La Asamblea destituyó el 13 de octubre de 2020 al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz. La fiscalización a las autoridades del Ejecutivo ha sido inefectiva.
En 41 meses de gestión, la Asamblea Nacional ha analizado en sesión plenaria 10 juicios políticos en contra de funcionarios del Estado. Pero solo consiguieron la destitución en los casos de autoridades fuera del Ejecutivo.
El último ejemplo es el del presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, quien fue destituido la noche del 13 de octubre de 2020 tras una larga jornada.
Los otros casos que alcanzaron la censura y destitución fueron contra otros miembros del Cpccs, encabezados por su expresidente José Tuárez, y del exfiscal Carlos Baca Mancheno.
En los demás casos el Legislativo apenas ha podido censurar a los exfuncionarios.
Cuando se trata del Ejecutivo, a la Asamblea se le complica concretar su objetivo. Cuatro de los 10 juicios políticos tramitados fueron en contra de ministros del gabinete de Lenín Moreno, pero ninguno ocupaba el cargo al momento de la fiscalización.
Además de que los pedidos y procesos de juicio político llegaron al pleno cuando los funcionarios ya habían sido reemplazados por el presidente Moreno o enviados a otros cargos en el extranjero. En el 75% de los casos, los votos tampoco alcanzaron para la censura.
La Constitución permite la fiscalización de los actos de las máximas autoridades del Estado durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de que hayan dejado el cargo.
El mismo escenario podría repetirse con el exministro de Finanzas, Richard Martínez, quien renunció al cargo, fue reemplazado por Mauricio Pozo y aspira a un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El exfuncionario tiene cinco procesos políticos en su contra, que habían sido represados por el presidente de la legislatura, César Litardo, durante meses y apenas están siendo tramitados por la Comisión de Fiscalización.
Además, la Comisión iniciará el trámite de juicio político en contra de otra ministra del Gabinete: María Paula Romo. El 13 de octubre llegó, después de nueve meses, la solicitud planteada por Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.
Juicios que no prosperan
Más allá de que los pedidos de juicios políticos demoran meses en el Consejo de Administración Legislativa, porque el presidente César Litardo no los coloca en el orden del día, hay otros que llegan a la Comisión de Fiscalización y no prosperan.
Esto es porque los procesos de fiscalización del último año se han iniciado por múltiples acciones de los enjuiciados. Y las acusaciones son poco específicas y no se centran en las funciones constitucionales de los interpelados.
Ya que el único motivo para la censura y destitución es el incumplimiento de funciones. En otros casos, entre los argumentos de los procesos ha habido temas que no calzan en esa categoría.
Christian Cruz, el titular del Cpccs, aludió a su favor que una supuesta arrogación de funciones no es un incumplimiento de funciones. Lo mismo dijo que su supuesta obtención fraudulenta de un carné de discapacidad.
Lo mismo sucedió con casos como el juicio contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que fracasó. Y uno de los tres intentos en contra de la misma ministra Romo, que también fracasó en 2019.
A estos problemas se suma la inestabilidad política de la misma legislatura en este periodo. Con una Comisión de Fiscalización cuyos miembros anteriores fueron cuestionados por supuesta corrupción y dos están investigados por la Fiscalía. Motivo por el cual el organismo fue reestructurado.
Pero la legisladora Wilma Andrade dice que más allá de la sustentación, los pedidos de juicio político siempre dependerán de la voluntad política de los legisladores, que en muchos casos ceden a factores o fuerzas externas. No importan la validez de las causales si no existen los votos para la censura, dice.
Aunque celebra las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que imponen plazos para cada etapa.
Así, de ahora en adelante los juicios ya no podrán ser retenidos por el Presidente, ni por el Consejo de Administración Legislativa, ni por la Comisión de Fiscalización. De ahora en adelante todos los procesos llegarán al pleno.
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