El empleo se deteriora como resultado de la paralización económica

El INEC hizo públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), realizada de forma telefónica a 10.397 hogares, entre mayo y junio de 2020.

La “población en edad de trabajar” (PET, mayores de 15 años) alcanza los 12,5 millones de personas, de las cuales 4,9 millones (39%) son “población económicamente inactiva” (PEI).

Si bien la comparación con periodos anteriores es únicamente referencial, dados los cambios metodológicos necesarios por la pandemia, al revisar cifra de la PEI de diciembre de 2019 (último valor disponible pre-Covid) que se encontraba en el 35% se observa que hay un aumento de cerca de 600 mil personas en “inactividad”.

El aumento de la “inactividad” indica que hay menos personas trabajando o buscando empleo, pero también que hay más personas dedicadas a trabajo no remunerado del hogar (economía del cuidado) donde la pandemia ha generado una carga adicional.

En cuanto a la “población económicamente activa” (PEA, que es igual a la PET menos la PEI), el 13,3% se encuentra en desempleo (personas que no tienen trabajo, pero lo buscan), cifra que representa a un millón de personas e indica un aumento referencial de 700 mil personas en relación con el dato de diciembre de 2019.

Por su parte, en condición de empleo inadecuado se encuentran 5,3 millones de personas, lo que equivale al 80,3% de la PEA (aumento de 22,9 puntos porcentuales, en comparación con el 57,4% de diciembre de 2019).

Como efecto de la pandemia, apenas el 16,7% de la PEA cuenta con un empleo adecuado. Son sólo 1,3 millones de personas (mayores a 15 años y disponibles para trabajar).

Es decir, como resultado de la crisis económica se ha perdido el 59% de los empleos adecuados (quienes ganan igual o más del salario básico).

A lo que se debe sumar un aumento de “ausencias temporales” que alcanzaron el 23% del total del empleo, y una caída en las horas de trabajo semanales que pasó de 39,9% a 31,7% en el caso de los hombres y de 34,3% a 28,12% en el caso de las mujeres.

Estas cifras dan cuenta, de otras que aún el INEC no hace públicas. La caída de calidad y cantidad de empleo repercute en la perdida de ingresos de los hogares, su cobertura de la seguridad social y en sus condiciones de bienestar.

Quienes más han sufrido el deterioro del empleo son personas en el sector informal, mujeres y jóvenes. Esto aumenta tanto la pobreza como la desigualdad. Este es el principal problema de la economía ecuatoriana.

El bienestar, en términos de capacidad de consumo, empleo, pobreza y desigualdad es el principal problema económico. Sobre eso hay que actuar y priorizar los recursos (muchos o pocos que se tengan).

Consistentes con la meta 1.3 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que establece “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables”, de los cinco pilares de respuesta para la recuperación post-Covid que ha planteado Naciones Unidas el segundo establece “protección social y servicios básicos” y el tercero “proteger empleos y pequeñas y medianas empresas”.

En esa línea, la CEPAL propone establecer una renta ciudadana (transferencias directas de ingreso a todos los hogares).

En el contexto ecuatoriano esto requiere expandir las redes de protección social en términos de transferencias monetarias directas a todas las personas, o por lo menos a quienes en su hogar no cuentan con una persona con empleo adecuado, reasignar los incentivos fiscales existentes (gasto tributario) para empresas asignándolos con base en metas de mantener o aumentar empleo, y sostener las inversiones y gasto público como dinamizador de la economía.