Cuatro fideicomisos en los que invirtió dinero han incumplido con los términos del contrato suscrito y, en otros casos, no tienen los recursos para cumplir con las obligaciones.
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) afronta nuevos problemas con otras inversiones.
La entidad ya ha sido golpeada por una serie irregularidades por USD 532 millones a través de dos operaciones que ahora son cuestionadas y en las que intervino el intermediario financiero Jorge Chérrez.
Pero ahora los problemas vienen por el lado de cuatro fideicomisos en los que el Isspol invirtió dinero.
Según información de la Superintendencia de Compañías, los fideicomisos han “incumplido los términos contractuales suscritos” o “no tienen los recursos para cumplir con las obligaciones con el Isspol”.
Esos fideicomisos son:
- Fideicomiso Adokasa.
- Fideicomiso Green Oil.
- Fideicomiso San Juan de Inchalillo.
- Fideicomiso Cartera de Largo Plazo.
Los problemas con estas inversiones no se deben solo al incumplimiento de las contrapartes, sino a que son operaciones en las que no podía participar el Isspol, al tratarse de cesiones de derechos fiduciarios.
Un derecho fiduciario es un instrumento financiero a través del cual un inversionista adquiere una participación sobre un conjunto de bienes.
“Según el reglamento de inversiones y el marco legal, a entidades como el Isspol no les está permitido hacer este tipo de inversiones de cesión de derechos”, advirtió en entrevista con PRIMICIAS, el 30 de septiembre, la superintendente de Bancos, Ruth Arregui.
El Isspol, así como todas las instituciones que manejan recursos para pagar pensiones y que reciben contribuciones del Estado, solo están autorizadas para hacer inversiones a través de títulos emitidos y registrados en el mercado de valores formal.
La razón es que “las instituciones que reciben fondos del Estado y del Ministerio de Finanzas tienen que privilegiar la seguridad antes que la rentabilidad”, como lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero, afirmó Arregui.
PRIMICIAS solicitó al Ministerio de Gobierno información sobre el estado de los fideicomisos en los que ha invertido el Isspol, los montos y las razones para pedir las desinversiones, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
El ministro de Gobierno también es el presidente del Directorio del Isspol, tras una reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que data de 2016.
El responsable
De las cuatro cesiones de derechos fiduciarios que presentan incumplimientos tres fueron autorizadas por el general David Proaño, quien fuera director del Isspol entre 2015 y 2019.
El 10 de diciembre de 2020 el general Proaño fue destituido de su cargo en la Policía Nacional.
“La destitución es un acto administrativo mediante el cual los servidores son cesados definitivamente del servicio o de la entidad de la que dependan orgánicamente por haber cometido una falta administrativa muy grave“, sostiene el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
En septiembre de 2020 la exministra de Gobierno, María Paula Romo, develó que el Isspol había invertido USD 7 millones en otra cesión de derechos fiduciarios con la Universidad UTE. Esa operación también fue autorizada por Proaño.
Ricardo Hidalgo, rector de la UTE, ha dicho que fue el Isspol el que propuso a la universidad que le comprara sus derechos fiduciarios en un pacto de retroventa, lo que también está prohibido por el Código Monetario y Financiero.
Cambios en el Decevale
En ese contexto, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), que ha sido involucrado por la exministra Romo en las operaciones irregulares del Isspol por USD 532 millones, ha experimentado una serie de cambios en las últimas semanas.
El Decevale es una institución clave en el mercado bursátil porque es la encargada de realizar operaciones de compensación, liquidación y custodia de los valores negociados en bolsa.
Uno de los hechos más relevantes ha sido el cambio de presidente y de los miembros del Directorio el 18 de diciembre de 2020.
Ese día, la junta de accionistas del Decevale decidió que Roberto González Müller presidiera el Directorio del depósito, después de que Rodolfo Kronfle renunciara el 30 de octubre de 2020.
“Los nuevos directores fueron seleccionados por medio de un proceso dirigido por Price Waterhouse Coopers que garantiza que los nuevos miembros (…) no poseen vínculos directos con los directorios o administración de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito“, sostiene un comunicado del Decevale.
Y con un nuevo Directorio, el gerente general del Decevale, Carlos Carbo, será reemplazado, además el Decevale tendrá que contratar una Auditoría Externa Internacional.
El 30 de octubre de 2020 el depósito informó que Carbo solicitó una licencia de 30 días por motivos de salud, pero ahora su salida es definitiva.
A pesar de los cambios que está experimentando el Decevale, aún hay emisores de valores que buscan abandonarlo por los escándalos con el Isspol y escoger como nuevo agente pagador al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central (DCV-BC).
La última empresa que hizo el cambio, el 5 de diciembre de 2020, fue La Fabril, una de las mayores compañías del país.
El DCV-BC, que también es un depósito autorizado, actualmente custodia los bonos del Estado y otros tipos de valores empresariales.
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