La ministra de Gobierno, María Paula Romo, es señalada como el eslabón de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El BADI fue parte del acuerdo legislativo con PAIS, y dio sus votos para las iniciativas económicas del Gobierno.
La Asamblea Nacional salió salpicada, nuevamente, en el escándalo de corrupción en el Hospital de Pedernales. El exlegislador Daniel Mendoza y otros procesados hablan de negociaciones de cargos políticos a cambio de votos.
Pero, no solo eso: también mencionan reparto de dinero a una bancada, el Bloque de Acción Democrática Integradora (BADI).
El tema no es nuevo. El también exasambleísta Eliseo Azuero, quien era coordinador del BADI, se autodenominaba el operador político del Gobierno en la Asamblea. Azuero, prófugo de la justicia, también está procesado junto a Mendoza por delincuencia organizada.
La ficha que completaría este esquema sería la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella es señalada por Mendoza y otros procesados de coordinar este intercambio, y de dar siempre el OK.
La funcionaria, sin embargo, ha negado en varias ocasiones haber cometido algún acto ilegal. Romo defiende sus conversaciones con los legisladores como la tarea propia del cargo que ostenta, pero niega cualquier reparto de cargos o instituciones.
El BADI, una bancada útil
El BADI, de momento, ya no funciona como una bancada. Después de las investigaciones que siguieron a la detención de Mendoza y la vinculación de Azuero, el bloque se desvaneció.
Sin embargo, en sus tiempos más fuertes, logró reunir a ocho legisladores. De hecho, la bancada casi se queda con la presidencia de la Comisión de Fiscalización en mayo de 2019, cuando la presidencia de la Asamblea fue entregada a César Litardo.
Justamente en ese mes, el BADI firmó el "acuerdo legislativo" que permitió la selección de Litardo y conformó una mayoría legislativa temporal. Este acuerdo le permitió al bloque tener puestos directivos en comisiones:
- Vicepresidencia de Régimen Económico: Franco Romero.
- Vicepresidencia de Biodiversidad: Freddy Alarcón.
- Presidencia de Participación Ciudadana: Raúl Tello.
- Vicepresidencia de Fiscalización: Eliseo Azuero.
Desde entonces, los votos de ese bloque fueron cruciales en el apoyo de las iniciativas del Gobierno, sobre todo en materia económica. Apenas dos de sus integrantes votaron por el archivo de la Ley de Crecimiento Económico en diciembre de 2019, y siete (un ausente) apoyaron su reemplazo, la Ley de Simplificación Tributaria.
A pesar de la ruptura del acuerdo legislativo con Creo tras el fallido juicio político a Diana Atamaint, el BADI se mantuvo de la mano del Gobierno. Aunque sus votaciones no son orgánicas, apoyaron la Ley Humanitaria y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en mayo de 2020.
Un escándalo más en una Asamblea desgastada
La Asamblea se enfrenta a uno de sus momentos más bajos en las encuestas. A poco más de cuatro mese de las elecciones, un sondeo de Cedatos les otorga apenas el 2% de credibilidad entre los ecuatorianos.
Al escándalo de Azuero y Mendoza se sumó el de los carnés de discapacidad. Este 29 de septiembre de 2020 un pedido de la Comisión de la Salud tiene previsto aprobar en los próximos días un borrador de informe que pide, entre otras cosas, una investigación a la obtención del carné del asambleísta Fabricio Villamar (independiente).
El juicio contra Karina Arteaga también está pendiente por "diezmos". Y a eso se le suman las investigaciones por este mismo caso que la Fiscalía aún no judicializa.
Todo esto se da en medio de la época preelectoral. La campaña comenzará el 31 de diciembre de 2020, y 38 de los actuales legisladores buscarán la releección. Del BADI, solamente Washington Paredes busca regresar al Legislativo.
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