A pocos días de que se caduque la prisión preventiva de los tres procesados por el caso Las Torres, la Fiscalía les formulará cargos por cohecho y lavado de activos.
Dos nuevos procesos penales se abrirán a raíz del denominado caso Las Torres, que involucra al excontralor Pablo Celi. La Fiscalía pidió a la Corte Nacional fecha y hora para formular cargos contra cuatro personas y dos empresas por cohecho y lavado de activos.
En el nuevo caso por cohecho se apunta al excontralor Celi, a su hermano Esteban Celi y al empresario Pedro Saona. Así como a la empresa asiática China CAMC Engineering.
El proceso por lavado de activos, en cambio, señala a Adolfo Agusto Briones y a su empresa Adokasa. Adolfo Agusto es hermano de José Agusto, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno.
José Agusto también fue parte del caso Las Torres, pero falleció en medio de la instrucción fiscal.
La audiencia de formulación de cargos para el caso por cohecho será a las 14:00 del 28 de marzo de 2022, mientras que la diligencia por presunto lavado de activos quedó para el viernes 1 de abril a las 09:30 de la mañana en Guayaquil.
Las fechas y el resultado de esas audiencias toman relevancia por el estado judicial de los hermanos Celi y de Agusto en el caso Las Torres.
Los tres guardan prisión preventiva por ese caso, pero esa medida cautelar caducará el 13 de abril de 2022 y todo apunta a que abandonen la cárcel, ya que el juicio por Las Torres aún no tiene fecha de inicio.
Pero si la Fiscalía pide prisión preventiva por estos nuevos casos y la Corte Nacional acepta esa medida, la caducidad no surtirá efecto y deberán seguir detenidos.
Paulina Araujo, abogada penalista, aclara que esto solo operará para Esteban Celi y Adolfo Agusto. El caso de Pablo Celi es diferente, pues cumplirá 65 años el 9 de abril de 2022 e, independientemente de lo que pase en los dos casos, tendrá derecho al arresto domiciliario.
Los hermanos Celi y los sobornos de China CAMC
En el caso Las Torres, la Fiscalía intenta demostrar que Pablo Celi comandó una estructura delictiva que exigió sobornos a cambio de desvanecer glosas y pagar facturas atrasadas a empresas proveedoras de Petroecuador. Específicamente, a Nolimit.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación saltaron nuevas alertas de otros casos con el mismo modo de operar.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Ecuador decenas de documentos sobre glosas que la Contraloría, al mando de Pablo Celi, presuntamente desvaneció a cambio de sobornos. Una de estas apunta a China CAMC Engineering.
En uno de los documentos de la asistencia penal internacional existe una transferencia por USD 1,3 millones a favor de Pablo Celi y su hermano Esteban.
Esta transferencia se habría realizado el 18 de junio de 2019 y la habría pagado la empresa China CAMC a través de Legalcont LLC. Esta empresa fue creada el 28 de febrero de 2019 en Miami.
La entidad es propiedad de Pedro Saona Roca, otro de los 13 procesados en el caso Las Torres. Actualmente, Saona es prófugo de la justicia ecuatoriana.
Según el documento que tiene la Fiscalía, la empresa asiática habría utilizado el Industrial & Commercial Bank, en China; y el Wells Fargo Bank, en Estados Unidos, para esta transacción.
Diana Salazar, fiscal General del Estado, enumeró dos glosas que, supuestamente, la Contraloría desvaneció en favor de China CAMC Engineering luego de que los hermanos Celi recibieron este pago. Una por USD 9,9 millones y otra por USD 22,6 millones.
Supuestamente, las glosas se refieren a los contratos por la construcción de la Plataforma Financiera del norte de Quito y a la construcción de 12 centros regionales, un centro nacional y la sala de operaciones del ECU-911.
Agusto y Adokasa
Dentro de los 13 procesados en el caso Las Torres, además de los exfuncionarios públicos, hay varios empresarios procesados.
Según la Superintendencia de Compañías, nueve de los 13 involucrados en ese caso tienen participación en 52 empresas registradas en Ecuador, como accionistas o como administradores.
De estas 52 compañías, cinco empresas tienen 22 contratos con el Estado por USD 21,7 millones. Las firmas se relacionan con cinco involucrados.
Entre las entidades públicas que contrataron están Ecuador Estratégico, Petroecuador, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Ministerio de Educación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), entre otras.
Adolfo Agusto Briones, es el acusado con contratos por más dinero. A través de dos empresas, su grupo suma USD 12,9 millones, de este monto, el 92% fue por contratos con Adokasa, entidad que también será procesada por lavado de activos.
El rastro del caso Isspol
Pero, no solo por sus movimientos relacionados con el caso Las Torres, Adolfo Agusto levanta sospechas. También tiene nexos con el escándalo por operaciones irregulares realizadas en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol)
El procesado aparece en operaciones de cesión de derechos fiduciarios que hizo el fondo de pensiones de la Policía con 38 fideicomisos.
Agusto estaría involucrado en la cesión de derechos fiduciarios que se hizo entre el Isspol, a través de su entonces director David Proaño, y el Fideicomiso Adokasa, en marzo de 2018.
Uno de los constituyentes del Fideicomiso Adokasa, conformado por bienes inmuebles y cuentas por cobrar, es la empresa Adokasa, cuyo presidente y principal accionista es Adolfo Agusto Briones.
La cesión de derechos del Isspol se hizo a través de dos contratos y asciende a USD 650.000.
Un derecho fiduciario es un instrumento de inversión a través del cual un inversionista adquiere un derecho o una participación sobre un conjunto de bienes. La cesión de derechos fiduciarios significa que el inversionista cede su derecho a cambio de un monto de dinero.
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