José Cabrera, vocal del CNE: La consulta y el referendo serían a finales de abril

El CNE trabaja en paralelo en la planificación de las elecciones presidenciales de 2025 y en las de la consulta popular y referendo que deberá realizarse en los próximos meses. El presupuesto de la consulta popular rondaría los USD 55 millones.

El 2024 será un año complicado para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo debe declarar, en los próximos días, el inicio del periodo electoral para las presidenciales y legislativas de 2025, mientras organiza una consulta popular y referendo para los próximos meses.

La planificación de los dos procesos electorales se deberá realizar en medio de dos coyunturas complejas: la crisis de violencia e inseguridad en el país, y la crisis económica que atraviesa el Estado.

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En ese contexto, el CNE ya adelanta la planificación de las votaciones de 2024 y 2025. Aunque el organismo todavía tiene deudas de anteriores procesos electorales, que no han sido saldadas.

José Cabrera, consejero de la institución, conversó con PRIMICIAS y adelantó que todavía no hay un calendario en firme para los dos procesos. Sin embargo, aseguró que la consulta popular y referendo no alcanzarían a marzo, la fecha que el presidente Daniel Noboa quería.

Pero todo dependerá del mismo Noboa, que aún no ha emitido el decreto ejecutivo con las preguntas, tras el dictamen de la Corte Constitucional.

¿Cómo va la planificación de las elecciones 2025?

Tenemos un borrador de calendario electoral, que se está coordinando con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). En estos días, la señora Presidenta convocará a una sesión del Pleno para aprobar el calendario y el inicio del proceso electoral, con miras a las elecciones de 2025. Pero, obviamente, tenemos que esperar la convocatoria.

Tenemos que aprobar el presupuesto, los planes operativos, la matriz de riesgo, todos esos temas para iniciar el proceso electoral en cada una de sus etapas, e ir cumpliendo los hitos que corresponde.

¿Hay un monto aproximado del presupuesto?

El CNE todavía no ha aprobado ningún presupuesto, pero debería ser un valor muy parecido al proceso de las elecciones anticipadas, de alrededor de USD 80 millones.

Pero ahí se excluyeron gastos que la Presidencia hacía como pago directo, por ejemplo, el tema de militares y la impresión de las papeletas.

Hay organizaciones políticas que están en proceso de inscripción, como el movimiento ADN del presidente Noboa. ¿Cuántos partidos más podríamos tener en 2025?

Han pedido la clave para comenzar a recolectar firmas, seis movimientos nacionales y dos partidos.

Tenemos un equipo de 60 personas que está trabajando en esa verificación de firmas porque, obviamente, debemos dar respuesta en el menor tiempo posible para que las organizaciones políticas sepan.

Pero el CNE también viene trabajando en una depuración del registro de organizaciones políticas. ¿Cuántas se han cancelado?

Es una de las obligaciones que tiene el CNE: depurar el padrón de organizaciones políticas con los que no han cumplido lo que indica la ley. Se les ha dado el derecho a la defensa, se les ha dado los 10 días para que presenten sus argumentos.

Hasta el momento hay 17 movimientos locales cancelados, y 26 que están en proceso, a los que se les ha dado 10 días para que presenten sus descargos.

Además, hay una organización nacional cancelada, que está en proceso de impugnación. Es el caso de Mover (antes Alianza PAIS).

Ecuador irá elecciones en medio de una crisis fiscal. ¿Ya se han cerrado los pagos pendientes de las elecciones anteriores?

Lamentablemente, todavía tenemos deudas. Se me ha informado que hay un aproximado de USD 10 millones que todavía no han sido cubiertos, para pagar funcionarios que trabajaron en el proceso electoral anterior.

No hemos pagado a miembros de juntas receptoras del voto, ni proveedores, al igual que medios de comunicación que dieron sus servicios para franjas publicitarias.

Por parte del CNE, se ha entregado al Ministerio de Finanzas todos los documentos habilitantes, pero Finanzas no hace las transferencias a los proveedores. Esto ha causado protestas y reclamos, pero el CNE ha cumplido con su trabajo.

En este contexto, iremos a votaciones en los próximos meses para una consulta popular y un referendo. ¿Estas deudas podrían generar problemas?

Para mí es una preocupación grave el tema económico, porque no se ha pagado del los procesos anteriores y vamos a iniciar un proceso que debemos ejecutar en 60 días.

En cuanto tengamos oficialmente la convocatoria (a la consulta y referendo), debemos tener ya los recursos, porque tendríamos que hacer los contratos de bienes y servicios en apenas 15 o 30 días. Y a su vez, hay contratistas que tienen que hacer sus importaciones, como el Instituto Geográfico Militar, que importa el papel de seguridades desde Canadá.

En las provincias pequeñas, hay muy pocos proveedores y, si se les está debiendo, simplemente no darán los servicios. Entiendo la dificultad en que está el país económicamente, pero nosotros también tenemos que cumplir.

Ya hablando sobre esa consulta y referendo, ¿se ha definido ya cuándo serían las votaciones? ¿Alcanzan para el 10 de marzo?

Para el 10 de marzo está difícil, porque estamos 7 de febrero y todavía no tenemos las preguntas (de Noboa) oficialmente. Sabemos por los medios de comunicación que la Corte Constitucional envió al Ejecutivo para que haga algunas correcciones en los anexos.

Según la ley, tenemos como máximo 15 días para convocar y, a partir de la convocatoria, máximo 60 días para ejecutar. Entonces, se puede hacer en menos de los 60 días, pero yo pensaría que debemos tomarnos el máximo tiempo que nos da la ley. Ese es mi criterio, pero yo respetaré lo que el pleno del CNE decida.

Esas fechas serían para la consulta de Noboa. Pero la Corte también aprobó ya la reforma de Guillermo Lasso sobre el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Se puede hacer que ambas coincidan?

En ese caso, el CNE ya fue notificado por la Corte Constitucional y están corriendo los 15 días para convocar al referendo.

Pero mi criterio personal es que debemos hacer coincidir las dos votaciones. Debemos repetir lo que hicimos en 2023: solicitar a la Corte Constitucional que autorice para que coincidida en la misma fecha, por temas económicos y también operativos.

¿Hay ya un presupuesto para este proceso?

Tampoco está aprobado por el Pleno. Pero mi equipo de la consejería ha hecho un cálculo de que sería, aproximadamente, entre USD 50 y 55 millones. En cuanto tengamos las preguntas, se hará la convocatoria y se definirá calendario y presupuesto.

En este caso, en el de la consulta y el referendo, ¿se mantendría el mismo padrón que se utilizó en las seccionales de 2023 y en las elecciones anticipadas?

Aprobamos, en las semanas pasadas, el nuevo registro electoral, que es de 13,65 millones. Esto se hizo con corte al 9 de enero, tomando en cuenta los jóvenes que cumplirán 16 años hasta abril y se ha tomado en cuenta los cambios de domicilio hasta el 20 de enero.