La actividad minera ilegal persiste en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, pese a que está prohibida por una decisión judicial de 2011, que fue ratificada en 2018.
Detener las actividades de minería ilegal de oro en las parroquias Urbina y San Francisco, de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas requeriría de una "intervención de manera masiva".
Lo dice la Policía Nacional en un informe, al que accedió PRIMICIAS, sobre la inspección que realizaron en la zona los ministerios de Gobierno, Energía y Ambiente, las agencias de control, la Policía y las Fuerzas Armadas el 8, 9 y 10 de diciembre.
La inspección se dio tres semanas después del descubrimiento de un punto de minería ilegal en el sector Los Ajos, en San Lorenzo.
El 18 de noviembre, una mina ilegal de oro colapsó en Los Ajos y ocasionó el fallecimiento de cinco personas. Tras ese incidente, las autoridades se movilizaron.
Pero el informe de las inspecciones reconoce que la actividad extractiva ilícita continúa en los dos cantones esmeraldeños.
Esto pese a que la actividad minera está prohibida en esas jurisdicciones por una decisión judicial en 2011, que fue ratificada en 2018.
Tras un sobrevuelo por la zona, las autoridades detectaron 29 puntos de minería ilegal en los dos cantones y descubrieron unas 31 excavadoras, una pala cargadora, varios accesos a las minas ilegales, daños en "cientos de hectáreas" de bosque e indicios de contaminación en los ríos Santiago, Bogotá y Chuchubí.
Por todo esto, la Policía advirtió que se requiere una intervención masiva para frenar a los mineros ilegales en la zona.
Ruta de las inspecciones realizadas por autoridades del Estado, en Esmeraldas. Ministerio de Energía- Primicias
Ruta de las inspecciones realizadas por autoridades del Estado, en Esmeraldas. Ministerio de Energía-Primicias
La soluciones
Las autoridades se comprometieron, según el informe, a presentar una propuesta de intervención a la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Cecmi).
Pero, al mismo tiempo, analizarán la posibilidad de generar zonas de prohibición de actividades mineras, que faciliten las intervenciones por parte de las instituciones de control, considerando que existen dos sentencias que prohíben las actividades extractivas en los dos cantones de Esmeraldas.
Las autoridades también coincidieron en la necesidad de definir polígonos de la superficie afectada. La idea es que esa información sea usada por el Ministerio del Ambiente para que presente una denuncia en la Fiscalía por delitos contra el ambiente.
La denuncia, según el informe, debe contar con los estudios técnicos que muestren el grado de contaminación en los ríos antes mencionados. Actualmente, Ambiente reconoció que "no cuenta con la capacidad técnica" para llevar a cabo esos estudios.
Mientras que la Agencia de Regulación y Control insistió en que no se puede hablar de contaminación de los ríos mientras no existan análisis de laboratorio que certifiquen la calidad del agua.
Red de ilegalidad
En las inspecciones in situ, los representantes de las instituciones del Estado encontraron los factores de riesgo, vulnerabilidad y amenazas por detrás de las actividades extractivas ilegales.
Entre esas amenazas están las actividades ilegales en la zona norte, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de combustibles y de armas; además de la minería ilegal.
El comandante Miguel Zambrano, de la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo, dice que esas actividades irregulares dificultan la concreción de operativos de control.
Grupos irregulares captan a la población para que se encargue de las actividades económicas al margen de la ley y eso hace que los controles sean rechazados por la ciudadanía.
En ese escenario, la Policía y las Fuerzas Armadas solicitaron el respaldo de la Agencia de Control y de los Ministerios del Ambiente y de Gobierno para evitar posibles conflictos con la población.
Pero eso no es todo. Las instituciones reclamaron una mayor presencia del Estado en los dos cantones.
Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente solo tiene a dos personas en la zona, mientras que la Agencia de Regulación no tiene delegados en San Lorenzo. Su oficina más cercana está ubicada en Ibarra (provincia de Imbabura).
Otro problema tiene que ver con la organización de los traslados del personal militar para los operativos mineros.
El informe expone las dificultades logísticas durante un operativo en San Lorenzo, en noviembre. Según las Fuerzas Armadas, el operativo no obtuvo los resultados esperados, debido a las lluvias que dificultaron la movilización terrestre del personal militar.
Por eso, las Fuerzas Armadas recomendaron que para los próximos operativos de control, durante el invierno, el personal sea trasladado por vía aérea.
No sería la primera vez que la fuerza pública hace una intervención masiva para evitar la minería ilegal, el antecedente más inmediato es La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, que se convirtió durante meses en un foco irregular de extracción de oro.
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