Salcedo transfirió acciones tres días después de operativo y antes de huir

Por el caso de peculado en el hospital Los Ceibos del IESS, la Fiscalía procesa a un total de nueve personas. Dos de ellos son amigos y colaboradores de Daniel Salcedo.

El 4 de mayo de 2020, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo en el hospital Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los allanamientos se extendieron hasta la empresa Silverti S.A. y varias casas en Guayaquil, Daule y Quito.

Fue uno de los primeros escándalos que descubrió la Fiscalía en la emergencia sanitaria y abarcaba la compra con sobreprecio de fundas para cadáveres, que servían para trasladar a fallecidos por Covid-19.

En plena pandemia, el hospital Los Ceibos pagó USD 148 por cada funda, cuando en el mercado local se podían encontrar en hasta USD 12.

El contrato adjudicado fue adjudicado a Silverti S.A. por USD 594.000. Ahora se conoce, tras las nuevas investigaciones de la Fiscalía, que una parte de este dinero fue transferido en favor de la empresa Bioim CIA.

Mientras que la compañía Bioim está vinculada a Ecap-Mediq. Daniel Salcedo, principal sospechoso de la red de corrupción en hospitales públicos, fue accionista de esta última empresa hasta el 7 de mayo de 2020.

Tres días después de los allanamientos Salcedo transfirió el paquete de 400 acciones de Ecap-Mediq a su amigo y colaborador Jorge San Lucas.

En tanto que el 50% restante le pertenecen a otro amigo de Salcedo, Alejandro Barahona. Este último fue contador de Bioim.

San Lucas y Barahona son procesados por la Fiscalía en el caso de peculado del hospital Los Ceibos. Sus nombres han sido incluidos en el proceso desde el pasado 18 de agosto, al igual que otras dos personas: Sandra Ortega Romo y Lenín Romo.

En total, nueve personas son investigadas en este proceso que tiene a Salcedo liderando la red de corrupción.

Empresas vinculadas

Silverti S.A. se constituyó como compañía en 2011, con la actividad económica de compra y venta de insumos médicos.

Según información de la Superintendencia de Compañías, en 2018 registró ingresos por más de USD 6,7 millones. Cristina Benavides Montenegro y Sandra Ortega Romo constan como socios de Silverti S.A.

En el portal de transparencia del IESS, la empresa consta como proveedora de tres hospitales entre 2016 y 2018. El monto de las adjudicaciones es USD 400.162.

La emergencia sanitaria fue, incluso, una mejor época los negocios de Silverti con el Estado. Durante ese tiempo la empresa logró contratos por USD 1,25 millones.

En tanto que Bioim CIA, otra de las firmas mencionadas, se creó en 2016 y tiene como accionistas a Lenín Romo y Gustavo Acosta Romo. Es una empresa familiar, en la que Sandra Ortega Romo fue presidenta en 2016.

Hasta 2018, año de los últimos balances, reporta una utilidad por USD 57.500.

Mientras que la tercera empresa vinculada, Ecap-Mediq, se encuentra activa desde 2018. Ese mismo año registró una ganancia neta de USD 11.100.

Cuando la Policía detuvo a Salcedo en junio de 2020, Ecap-Mediq no constaba en el listado de empresas bajo su administración. Esto se debe porque había transferido las acciones un mes antes.

Traslado de Salcedo, pendiente

Al momento, hay cuatro procesos penales en contra de Salcedo: peculado por la venta de insumos con sobreprecio en el IESS, asociación ilícita, lavado de activos y fraude procesal.

Estos dos últimos tiene que ver con su fallida fuga a Perú. Mientras que el delito de asociación ilícita es parte de un proceso mayor que involucra a la familia Bucaram, por la venta ilegal de insumos en hospitales públicos.

Incluso ‘Dalo’ Bucaram Pulley se hospedó en una de las propiedades de Salcedo en Miami. Además indicó que el detenido financió parte de su campaña presidencial en 2017.

Exteriores de la cárcel El Inca el pasado 4 de agosto de 2020. API

Salcedo guarda prisión preventiva en la cárcel El Inca, en Quito. Pero el juez de garantías penales Reynaldo Cevallos ha ordenado su traslado hasta la Cárcel 4, también en Quito.

“Salcedo había indicado en oficios que fue amenazado de muerte. Y el pedido de traslado de cárcel lo hizo la fiscal Claudia Romero”.
Reynaldo Cevallos, juez de garantías penales de Guayas.

Según Cevallos, el traslado a la nueva cárcel sigue pendiente puesto que el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI) lo declaró no viable.

“El SNAI indicó que la Cárcel 4 no es de máxima seguridad y no tiene departamento médico”, añade Cevallos. Producto del accidente de avioneta en su huida a Perú, Salcedo aún tiene una herida en la pierna y requiere atención médica constante.

La solicitud de movilización a la otra prisión debe solucionarse este fin de semana, mientras que la instrucción fiscal por peculado en el hospital Los Ceibos termina en octubre.