Ante el total secretismo del Ejecutivo sobre la contratación de la construcción de las nuevas cárceles, ofrecidas por el presidente Daniel Noboa, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, cuenta que la demora en el proyecto se debe a la falta de efectivo del Estado.
Las cifras del 'éxito' del Gobierno, producto del estado de excepción y el conflicto armado interno siguen subiendo. Los detenidos se cuentan por miles y parece que el Estado recuperó, finalmente, el control de las cárceles.
En medio de este escenario y con una consulta popular de frente, el Gobierno mantiene la reserva sobre muchas de sus acciones, especialmente respecto al manejo de la seguridad.
Por ejemplo, de las nuevas cárceles de súpermáxima seguridad no se conoce más que las intenciones del presidente Daniel Noboa y que serían construidas por la misma gente que trabajó con Nayib Bukele, en El Salvador.
En conversación con PRIMICIAS, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, explicó que, más allá de la reserva de la información por temas de seguridad, esa promesa del Primer Mandatario tropezó con la falta de efectivo en las arcas del Estado.
A continuación los detalles que contó el viceministro Torres sobre los siguientes pasos del Ejecutivo frente al conflicto armado:
Las cifras del Gobierno hablan de miles de detenidos y 241 por presunto terrorismo, ¿creen que todos ellos lograrán ser procesados judicialmente?
La detención no significa condena de los detenidos y, específicamente, los involucrados en tema de terrorismo tienen una competencia especial que son los jueces Anticorrupción.
Pero ya puestos en manos de la justicia, donde ya hemos tenido algunos casos feos de que vuelven a salir en libertad, estamos combatiendo el mal uso de las acciones constitucionales.
Por eso es que una de las preguntas de la consulta popular es para crear la justicia constitucional diferenciada, para que no haya un festival de acciones de protección y habeas corpus, que son las que liberan, especialmente, a los mejor armados, a los mandos medios y altos de las bandas.
Pero, en la práctica, el alivio que se siente en la calle porque los delincuentes no están en la calle y, por supuesto, esperamos que no salgan.
¿Han conversado con las autoridades judiciales para tratar el tema?
Permanentemente. Insistir en que se cumplan la ley y la Constitución no significa interferir en la justicia. Entonces estamos hablando con la Judicatura y con la Corte Nacional de Justicia.
Hay buena comunicación, pero no podemos actuar como jueces. Pero se les está pidiendo que pisen el acelerador para que se adapten a la realidad del Gobierno en tema de seguridad.
¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar los excesos en el uso de la fuerza? Porque ya hay denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Un control permanente de las acciones de policías y militares, en donde sí recalco que, si uno ve las estadísticas, la ciudadanía pedía más abatidos desde el inicio de la declaratoria de guerra interna. Pero, si se ven los números, se sorprenderá de que no pasan de 10 los abatidos en conflicto con militares o policías.
Creo que se ha manejado muy profesionalmente. E incluso el día de mañana (jueves), en la cárcel de Cotopaxi, hay un recorrido con las Fuerzas Armadas, para que se conozca lo que está pasando.
Y hay organismos internacionales y está el propio Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer, permanentemente, haciendo las revisiones necesarias y documentando lo que está pasando, para que no haya ningún problema posterior.
¿Qué pasa con las denuncias sobre abusos dentro de las cárceles?
Esas críticas han sido identificadas y están relacionadas con las personas de máxima peligrosidad y los mandos medios de estas bandas, que tienen una lógica de desgastar las acciones del Gobierno.
Sin embargo, si se habla con los familiares de aquellos que eran extorsionados por estas personas, dentro de las cárceles, están agradeciendo que no tienen que pagar USD 500 mensuales para vivir en la cárcel.
Incluso hubo una acción judicial, que la estamos rastreando. Se tiene que ver ahí los abogados y los jueces involucrados, que son pillos comprobados.
Pero todo se escucha, porque puede ser que en algún momento lleguen a haber excesos y eso se tendrá que corregir inmediatamente y sancionar a los responsables.
Esas críticas aisladas las enfocaría en una estrategia de los delincuentes para evitar los traslados y los operativos.
¿Qué está planificando el Gobierno para cuando se terminen los 60 días del estado de excepción y del conflicto armado?
No pueden salir este rato los militares de las cárceles. Eso significa que habría que renovar el estado de excepción para que la presencia de los 10.000 militares permanentemente se mantenga.
