El gobierno “va con todo” contra la minería ilegal, pero advierte que será un proceso largo

La madrugada del martes 2 de julio de 2019, unos 2.400 militares y policías, acompañados de 20 fiscales, tomaron el control de un yacimiento de oro explotado por mineros ilegales, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.

Un segundo operativo se organizó para las primeras horas del miércoles 3 de julio de 2019, según trascendió de fuentes cercanas, aunque los detalles fueron restringidos a los medios de comunicación para no interferir con el desarrollo de las operaciones.

La misma reserva se mantuvo acerca de la detención de 16 personas que fueron a órdenes de las autoridades.

Una cifra menor, comparada con el desalojo de alrededor de 1.200 hombres, mujeres y niños (según datos extraoficiales), de los cuales un 60% es de nacionalidad colombiana y venezolana, indicó el general Hernán Carrillo, director de operaciones de la Policía.

Según la Gobernación de Imbabura la evacuación fue pacífica y la gente salió en camiones del Ejército, furgones policiales, buses y camionetas particulares.

En las denominadas ‘Ciudad de plástico’, ‘La Visera’ y ‘La Feria’. “Los policías y militares usan megáfonos para llamar a la gente que baje de las laderas”, relatan los empleados de la Gobernación. En Ibarra no se percibe la presencia de mineros desalojados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, anticipó que en la terminal terrestre de Ibarra se ejecutaría un gran operativo para fomentar la salida de la gente, hacia sus lugares de origen.

Pero en la terminal no hubo ni la avalancha de personas, ni hubo la intervención anunciada. Tampoco se percibió en la ciudad una gran presencia de mineros. Tampoco se observó el ingreso de convoyes de vehículos con la gente traída desde Buenos Aires.

En cambio, en Urcuquí, un pequeño poblado situado entre Buenos Aires e Ibarra, por la tarde pocos mineros deambulaban por la calle y algunos se apostaron en las esquinas del parque central, en grupos de tres o cuatro personas.

Su vestimenta: chompa con capucha, mochila y botas, los diferenciaba de los moradores habituales.

Aunque se mostraron reacios a conversar, varios contaron que la gente salió de la parte baja de la montaña, pero monte adentro quedaron los mineros que tienen las armas. “A esos lugares aún no llegan los uniformados”, dijeron.

El puesto de mando de las operaciones se instaló en Buenos Aires. Allá solo puede ingresar personal autorizado por la Gobernación de Imbabura. El acceso solo está permitido hasta San Jerónimo, una parroquia cercana.

La evacuación será paulatina

Con la vigencia del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno, las autoridades prevén desalojar unas 5.000 personas, dijo el flamante gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo.

El funcionario, un lojano que antes fue alcalde de Ibarra y no resultó reelecto en las últimas elecciones, vaticinó que la evacuación se hará en forma paulatina.

Eso significa que la intervención demandará varias semanas, sobre todo hasta desmontar todo el equipamiento que se encuentra en la montaña.

En el primer operativo se incautó motores, poleas, material aurífero, radios portátiles, chancadoras y algunas motos supuestamente robadas. No hubo reportes de incautación de armamento.

Militares presos por dejar pasar camiones con material aurífero

En las zonas altas, donde se encuentra la veta de oro, todos andan armados para cuidar sus inversiones. Así lo dijo hace poco Luis Valencia, gerente de Mumbuenarsa, una minera ilegal.

María Paula Romo manifestó que durante 2018 fueron desarticulados 65 grupos delictivos y en lo que va del año otros 27. Y que en este tiempo se ha aprehendido a 869 personas vinculadas a delitos como extorsión, contrabando, lavado de activos, entre otros.

De ellos la mayoría no tiene sentencia, según el gobernador Castillo, una de las causas de la sobrepoblación en la cárcel de Ibarra.

Hace poco fueron apresados ocho militares que habrían cobrado de USD 35.000 a USD 50.000 por cada camión que dejaron pasar sin control con material aurífero.

El material es transportado hasta Zaruma (El Oro), para fundirlo. “Lo difícil es llevar el oro en piedras hasta Quito, de ahí en adelante todo es fácil”, aseguraron conocedores de lo que ocurre en la zona.

En las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos por la disputa del control. El último ocurrió el 23 junio de 2019, cuando se produjo un enfrentamiento a bala entre grupos armados que dejó cuatro personas heridas.

En dos años Buenos Aires triplicó la población

Desde finales de 2017, cuando se supo de la existencia de yacimientos auríferos se produjo una llegada masiva de personas. Así, Buenos Aires pasó de ser un pueblo de 2.000 a 10.000 personas.

En el otrora pacífico pueblo hay prostitución, delincuencia, lavado de activos, violencia y otros males que antes no existían, cuentan lugareños.

Allí la especulación y el contrabando son “pan de cada día”, por ejemplo un cilindro de gas puede costar USD 60, fácil de adquirir para gente que gana USD 100 diarios.

Aunque las autoridades lo niegan, en Ibarra todos hablan que entre los armados hay disidentes de la guerrilla colombiana. No obstante, este martes, la ministra aceptó la presencia de grupos de delincuencia organizada.

“Yo no me atrevo a ir a ese lugar ni tengo pensado enviar a mi gente para allá”, dijo a PRIMICIAS el ejecutivo de una empresa ibarreña, al relatar que un político fue amenazado de muerte por anunciar que iría contra las mafias que operan montaña adentro.

Adentro hay decenas de caminos internos, abierto trochas, muchas salidas, los ilegales han invertido en transporte, añade la fuente. Por eso lamenta que el Estado no haya enfrentado el problema hace dos años, cuando todo empezó.

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