A eso se suma que, desde este mes, los funcionarios de la función Ejecutiva verán una reducción de sus remuneraciones después de que se recortara su jornada a 6 horas.
El Ejecutivo sigue acumulando atrasos en el pago de la nómina de sus funcionarios y trabajadores. Cada mes, se destina un promedio de USD 700 millones para el pago de salarios.
Hasta mayo, existía un presupuesto comprometido de USD 3.510 millones, pero solo se pagó USD 3.204 millones. Es decir, existen atrasos de USD 306 millones.
El Ministerio de Finanzas no ha pagado todavía los salarios completos -de gran parte- de la Función Ejecutiva, excepto las instituciones de Salud, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de mayo.
Incluso, entre los atrasos hay obligaciones pendientes con el personal de educación y de las empresas públicas.
Un caso que conmovió a la opinión pública fue el de Carolina Espinoza, profesora el en cantón Playas de Villamil, quien pedalea a diario varios kilómetros para llegar a la casa de los alumnos que, por falta de internet, no han asistido a sus clases virtuales. Ella aseguró, el viernes pasado, que lleva dos meses sin recibir su salario.
Trabajadores de las empresas públicas
En Finanzas, además, están preocupados por los recursos que se necesitarán para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores que deberán salir de las dos instituciones públicas que serán eliminadas y de las ocho empresas públicas que se liquidarán.
El monto que se requiere alcanza los USD 37 millones y, como no hay liquidez en la economía ecuatoriana, Finanzas está realizando gestiones para buscar financiamiento internacional.
Una fuente del ministerio de Finanzas explica que es difícil que se indemnice a los trabajadores con los recursos que se obtengan por la venta de los bienes de esas instituciones públicas.
"La venta de los bienes tomará años", dice a PRIMICIAS. El plan, entonces, es que con los recursos que se obtengan por la venta de los activos se pague la deuda con el organismo internacional que preste los USD 37 millones al país.
Reducción en el salario
Desde junio, sin embargo, la presión para el ministerio de Finanzas -al menos, en lo que tiene que ver con el pago de salarios- tendrá un ligero alivio: la jornada especial diferenciada en las instituciones de la Administración Pública Central empezó a aplicarse desde el 1 de junio.
Así lo establece el Acuerdo Ministerial 117 del Ministerio de Trabajo, emitido el 20 de mayo.
Esa reducción implica una disminución de hasta el 16,66% del salario mensual del trabajador. Los servidores públicos verán esa reducción en los roles de pago de este mes.
Pese a la reducción de la jornada, el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) continuará siendo el mismo que se entregaba con la remuneración de ocho horas.
La medida aplica para los servidores de la Función Ejecutiva: Presidencia, Vicepresidencia y Ministerios y Secretarías.
El acuerdo ministerial también establece los sectores que no aplicará esta reducción:
- Los trabajadores del sector público que están dentro del régimen de Código del Trabajo.
- Los profesionales de la salud.
- El personal activo de las entidades que forman parte del Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
"Las demás funciones del Estado podrán adoptar estas disposiciones en el marco de sus competencias", dice el Acuerdo Ministerial 117.
El Gobierno también había anunciado en la cadena nacional que la reducción de la jornada laboral para los maestros sería de 1 hora. Sin embargo, el acuerdo ministerial no se refiere a esta posibilidad.
Durante una cadena nacional, el 19 de mayo, el presidente Lenín Moreno explicó que estas medidas son parte de las acciones del Ejecutivo para disminuir la masa salarial en unos USD 980 millones en 2020. El ahorro mensual por la reducción de la jornada alcanzaría los USD 50 millones.
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