No hablamos el mismo idioma

¿Ustedes se imaginan un país con una Corte Suprema de Justicia en la que los jueces no hablen el mismo idioma que los litigantes? ¿Me creerían si les digo que existe un país envuelto en fango que impone a quienes administran justicia que escuchen alegaciones en un idioma que no comprenden y donde la traducción simultánea no es una opción?

Pues ese país existe. Se llama República del Ecuador. Y no, no es broma, ni es metáfora, ni exageración. Pero para narrarles esta aberrante historia, aún deben recorrer conmigo esta columna.

Así como en la Medicina, en el Derecho existen especialidades y subespecialidades. Usted coincidirá conmigo que, si se rompe un pie, irá directo al traumatólogo y, es evidente, que no se le cruzará por la mente que quien debe enyesarle la extremidad es un endocrinólogo. ¿Cierto?

Estamos de acuerdo que, en un escenario de insuficiencia cardíaca, se practicará un electrocardiograma, realizará una prueba de esfuerzo y hasta quizá se practique una angiografía coronaria. Coincidirá conmigo en que, si los exámenes arrojan la necesidad de una cirugía de corazón, usted recurrirá a un cardiocirujano.

Sé que está de acuerdo conmigo porque si decide que la cirugía de corazón se la practique un ginecólogo, es porque usted lo que necesita es un psiquiatra, para que le cure lo suicida.

Sí, si la cirugía de corazón abierto la realiza un urólogo o un pediatra, ¿sabe que va a pasar? La siguiente inversión familiar será en un lindo ataúd de roble francés y en la lápida de mármol dirá “aquí yace el cuerpo de un pendejo”.

Todos tenemos claro que los médicos, antes de ser especialistas, estudiaron medicina general. Sí, están capacitados para atender un parto, para frenar una hemorragia, para diagnosticar una enfermedad general, pero no para realizar actuaciones de gran nivel de especialización, lo cual solo se consigue con muchos años de estudio y experiencia.

Lo mismo sucede con la profesión de abogado. El Derecho tiene especializaciones y sub especializaciones. Existen especialistas en Propiedad Intelectual, en Derecho Energético, en Derecho Audiovisual, en Derecho Penal, en Derecho Civil, en niñez y adolescencia, en Derecho Tributario, en Derecho Constitucional y Administrativo, en Derecho Corporativo, en Derecho Espacial, en Derecho Internacional Público, en Arbitraje Internacional de Inversiones, etc. Así podría seguir ad infinitum.

Y en cada rama de especialización existen sub-ramas. Por ejemplo, yo soy especialista en Derecho Penal Económico, mientras otros penalistas son especialistas en Derecho Penal de Género, en Derecho Penal de Narcóticos, en Derecho Penal Sexual, en Derecho de Tránsito, etc.

Así como en la neurología hay sub especializaciones, como la neurología general, la neurocirugía pediátrica, la neuropatología, la neuro-radiología, la neurofisiología, etc., los abogados debemos ser especialistas y sub especialistas.

Por eso, si usted va a un estudio jurídico unipersonal donde un abogado dice ser experto en "Penal, Civil, Migratorio, Alimentos, Agropecuario, Tránsito, etc.", ese no es abogado, es un estafador. Por eso, si usted acude donde uno de esos abogados, es igual de bobalicón que el que recurre al cirujano plástico para tratarse un cáncer devastador.

Pero amigos míos, todo esto que suena tan obvio, resulta ser que no lo es para el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque se ha decidido, desde hace varios años hasta hoy, lo que les contaré a continuación (siéntense, no se vayan a caer).

1. Que los postulantes a la Corte Nacional de Justicia que ganen el concurso sean sorteados (al azar) a una sala especializada. Sí, es decir, si yo concurso para ser Magistrado de la Corte Nacional de Justicia y gano, me pueden enviar a la Sala Laboral, materia de la cual no sé ni un carajo.

2. Que los conjueces que reemplazan a jueces puedan hacerlo en cualquier materia. Ajá, conjueces penalistas resolviendo asuntos tributarios; conjueces civilistas resolviendo asuntos penales.

Esta es la realidad de nuestra Corte Nacional de Justicia. Los penalistas, he de confesar, hemos sido los que mejor parados hemos salido, pues todos los jueces titulares son penalistas, por ende, hablan el mismo idioma que Fiscalía y defensa. Por eso somos los que nunca nos quejamos. Cómodos estamos en tener al frente a jueces que nos entiendan.

Pero, por ejemplo, llevamos años teniendo una Sala de lo Civil regentada por penalistas. Pero no por culpa de los conjueces, sino porque al Consejo de la Judicatura no se le ocurre una idea más brillante que pensar que un dermatólogo puede hacer trasplantes de hígado.

Miren, yo que soy penalista, si me piden que resuelva un asunto civil o laboral o administrativo, voy a hacer pendejada y media. ¿Saben por qué? Porque yo no hablo ese idioma, no tengo ningún nivel de profundidad en una rama jurídica distinta al Derecho Penal. ¿Y quién paga los platos rotos? La ciudadanía, que pide un café y le sirven un vaso de agua con cianuro.

Existe un principio, uno de los más olvidados, denominado “Principio de Especialidad”, que quiere decir que los sujetos procesales tienen derecho a contar con un juzgador que comprenda la materia mejor que nadie. Pero si quien debe resolver un conflicto jurídico habla otro idioma y no puede entender ni media palabra expresada por los litigantes, ¿qué esperamos que resuelva?

Por eso, urge que el Consejo de la Judicatura respete el principio de especialidad. Por eso, es perentorio que los especialistas ejerzan con probidad en su especialidad. Por eso y hasta que esto no suceda, seguiremos siendo esta aldea sepultada bajo errores de traducción.

Así que ayúdenme a gritar a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ayúdenme a explicarles todo esto que suena tan evidente o, en su defecto, mandémosles a donde debemos enviarles: a tratarse las alergias con el proctólogo de su preferencia.