El gobierno baraja una nueva reducción del gasto corriente

El Ejecutivo busca opciones para bajar el gasto. Por ejemplo, la eliminación de las tres bonificaciones por residencia (tres salarios básicos) que reciben los asambleístas que viven en provincias

Nota actualizada a las 15:00, con una rectificación solicitada por la Corte Nacional.

Más austeridad. El Gobierno está considerando, una vez más, achicar el gasto corriente del Estado para contrarrestar los efectos económicos por la propagación del coronavirus.

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Desde hace un mes, funcionarios del área económica trabajan en la redacción de un nuevo decreto ejecutivo en el que se plantearían recortes especialmente en la nómina del servicio público.

Entre las medidas que se analizan están:

La revisión de la nómina y de los puestos estratégicos de las instituciones públicas para identificar cuáles son necesarios y cuáles no. El proceso tomaría unos 120 días.
La eliminación de las tres bonificaciones (tres salarios básicos unificados) que reciben los asambleístas por residencia, al menos, mientras dure la emergencia. También se suprimirían las dos bonificaciones que tienen los asesores de los legisladores.
Que ningún funcionario de las universidades gane más que el Presidente de la República.
La eliminación de los puestos ‘sobrevalorados’ del Estado.
La eliminación de las remuneraciones compensatorias.
La prohibición temporal de ascensos y reclasificaciones.
La prohibición de contrataciones por honorarios de servicios profesionales.
La eliminación del servicio de transporte para los servidores públicos.

¿Por qué toma tanto tiempo emitir el decreto? El Ejecutivo estudia los escenarios y la viabilidad jurídica para tomar decisiones de austeridad que pueden afectar a funciones del Estado.

Por eso, una fuente del ministerio de Finanzas dijo a PRIMICIAS que se desconoce cuánto podría ahorrar el Estado con este paquete de medidas.

Esto, así como el efecto de las desvinculaciones en el sector público, ayudarán a financiar, por ejemplo, el gasto corriente de los últimos meses del año, especialmente de entidades públicas deficitarias.

Las deficitarias son las instituciones que tienen un presupuesto aprobado para pagar la nómina de un número determinado de burócratas, pero en sus filas tienen más funcionarios.

Promesas, promesas y más promesas

Las medidas de austeridad, anunciadas por el gobierno en los últimos meses, siguen acumulándose sin concretarse.

El 10 de marzo, seis días antes de que se declarase el estado de excepción por la propagación del coronavirus, Moreno había anunciado varias medidas para reducir el gasto corriente.

En ese ocasión, el Mandatario anunció la eliminación de varias instituciones públicas, entre ellas:

La Secretaría de Juventudes.
Cuatro agencias de regulación y control.
Tres institutos.
Tres empresas públicas.
Cuatro secretarías técnicas.
La empresa de Medios Públicos.

Pero, con la crisis sanitaria el Ejecutivo no ha dado a conocer las instituciones que serán eliminadas y tampoco ha señalado las fechas cuando serán emitidos los decretos correspondientes.

El Gobierno tampoco ha presentado en la Asamblea la propuesta para que las personas que posean vehículos avaluados en más de USD 20.000 paguen una contribución única del 5% sobre el avalúo.

Hace un mes, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que esa contribución única generaría unos USD 220 millones al Estado.

Moreno también había anunciado que presentaría a la Asamblea la reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), como proyecto económico urgente.

Hasta la fecha tampoco se concreta ese anuncio.

Con la reforma legal se busca limitar la discrecionalidad del Ministerio de Finanzas al momento de modificar el Presupuesto del Estado ya aprobado.

Además, la reforma debería incluir un seguro petrolero que permitirá al Estado protegerse frente a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, según Martínez.

Rectificación. La primera versión de esta nota publicada la mañana de este domingo 12 de abril, decía que entre las medidas que analizaba el Gobierno constaba “La eliminación de los puestos “sobrevalorados” del Estado. Por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia tiene 1.700 puestos sobrevalorados, según una fuente de Finanzas”. Esta entidad, sin embargo, tiene solo por 283 funcionarios, según datos entregados por la Corte Nacional. Ofrecemos disculpas por la imprecisión.