La Asamblea tramita juicios políticos en contra de dos superintendentes y el Contralor, que se suman a los de los ya censurados Freddy Carrión y Pablo Celi.
La agenda de fiscalización de la Asamblea es la que más ha avanzado. El Pleno del Legislativo ha censurado a dos funcionarios (el excontralor Pablo Celi y el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión) en los seis meses que lleva de funciones; y hay a la cola cuatro pedidos de juicio político más, que se tramitarán cronológicamente.
Tres de los cuatro juicios políticos pendientes y los dos ya terminados tienen una característica en común: todos apuntan a instituciones que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social. Esta función, creada en la Constitución de Montecristi, agrupa a las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Contraloría.
Las causales son variadas, pero ponen en entredicho a esta Función, rodeada de críticas desde otros sectores. De hecho, el presidente Guillermo Lasso, durante la campaña cuestionó la existencia de cinco funciones del Estado; e incluso propuso la eliminación del CPCCS, aunque no ha mencionado el tema en los últimos meses.
Los juicios pendientes contra la Función
El superintendente de Compañías, Victor Anchundia; la superintendente de Bancos, Ruth Arregui, y el contralor subrogante, Carlos Riofrío, enfrentan procesos de juicio político que ya fueron calificados por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Todos ellos deben tramitarse cronológicamente en la Comisión de Fiscalización, que actualmente trabaja en el proceso contra Alchundia.
Si llegan a concretarse las censuras y destituciones de los funcionarios, estos no podrán ejercer cargos públicos durante dos años. Además, el mismo CPCCS deberá llevar adelante los procesos de reemplazo de sus autoridades.
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Proceso contra el Superintendente de Compañías
Anchundia recibió dos pedidos de juicio político en su contra, de los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC). Ambos lo acusan de incumplimiento de funciones, por su falta de control a empresas y casas de valores relacionadas en la estafa el Isspol.
El proceso es el más adelantado. Anchundia ya ejerció su derecho a la defensa este 22 de noviembre de 2021, después de cerradas las comparecencias. Ahora, Fiscalización deberá redactar un informe en el que recomiende al Pleno si debe haber un juicio político o no.
La investigación, sin embargo, tomó un rumbo distinto el último día, en un cruce de señalamientos entre los exministros del Interior José Serrano y María Paula Romo.
Vanegas señala a Anchundia por la falta de control de las operaciones en el mercado de valores, así como en la inversión en facturas comerciales negociables sin sustento económico y estructuración de emisión de obligaciones de pasivos no calificados para emisiones.
Almeida acusa al Superintendente por la omisión del control en las actividades de las compañías Ecuagran, Delgran y Delcorp y al Decevale.
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Proceso contra la Superintendenta de Bancos
Arregui enfrenta un pedido de juicio político presentado por el asambleísta por Pachakutik, Darwin Pereira. Este proceso comenzará una vez que Fiscalización evacúe todo el juicio contra Anchundia.
Pereira acusa a Arregui de incumplimiento de funciones con ocho causales, relacionadas a la falta de control por parte de la Superintendencia a las instituciones del sistema financiero. El centro de los señalamientos es el incidente del Banco Pichincha, que lo mantuvo fuera de línea varios días.
El legislador también acusa a la Superintendenta de falta de control a los bancos durante la pandemia, y de falta de control a instituciones ilegales, como Big Money en Quevedo.
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Proceso contra el Contralor Subrogante
Riofrío enfrenta un pedido de juicio político presentado por el asambleísta Ronny Aleaga, de UNES. Este será tramitado una vez que termine el proceso contra Arregui.
El legislador correísta acusa a Riofrío de incumplimiento de funciones, con base en lo estipulado en la Ley Anticorrupción, aprobada por la anterior Asamblea. Esta dispuso que la Contraloría deberá emitir un informe de pertinencia previo a las contrataciones públicas, pero el Reglamento de la Ley dispuso que se comenzara con los de presupuesto de más de USD 962.000.
Para el legislador, no hacer el informe de pertinencia de todas las contrataciones configura el incumplimiento de funciones.
Además, Aleaga argumenta que, el 19 de agosto de 2021, se reformó la Ley de la Contraloría a través de un acuerdo institucional, sin respetar la jerarquía de la norma.
Dos juicios más en espera
La Asamblea tiene dos procesos de fiscalización más en agenda:
- El juicio político contra el procurador Íñigo Salvador, impulsado por Ferdinan Álvaez (UNES). Este ya cumplió la calificación en el CAL.
- El juicio político contra cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral, impulsado por Mario Ruiz (Pachakutik), que aún no pasa la revisión del CAL.
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