El principal foro del correísmo es la Asamblea Nacional, pero las posturas de sus legisladores y las votaciones del bloque se contradicen con su discurso.
Las controversias políticas del correísmo se multiplican y cada vez son más difíciles de justificar. En solo cuatro días consignaron dos polémicas votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, permitiendo así dos escenarios que supuestamente rechazaban.
El de mayor trascendencia fue la indecisión legislativa y su abstención sobre el archivo de la reforma tributaria planteada por el presidente Guillermo Lasso, que permitió que el proyecto urgente original entre en vigencia sin ninguna modificación.
Con los votos correístas el Pleno negó el informe de mayoría y su propuesta de aprobar el de minoría tampoco recibió los respaldos suficientes. Pero en la moción final, para el archivo del proyecto de ley, la bancada decidió no votar.
Sin embargo, como los legisladores estuvieron presentes el sistema registró su indefinición como abstenciones, según lo que manda la Ley de la Función Legislativa. Esa acción de la bancada de la Revolución Ciudadana causó conmoción en el Pleno y entre los partidarios de esta organización.
Ese mismo 29 de noviembre sus líderes intentaron justificar su accionar, diciendo que la negativa del informe de mayoría bastaba y el archivo no era necesario. Aunque en noviembre de 2019 sí votaron expresamente por el archivo de la reforma económica planteada por el entonces presidente Lenín Moreno.
El Gobierno y sus aliados festejaron el triunfo sin hacer mención a la votación correísta, mientras que sus críticos -dentro y fuera del Parlamento- argumentaban como única respuesta a su accionar un pacto político a cambio de no votar por el archivo.
Pese a las continuas coincidencias con el socialcristianismo y los guiños entre sus líderes, el PSC no desperdició la oportunidad para marcar una diferencia públicamente con la Revolución Ciudadana. Lo mismo hizo Pachakutik.
Ambos afirman que el supuesto pacto entre el oficialismo y el correísmo fue el motivo de la actuación.
Desde la Revolución Ciudadana salieron Marcela Aguiñaga, su presidenta, y Rafael Correa, su líder, a rechazar las acusaciones y endosar la responsabilidad de la reforma al gobierno de Lasso exclusivamente.
Pero eso no fue suficiente ante la ola de críticas de sus propios simpatizantes.
Con la polémica aún fresca por esa votación, el martes 30 de noviembre, el correísmo salvó de la destitución al legislador Eckenner Recalde, nuevamente a través de una abstención. Recalde abandonó las filas de la Izquierda Democrática (ID) tras ser denunciado por el presunto cobro de diezmos a sus colaboradores.
El escenario político
La votación de UNES que permitió la vigencia de las reformas tributarias llegó días antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país.
En esta cita, que inició el 1 de diciembre, el organismo pidió visitar al exvicepresidente Jorge Glas, quien solicitó medidas cautelares a su favor, durante el anterior gobierno.
El motivo principal de la visita es la crisis carcelaria. La CIDH evaluará el sistema penitenciario ecuatoriano y hará recomendaciones en materia de derechos humanos al Estado. Frente a esta situación el Ejecutivo responsabiliza a los dos gobiernos previos por las fallas del sistema, mientras el correísmo responsabiliza a Moreno.
Además, la creciente pugna pública entre el oficialismo y el correísmo ha tenido teorías propias de cada bando.
Las más polémicas han sido que el presidente Lasso acusó a Correa de ser parte de un intento de conspiración golpista en su contra, mientras que la Revolución Ciudadana impulsa una investigación legislativa sobre el Mandatario por una presunta vinculación con paraísos fiscales y que habla de una posible destitución.
Además, la agrupación política que durante años reprimió la protesta social y persiguió al movimiento indígena, ahora que no es gobierno apoya las manifestaciones y posturas de la Conaie contra Lasso, al punto en que también se habla de posibles cercanías y acuerdos con determinados líderes del movimiento indígena.
Una oportunidad de captar capital político
Los cuestionamientos al correísmo pasan por las inconsistencias entre su supuesta línea de izquierda progresista y el accionar de sus líderes y su bancada legislativa.
Una polémica individual que sumó a la controversia de estas semanas fue el recibimiento de Pierina Correa a Agustín Laje, un líder de los movimientos ultraconservadores de Argentina que se dedica a trabajar en contra del derecho al aborto. Esto mientras varias de sus compañeras de bancada apoyan la despenalización.
En medio de las coincidencias con el PSC y ahora con el oficialismo, el descontento y la duda es creciente entre sus simpatizantes y militantes. Al punto en el que el mismo Rafael Correa bloqueó sus trinos en defensa de la actuación de los legisladores para evitar recibir comentarios.
El excandidato a la vicepresidencia Carlos Rabascall continúa aupando su intención de unificar a la tendencia de izquierda en un “frente nacional progresista” para las elecciones seccionales de 2023 y las próximas presidenciales. Pero ya no lo hace de la mano del correísmo.
El científico y ambientalista, Inty Gronneberg, que mantuvo acercamientos fallidos con la ID en las elecciones pasadas, también apunta a la necesidad de modificar la visión y el accionar de la izquierda en el país.
Wilson Merino, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira, va más allá. Está ya recogiendo firmas para la creación de una nueva agrupación denominada Imparables, con la que está recorriendo el país.
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