Hoy vamos a hablar de un tema del que nadie quiere hablar, del que la mayoría no sabe que existe: del gigantesco costo monetario de nuestras leyes.
¿Legislar hace al Ecuador más pobre? Sí, mucho más pobre. ¿Pero no se supone que una civilización necesita regulaciones y que las leyes se adapten a los cambios sociales? Sí. ¿Entonces? Vamos a ello.
El Poder Legislativo, como jugador titular, ha sido históricamente el encargado de quebrar al país. El Poder Ejecutivo, como jugador suplente, el responsable, de cuando en cuando, de liquidar nuestra economía con consultas populares. ¿Por qué? ¿A qué me refiero?
En toda democracia moderna para legislar, sea a través de la Asamblea o a través de la decisión popular directa, se cuenta con expertos (normalmente con título de cuarto o quinto nivel) en una rama del Derecho y de la Economía que pocos conocen: En Derecho Económico Legislativo.
¿De qué se trata? El Derecho Legislativo, como rama madre, divide la promulgación de leyes en una <<fase pre-legislativa>> (análisis de necesidades sociales que deben ser normadas; en una <<fase legislativa>> (la construcción de las leyes y análisis económico de su implementación); y, en una <<fase post-legislativa>> (evaluación de su implementación en eficacia, uso y costo).
¿Por qué esto es necesario? Porque cada nueva ley le cuesta no miles, sino millones de dólares al país. Y este análisis, el análisis de cuánto cuesta cada reforma o nueva ley, créanme, jamás en la historia de nuestro terruño a alguna almita caritativa se le ha ocurrido pensar.
Ejemplos hay muchos y hoy quiero compartirles didácticamente (sin tecnicismos ni detalles elaborados) algunos de ellos.
Se avecina una consulta popular donde numéricamente ya es obvio que ganará la pregunta 8, con lo cual se establecerán judicaturas especializadas en materia constitucional. Y sí, esto le hace falta al país, con urgencia.
Yo estoy de acuerdo. SI yo votaría, mi voto sería por el 'Sí'. ¿Pero saben qué nadie analiza? Cuánto cuesta que gane el 'Sí'. Piensen en lo siguiente: para implementar estas nuevas judicaturas y que sean eficaces, deberán contar con no menos de 20 jueces a nivel nacional (jugando a la baja).
Un juez de esa categoría gana aproximadamente USD 4.500 mensuales. Cada uno de esos jueces, para poder operar con celeridad, requerirá mínimamente de un secretario/a (USD 2.200 mensuales) y un/a asistente (USD 1.200 mensuales).
Ahora hagan las matemáticas incluyendo costo de mantenimiento de equipos, establecimiento físico para operar, recursos básicos, servicios básicos, etc. En fin, cada judicatura costará un aproximado mensual de USD 9.000. O sea, más de USD 2 millones anuales en total por las 20 unidades.
¿Ven? Ahora amplíen el abanico y diviértanse con los ejemplos. Esto sucede cuando se crean nuevas unidades de élite de la Policía (sí, tan necesarias); cuando militares salen a patrullar a las calles (piensen en el inmenso incremento en costos de operación); cuando se crean nuevos ministerios (ministerios enteritos, hasta con conserje); cuando se crean subsecretarías, cuando se abren nuevas embajadas, cuando se modifica la tabla de drogas, cuando se incrementan las penas (un gallo preso 40 años le cuesta al Estado más que el mismo gallo preso 12 años, es obvio), cuando se crean nuevas universidades o colegios públicos, etc.
Y así podría seguir infinitamente.
Y no, no es que quiera decirles que legislar esté mal. Lo que está mal es legislar sin expertos o sin el más mínimo análisis de Derecho Legislativo Económico.
¿Se dan cuenta que este es un país que no tiene ni para pagar sueldos, con un IESS quebrado (aunque todos quieran fingir demencia sobre este punto), que necesita subirnos los impuestos, pero en el que nadie se ha dado cuenta de cómo nos desangran legislativamente?
Y para evitar todo esto, además, es tan importante la <<fase post-legislativa>>, en la cual verdaderos expertos evalúan la implementación y aplicación real de las normas en el tiempo. ¿Para qué? Para medir su uso, utilidad, efectos sociales, efectos económicos y, sobre todo, vigencia y necesidad.
Créanme, ni se imaginan los cientos de miles de normas inútiles que imperan en el país, que nos hacen cada vez más pobres y que, por no ser evaluadas ex post facto, nadie las deroga.
Créanme, que el populismo legislativo genera entre las normas necesarias, normas absolutamente innecesarias, que hacen pobres a los mismos incautos que babeando votan por sus empobrecedores.
Pero para ser legislador se necesita ser mayor de 18 años. Nada más.
Por eso, si queremos ver un atisbo de luz al final del camino, necesitamos; primero, reevaluar económicamente las normas vigentes; segundo, empezar a exigir que los mejores legislen, y no tanta criaturita incapaz de deletrear su propio nombre.
Como abogado defiendo la existencia de normas que regulen a la población para alcanzar la armonía social. Pero me aterra ver que el remedio está saliéndonos más mortal que la enfermedad.
Mi propuesta: reordenemos normativamente al Estado desde lo económico. ¿Se apuntan abogados y economistas?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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