Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y reemplazarlos con transferencias directas a los más pobres sería lo inteligente desde el punto de vista fiscal, distributivo y de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esto ha sido casi imposible. ¿Por qué?
Casi tres semanas de protestas sociales y paralizaciones en Ecuador dejaron varias personas fallecidas y heridas, cuantiosas pérdidas económicas y una fractura social que será difícil de curar.
Entre los resultados más visibles para la población está la reducción del precio de la gasolina y del diésel en USD 0,15 por galón.
En números redondos, esta medida le costará al gobierno ecuatoriano USD 400 millones al año, que se suman a los USD 3.000 millones que actualmente ya está gastando en subsidios a los combustibles.
Una cifra supera al 3% del PIB, que es mayor que todo el presupuesto de salud y que puede seguir subiendo, conforme los precios internacionales del petróleo aumenten.
Desde el punto de vista técnico, esta situación es absurda: los subsidios generales a los combustibles fósiles son costosos, ineficientes, regresivos y ambientalmente nefastos.
La mayor parte de ellos beneficia a las familias más ricas, que manejan los vehículos más caros, a los sectores industriales y comerciales, y al contrabando de combustibles, que suele utilizarlos como insumo para la elaboración de drogas.
Usando una metodología desarrollada por el BID, de los USD 400 millones de subsidios adicionales a la gasolina y el diésel conseguidos tras el paro, se estima que solo USD 30 millones beneficiarían al 25% de la población más pobre.
En consecuencia, eliminar estos subsidios (o al menos reducirlos) y substituirlos con subsidios focalizados para los pobres, sería lo inteligente no solo desde el punto de vista fiscal, sino desde una perspectiva distributiva y de sostenibilidad ambiental.
Para algunos analistas, este retroceso se debió a la oposición intransigente de la dirigencia indígena, manipulada por oscuros intereses políticos del correísmo, el comunismo mariateguista y el narcotráfico, y por la falta de firmeza del Gobierno que no reprimió los desmanes con mano dura.
Otros, incluso, acusan a los indígenas de ignorantes y de violentos. Sin justificar los excesos intolerables ni desestimar la influencia externa en los movimientos sociales, me parece que esos argumentos no son ni suficientes ni éticos.
Para entender mejor la naturaleza de estos fenómenos sociales, es necesario ir más allá de la teoría tradicional y ayudarse con herramientas de economía política y del comportamiento.
Una conclusión de dicha literatura es que, muchas veces, las políticas que nos parecen absolutamente racionales fallan por no tomar en cuenta el comportamiento de los individuos o de los grupos sociales.
Si bien la mayor parte del subsidio beneficia a los más ricos, el peso que tiene sobre los ingresos de los más pobres es mucho mayor. En otras palabras, un aumento de la gasolina en USD 0,15 por galón pasaría inadvertido para la clase media y alta, pero se comería una parte importante de los ingresos de los más pobres y erosionaría su poca posibilidad de ahorro.
Para colmo, el aumento mundial de los precios de los combustibles se da en un contexto de crisis económica causada por la pandemia y los incrementos de precios de los alimentos, desatados por la invasión de Rusia a Ucrania.
Aunque estos factores exógenos no estaban bajo el control o decisión del Gobierno, fueron la cereza encima del pastel, lo que exacerbó las causas estructurales del descontento que son la pobreza y la desigualdad.
La propuesta de aumentar el bono compensaría los costos adicionales por el incremento en el precio de la gasolina, e incluso ayudaría a mitigar el efecto del aumento de los precios de la canasta básica. Parecía lo más congruente, pero no funcionó.
Inspirados en los trabajos del premio Nobel de Economía Abhijit Banarjee, The Washington Post ofreció una interpretación alternativa de los hechos de octubre de 2019, que bien pudieron ser útiles para evitar lo sucedido en junio de 2022.
La gente pobre observa con certeza los costos, pero con incertidumbre los beneficios. Este fenómeno, más conocido entre economistas y sicólogos como 'aversión a las pérdidas', está detrás del conocido refrán "más vale malo conocido que bueno por conocer".
El costo del transporte y de los alimentos se ajustó rápidamente, pero las medidas compensatorias son percibidas como una quimera.
Hay una triple incertidumbre o desconfianza:
- Que el gobierno cumpla con el aumento del bono.
- Y que ese aumento sirva para cubrir todos los aumentos ocasionados por los combustibles y alimentos más caros.
- Que no haya corrupción en la administración de los programas sociales.
Por otro lado, las filtraciones por exclusión dejan fuera de las transferencias directas a una población importante.
Aquella que está marginalmente por encima de la línea de pobreza y no recibe el bono, tiene todos los costos y ninguna de las compensaciones. Por ello, la gente excluida de los mecanismos de compensación también salió a las calles.
Para evitar descalabros como los vividos, es bueno aprender de los errores de lado y lado. Para empezar, lo obvio: dialogar auténticamente y negociar con empatía y transparencia para atenuar la brecha de credibilidad y la desconfianza que se han agravado en este paro.
Entender la compleja situación económica que enfrenta el país desde una perspectiva técnica será esencial, pero también lo es tener una mejor comprensión del comportamiento y la dinámica social, más allá de interpretaciones simplistas y prejuicios ideológicos.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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