, Campaña presentó una querella en la Fiscalía en contra de Canal Uno y contra la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), por una presunta retención ilegal de aportaciones a la seguridad social de sus empleados.
En este entonces, la UTE adeudada más de USD 6 millones y Canal Uno registraba atrasos de más de USD 1 millón.
Campaña dijo a PRIMICIAS que ya existen resultados de las acciones legales interpuestas. La UTE, considerada la mayor deudora en aportes patronales en Pichincha, pagó USD 2 millones al IESS tras la denuncia.
Además, la universidad solicitó un convenio para el pago del resto de los atrasos en los próximos meses. La propuesta es analizada por el IESS.
Campaña afirma que la dirección provincial está trabajando en un tercer bloque de denuncias.
Los más afectados
El IESS informó a PRIMICIAS que está contando y clasificando a los empleadores que tienen atrasos con la institución por aportes patronales.
Varios proveedores del Estado, consultados por este medio, dicen que los atrasos patronales se producen porque no tienen liquidez, puesto que el Gobierno Central les debe dinero.
Marco Leguísamo, representante de 120 proveedores, dice que el Gobierno les debe USD 30 millones, desde septiembre de 2019 y que, desde octubre de 2019, comenzaron a tener problemas para pagar los aportes a la Seguridad Social.
Leguísamo representa las pequeñas y medianas empresas de sectores como salud, educación, seguridad, limpieza, tecnología y construcción, así como un grupo de microemprendedores que proveen bienes y servicios al Estado.
Pero la pandemia también influye en los retrasos de los pagos al IESS.
Manuela Gijón tiene un centro infantil privado en el norte de Quito. Entre febrero y agosto de 2020 registra atrasos por USD 10.000 en el aporte patronal al IESS por sus siete trabajadores.
Guijón dice que en su caso los atrasos obedecen a que muchos padres decidieron retirar a sus hijos de las escuelas particulares, al quedarse sin fuentes de ingresos por la crisis económica ahondada por la pandemia de Covid-19.
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