El gobierno anunció, como si de un gran logro se tratara, la firma de un acuerdo ministerial que, supuestamente, pone un techo a los salarios percibidos por funcionarios públicos: ninguno puede ganar más que el Presidente de la República.
Ninguna novedad. Ese techo ya existe desde 2010: con la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde octubre de 2010. Por eso, resulta una burla hacia los ciudadanos que el gobierno de Daniel Noboa pretenda adueñarse de una medida que ya se ejecuta desde hace casi 15 años.
¿Cuál es el propósito de hacerlo? Quizás obtener réditos políticos en un segmento de la opinión pública que insiste en considerar a los funcionarios públicos como trabajadores de segunda y que cree que mientras menos gane, mejor.
El discurso del Ejecutivo no precisa tampoco que las excepciones a ciertas contrataciones en sectores estratégicos se mantendrán porque están normadas en la Ley de Empresas Públicas. Esos salarios no se pueden reducir, incluso si son superiores a los del Presidente.
Por eso, los USD 20 millones que la Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dice que se ahorrará deberían ser desglosados y explicados con precisión. Hice un pedido de información a ese ministerio para saber a qué funcionarios, en qué ministerios y en qué montos se han reducido los salarios, pero aún no he tenido respuesta.
Lo que más me preocupa es que, en la vida cotidiana, no va a haber cambios significativos, pues si antes no se controlaban los techos salariales de los funcionarios públicos —como ha argumentado la Ministra de Trabajo—, un acuerdo ministerial redundante no va a hacer que eso cambie.
Al contrario, la narrativa gubernamental no aborda un tema irresuelto. Los montos absurdos que perciben ciertos funcionarios públicos, parte de esa burocracia dorada que le sangra al país sin ningún remordimiento.
Pienso, por ejemplo, en aquellos burócratas de la Corporación Nacional de Electricidad, (CNEL) que, amparados bajo un contrato colectivo mañoso e irregular, se han dedicado a llenar sus bolsillos con fondos públicos.
Una de las cláusulas de ese contrato, aún vigente, permite, por ejemplo hacer lo que llaman un “ajuste salarial en las pensiones jubilares” y el pago de un retroactivo desde enero de 2018 de USD 100 mensuales adicionales.
Eso significa que si un empleado sindicalizado ganaba USD 800 en esa fecha, para marzo de 2024 ganaría USD 7.400 mensuales, un ingreso por encima del techo presidencial.
Sobre esto, el acuerdo ministerial nada puede hacer. Primero, porque no es un salario, sino una remuneración; segundo, porque sería considerado regresivo en derechos.
¿Cómo se permitió que un contrato tan nocivo para el Estado se firme?
Con la complicidad de autoridades del Ejecutivo de aquel entonces —este contrato se renovó seis días antes de que Lenín Moreno dejara el gobierno—, y apelando a las mañoserías del sistema de justicia para garantizar un fallo favorable a un grupo de burócratas tramposos.
Ese contrato le costó al país, al menos USD 522 millones.
Habría, entonces, que negociar un nuevo contrato colectivo en el que se apele a la sensatez de un grupo de burócratas dorados acostumbrados a obtener privilegios a costa del dinero de todos los ecuatorianos. Dinero que podría destinarse a seguridad, salud o educación que tanta falta hacen.
Que el gobierno pretenda construir un discurso político favorable previo a una época electoral es comprensible, pero como ciudadanos no podemos dejarnos engañar por golpes de efecto que en la práctica no van a significar cambio alguno.
El país no necesita una infinidad de acuerdos ministeriales, lo que necesita es que se haga cumplir la ley vigente y que se ponga orden en los exorbitantes contratos colectivos.
Eso requiere de decisión política y de disposición a resultar incómodo. Ojalá el Presidente y su gobierno estén dispuestos a hacerlo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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