Eso jurídicamente tiene que darse y hay una pregunta en la consulta que busca que los militares apoyen permanentemente a la Policía, la que aprobó la Asamblea Nacional, que tiene que ser ratificada, y otra sobre el control de armas permanente.
Entonces, si la consulta llega a ser aprobada y tiene el favor popular, complementaría un poco esa presencia de los militares, no solo en el cuartel y la frontera. Pero, por lo pronto, tiene que ser renovado el decreto.
¿El estado de excepción se renovaría en las mismas condiciones o solo en las cárceles?
El problema que vive Ecuador es el problema que vivió El Salvador, todo está enfocado a los centros penitenciarios. Y una vez que se retomó el control, se acabaron, en gran medida, los centros de operación de los delincuentes.
Entonces, hay lugares más sensibles donde hay cárceles y otras donde no hay. Y el enfoque tiene que estar donde hay cárceles, especialmente en las complicadas.
Están las cárceles de Guayas, Pichincha, Cotopaxi, donde no hay como aflojar ni un poco.
Sin embargo, aunque la Corte Constitucional se esté demorando en efectuar su control, ¿han tomado precauciones en caso de que se modifique o se dé de baja el estado de excepción?
Hemos estado en permanente contacto formal con la Corte Constitucional y agradecí, incluso, la sensibilidad que tuvieron para dar paso a cuatro preguntas de reforma constitucional, que se sumaron a las seis primeras y a la de la Asamblea para la consulta.
Pero la Corte está consciente de que las cosas se tienen que hacer dentro del marco de la ley y que se están haciendo bien.
Si no, no me cabe duda de que habrían tomado una decisión a la semana de expedido el decreto.
En cuanto al sistema penitenciario, ¿qué pasó con la promesa del presidente Noboa de construir nuevas cárceles? ¿El costo será el de los USD 125 millones planteados en la proforma presupuestaria?
Las cárceles van porque van, son necesarias. Más allá de que no son masivas, son específicas para los máximos presos que ahora están todos custodiados en La Roca, bajo siete llaves.
Se van a dar, evidentemente, los procesos de contratación son un poco confidenciales por la realidad. Más allá de que el diseño se hizo público, el plano se tiene que mantener en sigilo.
Lo que se espera desde el Gobierno, es que esto esté construido en los meses previstos, porque son partes prefabricadas que llegan, no hay que hacerlas de cero.
El objetivo es que, con los pocos recursos que se tiene y con los esfuerzos que se ha tenido que hacer con los constructores internacionales, esto esté para enero y febrero del próximo año.
Sin embargo, se desconoce por completo esos procesos de contratación. ¿Dónde está esa información que debe ser transparentada, aunque ciertas partes se mantengan bajo reserva?
Creo que está todavía cerrándose la tratativa de muchos detalles de los contratos. Sé que los constructores son aquellos que también construyeron cárceles en México y en El Salvador, son internacionales, pero mayores detalles tampoco los tengo este rato y, si los tuviera, no sé si podría transmitirlos completamente.
Aunque me imagino que sí, porque creo que el diseño de las cárceles es el importante. Pero el tema de los costos creo que va a ser público.
Es que resulta extraño que, de ser una licitación internacional tan importante, no se conozcan ningún detalle del proceso precontractual. El secretismo es absoluto.
No tengo los detalles del proceso. Eso está manejando sobre todo el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República.
Lo que puedo anticipar es que, por la falta de recursos, se ofreció el pago en bonos porque no había el efectivo y eso está demorando las negociaciones.
Es lo mismo que está pasando ahora con los municipios.
Pero el proceso eventualmente será público.
¿Cómo está la cooperación internacional en materia de seguridad?
Estados Unidos es un gran aliado, por supuesto. Hubo el impasse diplomático que se generó por el tema del armamento ruso. Pero, más allá de eso, se mantiene la cooperación en colaboraciones de equipos y recursos.
Lo más importante es el 'know-how' de inteligencia y el aporte también que dan Estados Unidos en temas de desarticular operaciones criminales que son regionales.
Sabemos que va a haber un apoyo de la CIA.
La CIA tiene ya una oficina en Bogotá, están pensando en hacer un pequeño equipo acá, que apoye a Ecuador también, dentro de la propia Embajada.
Están los dos convenios internacionales que finalmente tuvieron ya el visto bueno del Presidente, que también implican ayuda y cooperación.
Pero también estamos esperando y de cualquier aliado la ayuda necesaria que es muy bienvenida.
