La crisis institucional atraviesa a las funciones del Estado

El presidente Guillermo Lasso enfrenta elevados índices de desaprobación. Además, debe lidiar con crisis políticas y de seguridad que han superado la capacidad de acción del Ejecutivo. La pugna con la Asamblea le ha impedido acordar el trámite de reformas mínimas, con contadas excepciones. También enfrentó un intento de destitución, que no se concretó por muy pocos votos. Además, las denuncias de supuesta corrupción en el Ejecutivo y, ahora, en las empresas públicas han golpeado la imagen del Presidente, sus funcionarios y delegados. Sin contar que la intención de modificar la autonomía de la Fiscalía, a través del referendo, no fue del agrado de la fiscal Diana Salazar. Luego, la investigación del caso Encuentro también ha puesto contra las cuerdas a Carondelet. La crisis de seguridad alcanzó un clímax en niveles de violencia, dentro y fuera de las cárceles. Pese a los esfuerzos y anuncios del Ejecutivo, los índices de inseguridad siguen subiendo. Los movimientos sociales también han acorralado al presidente Lasso. Ninguna de las organizaciones indígenas y campesinas que lideraron el paro nacional de junio de 2022 está satisfecha con los resultados. Está previsto que haya un pronunciamiento después de las elecciones del 5 de febrero. Solo ahí se conocerá si retoman o no las movilizaciones.

La recomposición de la Asamblea y los constantes desafiliaciones, expulsiones y divisiones en las bancadas impiden que los temas clave sean tratados con la celeridad necesaria. Las pugnas entre los bandos de legisladores además hacen que pululen comisiones ocasionales y que los resultados legislativos y de fiscalización no sean exitosos. Esto, a su vez, impacta en la credibilidad y confianza en la institución. Las disputan han provocado, incluso, que el Pleno no pueda instalarse por falta de quorum. Pero las pugnas políticas no se quedan dentro de la Asamblea. También afectan al Ejecutivo, que no ha conseguido aprobar varias reformas planteadas y que vive bajo la constante amenaza de juicios políticos y destituciones. Los últimos episodios han involucrado a otras funciones del Estado. Por ejemplo, en la pelea con el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el Legislativo destituyó a los cuatro consejeros de mayoría, pero fueron restituidos momentáneamente. Por ello, la Asamblea se negó a posesionar al Superintendente de Bancos -que sigue sin ser poder ocupar el cargo- así como a aceptar cualquier otra designación del CPCCS. Esto golpeó al Ejecutivo, pues la terna fue enviada por el presidente Guillermo Lasso, pero también a la Función de Transparencia, porque la Superintendencia no puede retomar la estabilidad administrativa.

La credibilidad del sistema judicial es cada vez más baja. Las polémicas sentencias de ciertos jueces, que incluyen la liberación de delincuentes, provocan que los niveles de confianza ciudadanía disminuyan. A esto se suma la falta de fiscales y la falta de recursos, en general, en todas las entidades de la Función Judicial. En este último episodio, la más afectada ha sido la Judicatura. Además de no poder cumplir con sus competencias, como la evaluación de jueces y los concursos de fiscales, la crisis política en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) le agregó más problemas. El Consejo de la Judicatura no ha podido todavía tener con un nuevo presidente. Aunque la Corte Nacional de Justicia envío cuatro ternas al CPCCS, ninguna dio resultados. Esto le costó el cargo a los siete consejeros. Ahora, tras una sentencia constitucional, Álvaro Román dirigirá la Judicatura, después de la renuncia de María del Carmen Maldonado que ocurrió en febrero de 2022. Román permanecerá en el cargo hasta que el CPCCS elija su reemplazo o se prorrogará en funciones si gana la pregunta del referendo del 5 de febrero, relacionada con las autoridades de control.

La crisis dentro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) llegó a su clímax y con ello la designación de autoridades de control queda en incertidumbre nuevamente. Después de cuatro presidentes en un solo periodo, el organismo se quedó sin consejeros titulares y busca, al menos, cinco reemplazos. Después de que la Corte Constitucional (CC) destituyera a los siete consejeros titulares, el CPCCS se quedó con apenas dos suplentes: Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Ellos fueron posesionados por la Asamblea a finales de 2022, cuando el Legislativo destituyó a los cuatro consejeros de mayoría, que después fueron restituidos a sus cargos por sentencia judicial. Al final, aunque la Asamblea no logró su cometido, deberá seguir en la tarea de conseguir nuevos suplentes, para que ocupen los cargos por el resto del periodo, hasta mayo. Ya que, para que el CPCCS pueda volver a funcionar, requiere al menos de cuatro consejeros en sus sesiones. Sin ellos, no habrá renovación de las autoridades de control.