La comisión ocasional del caso Encuentro en el Legislativo tendrá listo su informe hasta el 23 de febrero de 2023. Los legisladores aspiran que este recomiende un juicio político en contra del presidente Lasso.
La comisión ocasional del caso Encuentro está por terminar su trabajo de investigación, y el panorama pinta complicado para el Gobierno. Entre las recomendaciones, los legisladores analizan incluir un pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
El borrador del informe estará listo para el miércoles 22 de febrero, y se votaría a más tardar el jueves 23, según la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES).
La clave estará en las recomendaciones, pues los legisladores hablan de una presunta responsabilidad política de Lasso en el caso. Estas se enfocarían en solicitar un juicio político, aunque la causal todavía no está bien definida.
La investigación del caso Encuentro surgió tras las acusaciones del medio digital La Posta de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Allí apareció el nombre de Danilo Carrera, el cuñado del Presidente, quien presuntamente gestionaba cargos públicos.
Este 13 de febrero, el mismo medio reveló ante la comisión ocasional nueva información que vincularía a Rubén Cherres, supuesto intermediario de Danilo Carrera, con un empresario albanés con presuntos vínculos con el narcotráfico.
El argumento de fondo
Aunque queda una semana para la definición del informe de la comisión sobre el caso Encuentro, los legisladores ya adelantan sus puntos de vista sobre los hallazgos de la investigación.
De momento, hay un consenso entre las distintas bancadas: no sería aplicable un nuevo intento de "muerte cruzada" desde la Asamblea.
Según la Constitución, esta opción solo se puede aplicar por una vez en el periodo presidencial, y ya se la utilizó durante el paro nacional de junio de 2022, sin que se logren los votos para destituir a Lasso.
La opción entonces sería un juicio político contra el Presidente.
"Con toda la información que tenemos, la comisión tomará algunas decisiones, entre ellas parece que va encaminado a dar al país una salida constitucional, puede ser un juicio político", aseguró Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión ocasional y militante del ala 'rebelde' de Pachakutik.
La causal, según Pazmiño, se configuraría con la denuncia de supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial de Lasso en 2021.
Una de las transcripciones filtradas por La Posta habla de un aporte de USD 1,5 millones de parte de Cherres y sus socios "para comprar pruebas, camisetas y mascarillas".
En los reportes presentados por el equipo de Lasso al CNE, Cherres no aparece como aportante a la campaña de Lasso. En cambio, muestran que Danilo Carrera sí aportó con USD 250.000 para la primera vuelta.
Las bancadas toman posiciones
Para UNES, sí habría una responsabilidad de Lasso que podría llevar al juicio político. Ferdinan Álvarez, miembro de esta bancada, señaló que "en lo político, podemos determinar que la responsabilidad sí alcanza a altas esferas gubernamentales, y el Presidente sí estaba enterado".
En el Partido Social Cristiano (PSC) no adelantan posiciones. Pedro Zapata, miembro de esa bancada en la comisión ocasional, dijo que hay que analizar las pruebas y "todo es posible".
"La Constitución tipifica algunos comportamientos del Presidente, pero lo relevante irá en el informe", añadió.
En la dividida Izquierda Democrática, no tienen aún una posición.
Wilma Andrade señaló que aún no hay algo en la investigación que implique directamente al presidente, aunque sí cree que hay pruebas de que hubo tráfico de influencias y que se debe indagar más en el financiamiento de la campaña.
En Pachakutik, son más cautos. Mario Ruiz sostuvo que su bancada no apoyará un juicio político porque el Presidente podría adelantarse y disolver la Asamblea, aplicando la "muerte cruzada" desde su lado.
"Nosotros exigimos transparencia, pero no nos vamos a prestar al jueguito de dejarle a este Presidente unos seis u ocho meses en el poder gobernando sin oposición", agregó.
Mientras que en la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) defienden que no hay nada que conecte lo denunciado contra Lasso.
Ana Belén Cordero incluso señaló que el informe filtrado por La Posta es parte de una investigación previa que fue archivada por pedido de la Fiscalía, con la venia de un juez, algo en lo que el Ejecutivo no tuvo nada que ver.
"La comisión no se ha mantenido neutral. La propia presidenta de la comisión (Viviana Veloz) se adelanta a lo que quieren hacer. Ya tienen historia, un relato y hasta responsables"
Juan Fernando Flores, coordinador de la BAN
El juicio político contra el Presidente
La Constitución establece la posibilidad de que la Asamblea enjuicie políticamente al Presidente por tres causales:
- Por delitos contra la seguridad del Estado.
- Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
En ninguno de estos casos, es necesario un enjuiciamiento penal previo.
El trámite comienza con una solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea, es decir 46 asambleístas. En la solicitud, se debe incluir la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Mandatario.
En máximo tres días, el presidente de la Asamblea debe poner la solicitud en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para la verificación de los requisitos.
Este organismo deberá remitir la solicitud a la Corte Constitucional, para que emita el dictamen previo de admisibilidad.
Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional debe sortear a un juez ponente, que tiene tres días para elaborar un proyecto de sentencia. Este se pone en conocimiento del Pleno, para su aprobación.
Si la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad, el presidente de la Asamblea tiene tres días para ponerlo nuevamente en conocimiento del CAL, y este organismo debe enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización.
Esa mesa legislativa tiene un plazo de hasta 30 días para presentar su informe, que deberá recomendar o no el enjuiciamiento político en el Pleno:
- 10 días para que el Presidente ejerza el derecho a la defensa.
- 10 días para la actuación de pruebas.
- 10 días más para la elaboración del informe.
Con el informe, el presidente de la Asamblea, en hasta cinco días, debe convocar al Pleno para el enjuiciamiento político al Primer Mandatario.
Para la aprobación de la moción de censura al Presidente, se requiere el voto de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir 92 votos.
También le puede interesar:
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último