Por ejemplo, con Argentina también ha habido una gran cooperación de traer personas que estaban prófugas allá, como la familia de 'Fito' y el señor Luque Lecaro.
En ese tema preciso de la detención de Hernán Luque Lecaro, ¿cómo está el proceso de extradición?
Él sigue peleando judicialmente para quedarse allá, con un excelente grupo de abogados, habría que rastrear quién les está pagando.
¿Puede Ecuador hacer algo al respecto?
Sí, oponerse, pelear también judicialmente y finalmente imponerse y traerlo. Si no se hubiera complicado el proceso judicial, la semana pasada ya debía haber estado acá.
¿Qué está haciendo el Gobierno para enfrentar la violencia que persiste? Estas últimas semanas ha habido noticias trágicas, que incluyeron el asesinato de menores de edad.
La violencia no va a desaparecer al 100%. Pero hay que diferenciar los asesinatos de personas con antecendentes de narcotráfico, luego, por ejemplo, de una incautación. Uno puede entender que hay una relación directa.
Pero hay casos que lamentablemente no están relacionados a esto y permanecerán aislados, como lo que pasó con las niñas. Es la violencia común que hay que seguirla combatiendo, encerrando y buscando un tipo de prevención, que es lo más importante.
Y hay que seguirles dando el tratamiento necesario: respuesta inmediata, apoyo a las víctimas, concientización. Todavía hay mucha violencia respecto a la mujer y se va a reactivar de verdad el tema de prevención en la materia.
Son temas con los que lamentablemente convive cualquier sociedad, la diferencia es qué respuesta se le da. Y creo que la respuesta del Gobierno ha sido contundente.
En el ámbito político, ¿cómo está la relación con la Asamblea Nacional? ¿Qué espera el Gobierno del polémico debate de las reformas penales?
La relación con la Asamblea ha sido altamente positiva, respondiendo a las diferencias de todos los grupos. El Presidente de la República incluso fue a la Asamblea al cambio de guardia, en un acto simbólico.
Es importante mantener esa relación, aunque seguiremos teniendo diferencias, pero sin entrar a un choque personal, feo, que no le ayuda a nadie.
Con las reformas al COIP, fue en parte una impericia legislativa. Yo estuve en la Comisión de Justicia, sé lo difíciles que son las reformas penales.
Pero el Gobierno no es partidario de archivar toda la reforma y queremos salvar lo bueno. Por eso hemos lanzado una moción de tres bloques para que en los temas que están mal planteados nos podamos abstener o votar en contra.
Lo bueno va en temas de incremento de penas, precisión en ciertos delitos, mejora de tiempos en ciertos procesos judiciales.
¿Qué pasa con la relación con el socialcristianismo y el correísmo?
Al inicio hubo un entendimiento para ordenar la Asamblea en la sesión inaugural, a nivel de comisiones y, fuera de eso, para mantener una relación de diálogo permanente en cada uno de los temas y eso se va procesando ley por ley, resolución por resolución.
La diferencia política que se vive ahora con la Asamblea es que se puede dialogar y el Gobierno abierto un diálogo con todos, incluso con Construye.
¿Qué sucede con los sectores sociales, como la Conaie?
No solo hemos hablado con el movimiento indígena, sino que la incorporación del Secretario de Pueblos, que fue una figura histórica de la Conaie, el señor Marco Guatemal, nos ha permitido abrir la puerta de verdad a las organizaciones indígenas y sociales.
Lo mismo pensamos hacer en la Secretaría de Educación Intercultural. Y tener un excelente diálogo con todas las organizaciones, incluso con las que conforman la Conaie.
Ha habido diálogos indirectos también con el señor Leonidas Iza, por la coyuntura de la Universidad Amawtay Wasi. Y creo que hemos manejado bastante bien eso.
Esperamos que haya esa madurez política por parte de las organizaciones sociales.
¿Qué pasó con los acuerdos a los que llegó el movimiento indígena con el Gobierno anterior?
No es que se desconoce lo que se hizo antes. Pero el nuevo gobierno sí tiene una nueva perspectiva de cómo manejar la relación con las organizaciones sociales, mucho mejor que firmar un papelito por no haber hecho las cosas antes.
Nosotros empezamos a hacer las cosas bien desde el primer día y por eso mantenemos una buena relación con todos. Hay un mejor entendimiento y esperamos que eso se mantenga así.
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