Cuestionan la última alza del precio de las gasolinas Extra y Ecopais y del diésel e insisten en negociar compensaciones, dicen que les hicieron ‘trampa’.
Representantes de los transportistas aseguran que no hubo un acuerdo previo sobre la decisión del Gobierno de congelar los precios del galón de las gasolinas de bajo octanaje y del diésel, después un incremento de última hora.
Aseguran que, hasta ahora, no hay resultados de las mesas de diálogo que se instalaron con el Ejecutivo para hacer una focalización del subsidio a la gasolina y el diésel.
De las 11 federaciones de transportistas, seis están contra de la decisión del Ejecutivo: la Cámara de Transporte del Ecuador, la Federación de Transporte Urbano, la Federación de Transporte Pesado; la Federación de Servidores de Volquetas; la Federación de Taxis Ejecutivos y la Federación de Transporte Turístico.
Sus dirigentes consideran que los Decretos Ejecutivos 230 y 231 para congelar el precio de la gasolina de bajo octanaje y del diésel, firmados el 22 de octubre por el presidente Guillermo Lasso, tienen una ‘trampa’.
El decreto 231 suspende el sistema de bandas de precios que estaba en vigencia desde julio de 2020.
Ese mecanismo permitía un incremento paulatino del precio de las gasolinas de bajo octanaje y del diésel. Como parte de la fórmula se consideraba el precio internacional del barril de petróleo del mes anterior.
El objetivo de las bandas era eliminar paulatinamente el subsidio a estos combustibles, hasta que alcanzaran el precio internacional.
Los transportistas aseguran que el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso no se habla de eliminar la banda de precios (Decreto Ejecutivo 1054), sino de una suspensión de este sistema de control de precios.
El Decreto dice, además, que la medida “podrá ser revisada, según la situación económica y de las finanzas públicas” del país.
En cambio, con el Decreto Ejecutivo 230, el Gobierno reformó el reglamento que regula los precios de los derivados del petróleo, al añadir una disposición que dice que el Presidente de la República podrá establecer, “de manera excepcional, precios fijos para los combustibles”.
Brunis dice ‘trampa’
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de la provincia de Pichincha, asegura que ahí está la ‘trampa’ en los decretos ejecutivos.
“En ningún decreto se deroga la banda de precios y eso podría provocar que, en el futuro, el Presidente pueda aumentar, otra vez, el precio de los combustibles en el caso de que las circunstancias económicas del país sean negativas”, dice Brunis.
Fernando Valdez, presidente de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos de Ecuador -que representa a 22.000 conductores-, coincide en que los dos decretos ejecutivos no ponen fin a la banda de precios.
“Es una suspensión que puede terminar si la situación económica del país lo amerita. Estaríamos más tranquilos si el Gobierno eliminara la banda”.
El dirigente solicitó al Gobierno “medidas de compensación” para contrarrestar el impacto del incremento de los precios de los combustibles.
Insisten en focalización
Napoleón Cabrera, procurador común del transporte y uno de los líderes del diálogo con el Ejecutivo, dijo que, ante la decisión “unilateral” del Gobierno de congelar los precios de los combustibles, las bases están analizando “acciones”.
PRIMICIAS buscó la posición del Gobierno Central, pero hasta el cierre de la edición, a las 17:00 del 25 de octubre, no obtuvo una respuesta. Aunque voceros del Ejecutivo señalaron que la decisión de congelar los precios de los combustibles tuvo como base un acuerdo con los transportistas.
Cabrera afirma que los gremios del transporte buscaban el congelamiento de los precios de los combustibles, pero con los valores registrados en septiembre de 2021.
Ese mes, el galón del diésel se comercializaba en USD 1,65 y las gasolinas Extra y Ecopaís, en USD 2,39 el galón.
El Gobierno decidió congelar los precios en:
- USD 1,90 el galón de diésel.
- USD 2,55 el galón de las gasolinas de bajo octanaje.
Por eso, los dirigentes buscan algún proceso de compensación desde el Gobierno Central que permita reducir el impacto del aumento de los precios.
Cabrera reconoció que, durante las mesas de diálogo, hubo avances como:
- La renegociación de los créditos para el sector del transporte.
- Bajar aranceles o costos en los componentes de la operación del transporte: aceites, lubricantes, neumáticos y todo tipo de repuestos.
- La posibilidad de la renovación parcial del parque automotor.
- Exonerar aranceles a unas 4.000 camionetas populares y a 10.000 taxis.
Promesas que todavía no se han concretado.
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