Galápagos navega entre nuevos proyectos y antiguos problemas

El gobierno tiene varios planes en Galápagos como el primer proyecto fotovoltaico o la ampliación de la reserva marina, pero el problema usual del presupuesto en el Parque Nacional sigue sin resolverse.

El presidente Guillermo Lasso planteó crear una nueva ley para Galápagos, en su plan de gobierno, que incentive la inversión y asegure la sostenibilidad del archipiélago. Según Lasso, la actual Ley de Régimen Especial y los impuestos y trámites desincentivan este objetivo.

Un ejemplo de las decisiones ejecutivas en esa dirección es la concesión del proyecto fotovoltaico Conolophus, con una inversión privada de USD 63 millones y una duración de 25 años. La meta es reducir el uso de combustibles fósiles en las islas.

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Pese a que el Ministerio de Energía adjudicó el proyecto en agosto de 2021, fue en diciembre que el Ministerio de Ambiente pidió la modificación de las regulaciones de Baltra para permitir su construcción y ejecución.

Así, el presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo 301, el 27 de diciembre del año pasado. Mediante este documento modificó la zonificación de la isla de conservación, restauración de ecosistemas y reducción de impactos a zona de conservación y de aprovechamiento sustentable.

Originalmente, desde 2009, solo estaban permitidas las construcciones que requiere el Parque Nacional Galápagos (PNG) y para viviendas de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones en la isla.

Ahora, además del PNG, el abanico se abre, en general, para la construcción de las edificaciones indispensables “de la Dirección General de Aviación Civil, de las Fuerzas Armadas; y, aquellos proyectos del sector eléctrico, determinados por el Ministerio de Energía”.

PRIMICIAS consultó al Ministerio de Ambiente sobre las implicaciones e impacto del decreto 301 para el Archipiélago, pero no hubo respuesta.

Esta no es la única decisión del Ejecutivo sobre Galápagos. Precisamente, el 14 de enero, el Mandatario creó una segunda reserva marina, llamada Hermandad, con una extensión de 60.000 kilómetros cuadrados.

Con el decreto 319, en 30.000 kilómetros cuadrados no se permitirán actividades extractivas y se conservarán áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. Mientras en los otros 30.000 kilómetros están permitidas las actividades pesqueras exceptuando el uso del palangre.

El presidente Guillermo Lasso, junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y el expresidente estadounidense, Bill Clinton, durante un acto de ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, el 14 de enero de 2022. Nelson Dávalos, PRIMICIAS

Los problemas que persisten en Galápagos

Desde 2017, la pesca a gran escala alrededor de la zona económica exclusiva (ZEE) insular se incrementaron. La flota internacional que ronda cada año los límites marítimos ecuatorianos es principalmente china y mantiene al Estado en una búsqueda de soluciones para proteger a las especies de los corredores marítimos.

Pese a los acercamientos con el gigante asiático, el problema de la pesca no declarada se repite y los acuerdos para una moratoria no son suficientes para resolver el problema.

En medio de ese escenario Ecuador, junto con Colombia, Panamá y Costa Rica anunciaron en 2021 la creación de la reserva marina más grande del hemisferio, que de parte del gobierno del presidente Lasso se concretó con el decreto 319.

Los presidentes de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá en la cumbre mundial COP26. Reino Unido, 2 de noviembre de 2021 EFE

Además, el Estado continúa con la labor de terminar los estudios de la plataforma submarina para plantear la extensión de los límites marítimos ante la Convemar.

Este trabajo se dificulta por la falta de equipamiento y recursos, ya que el Ministerio de Defensa tuvo que renunciar a la adquisición de un buque oceanográfico. La meta prevista para presentar el proyecto es 2026.

Falta dinero para vigilancia

Pero la falta de dinero también impacta la cotidianidad en el Parque Nacional Galápagos, puesto que el área de vigilancia es extensa y, gracias la nueva reserva marina, ahora es mayor.

Las autoridades del PNG deben vigilar las embarcaciones que circulan por la reserva y sus actividades, que pueden variar desde pesca ilegal hasta delitos, como el narcotráfico. Pero las capacidades son limitadas. Aunque el Ministerio de Ambiente afirma que serán potenciadas con nuevos acuerdos.

Ya a finales de 2020 el Parque buscaba los recursos para renovar su flota de vigilancia, debido a que el moderno sistema de vigilancia que mantienen necesita ese complemento. Y, antes de la creación de la reserva marina Hermandad, la entidad afirmaba que con su creación requerirían más recursos humanos, tecnológicos y financieros.