Las iniciativas de consultas se multiplican y todas apuntan a 2021

El edificio del Consejo de Participación Ciudadana, en el sector de Santa Prisca, en Quito. CPCCS

La iniciativa arrancó oficialmente el 27 de julio de 2019, cuando los proponentes fueron a la Corte Constitucional (CC) para pedir que califiquen las dos preguntas de su referendo.

Después recogieron más de 300.000 firmas que fueron validadas por el CNE y su propuesta llegó finalmente a la Asamblea Nacional, donde está siendo tramitada.

El referendo implica una reforma parcial a la Constitución y tiene tres objetivos:

• Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
• Convertir la Asamblea Nacional en bicameral y devolverle competencias como la designación de autoridades de control.
• Darle independencia a la Fiscalía separándola de la Función Judicial.

 ¿Alcanzan los plazos?

La Constitución establece que, después de la recolección y validación de las firmas, la Asamblea debe realizar dos debates sobre el contenido del referendo con 90 días de diferencia.

Si el Legislativo aprueba la iniciativa, la eliminación del Cpccs debe pasar a votación de todos los ecuatorianos. Y, la idea de la Comisión de Enmiendas, liderada por Elizabeth Cabezas, es que el referendo pueda realizarse con las elecciones de 2021.

• El primer debate en la Asamblea fue aprobado el 16 de septiembre. Está en manos de César Litardo, titular del Legislativo, ponerlo en el orden del día después de 90 días. El segundo debate podría realizarse en diciembre.
• Y, una vez aprobado el informe, el Consejo Nacional Electoral tiene un máximo de 45 días para convocar al referendo, lo que sería máximo hasta febrero.
• Dependiendo de los tiempos del Legislativo y del CNE, esta papeleta con dos preguntas nacionales podría incluirse para la segunda vuelta electoral, prevista para el 11 de abril.

Mineros realizaron varias concentraciones en 2019 para pedir que no se dé paso a las consultas populares. Wilmer Torres

La iniciativa del Concejo Cantonal de Cuenca, que fue calificada por la Corte Constitucional el 18 de septiembre, también se pone en fila para que la autoridad electoral la aplique.

El objetivo de la consulta popular es:

• Detener la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.

Este es un proceso que se ejecutará solamente en la circunscripción del cantón Cuenca, es decir para sus 435.963 electores.

¿Cuáles son los plazos?

La misma presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que en este caso ya no hay más pasos de por medio.

Una vez que la CC aprobó el pedido municipal, la autoridad tiene 15 días para convocar a las votaciones. Y otros 60 días para ejecutar el proceso, según el artículo 184 del Código de la Democracia y 106 de la Constitución.

Sin embargo, por un tema económico, Atamaint dijo que harán el cálculo del costo de estas papeletas extras, para determinar si esto afectará o no el presupuesto de las elecciones generales 2021.

Es decir, la titular del CNE y otros consejeros que se han pronunciado al respecto consideran posible incluir este proceso en la votación nacional, para evitar un proceso electoral local, que incluiría un presupuesto entero, en noviembre o diciembre de este mismo año.

Aunque, según el mismo Código de la Democracia en el artículo 185, el presupuesto para una consulta convocada por un gobierno local debe cubrirse con recursos de esa entidad.

Sin embargo, la autoridad electoral no se ha pronunciado oficialmente todavía.

Instantes de la firma del acuerdo entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso en el Club La Unión de Guayaquil, el 31 de agosto de 2020. A la derecha, de pie, José Nebot, consuegro de Lasso. Cortesía PSC

El 17 de septiembre llegó a manos de la Corte Constitucional la iniciativa de consulta popular anunciada por el exalcalde de Guayaquil y líder socialcristiano, Jaime Nebot, que ahora cuenta también con el compromiso de apoyo, firmado, del candidato presidencial Guillermo Lasso.

Serían 11 preguntas sobre cinco temas:

• Corrupción.
• Impulso al agro, ganadería y pesca.
• Seguridad social.
• Cuidado del medio ambiente y explotación de recursos naturales.
• Gobiernos locales y presupuesto del Estado.

La CC tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la propuesta. De ser positivo el dictamen, los representantes de los gremios, sectores sociales y productivos que ingresaron la solicitud deberán acudir al CNE para solicitar los formularios para la recolección de firmas.

Una consulta popular ciudadana requiere del respaldo del 5% del padrón vigente, es decir 663.100 firmas. El plazo reglamentario para cumplir este requisito es de 180 días.

Pero los proponentes quieren que la consulta se realice también a la par de las elecciones generales, por lo que dijeron que no se demorarán en la recolección.

¿Alcanzan los plazos?

Deberían terminar con todo el proceso a más tardar en enero, es decir, en plena campaña electoral de la primera vuelta. Ya que el Consejo tiene un plazo de 15 días para revisar las firmas y emitir su resolución.

Si completan los requisitos los plazos son los mismos que para cualquier consulta, un máximo de 15 días para convocarla y 60 para ejecutarla.

Es muy difícil, dado la pandemia, que el requisito de firmas se complete para que los plazos coincidan con la primera vuelta.

Pero cabe la posibilidad de alcanzar para las votaciones de abril, caso contrario debería convocarse a un proceso nuevo después de las elecciones generales.  La última consulta popular nacional le costó al Estado USD 48 millones en 2018.