La audiencia de juicio directo contra Leonidas Iza no se pudo instalar en Latacunga. El dirigente de la Conaie esta semana deberá concurrir al diálogo con el Gobierno.
La expectativa provocada por la audiencia de juicio directo al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quedó en nada tras declararse fallida este 4 de julio. El dirigente es investigado por su presunta participación en el delito de paralización de servicio público.
En la sala 9 del complejo judicial de Latacunga ninguna de las partes, incluida la acusadora, estaba lista o dispuesta a proceder.
El 80% de las 42 pruebas pedidas solamente por la defensa del dirigente indígena no había sido evacuado. Algo similar ocurría con la Procuraduría, la Fiscalía y Petroecuador.
Se esperaba más de una cuarentena de testigos, pero muchos no comparecieron. Ni siquiera los policías que se encargaron de la detención de Iza, la madrugada del 14 de junio, durante el segundo día del paro nacional.
Y, por sobre todo, ninguna de las partes del proceso quería que la jueza Paola Bedón sea la encargada de dictar sentencia.
Los involucrados acordaron que, al haber sido la misma jueza quien calificó la flagrancia, su grado de imparcialidad estaba comprometido.
A estas dos circunstancias se suma el pedido hecho por Carlos Poveda, abogado principal de Iza, de recibir asistencia penal internacional.
Los argumentos para esto son dos:
- Que la Policía es la que ha realizado las interceptaciones, los seguimientos, la aprehensión y las experticias
- Que, además, la institución responde al orden jerárquico del Ejecutivo.
“Y el Presidente de la República es quien ha estado detrás de estas acusaciones”, de presunta paralización de servicios públicos, advirtió Poveda.
Sin embargo, en el transcurso de la mañana y después de un receso, la jueza Bedón decidió acceder solamente a una de las peticiones. Elevó una consulta ante la Corte Constitucional para otorgar 15 días más a las partes para evacuar pedidos de medios probatorios.
Esa institución tiene un plazo de 45 días para pronunciarse.
El problema está, según Poveda, en que en los casos de juicio directo el plazo para la evacuación de pruebas es muy corto. Y las diligencias probatorias requieren de mayor tiempo, explicó.
La jueza consultará a la Corte Constitucional que deberá decidir si cabe el nuevo plazo de 15 días para que se evacuen las pruebas. Mientras tanto, Leonidas Iza deberá presentarse cada 15 días en la Fiscalía. » https://t.co/X8RpwGmdRk pic.twitter.com/nAEZhFdYmR
— Primicias (@Primicias) July 4, 2022
El otro cambio fue que el presidente de la Conaie ya no deberá presentarse ante la Fiscalía dos veces por semana, sino una sola vez cada 15 días.
La defensa del dirigente indígena aclaró que ellos insistirán en que la Corte Constitucional también se pronuncie sobre la competencia de la magistrada para llevar el caso.
Un caso atado a la política
A su salida, Iza insistió en que se trata de una persecución política, que no se ha respetado el debido proceso y que se quiere criminalizar el derecho a la protesta social.
“Yo he sentido una presión fatal para que la justicia actúe parcializada (…) no podemos aceptar que la justicia construya elementos para justificar mentiras”.
Leonidas Iza
Según el dirigente indígena, el objetivo del Gobierno es acabar con una autoridad indígena y con la Conaie.
Pese a que no hubo un resultado en la audiencia, ni a favor ni en contra de Iza, su salida fue celebrada por los simpatizantes que le esperaban afuera de las instalaciones.
Centenares de personas marcharon esa mañana hasta el complejo judicial, para mostrar su respaldo al dirigente. Pero no pudieron acercarse principalmente por las obras viales que se llevan a cabo alrededor del edificio y por el resguardo policial, de unos 200 uniformados que custodiaban en lugar.
“Iza, amigo, el pueblo está contigo”, gritaron sus simpatizantes.
El principal líder del paro nacional de 18 días, que logró una docena de concesiones del gobierno y ocasionó alrededor de USD 1.000 millones en pérdidas económicas, aún deberá esperar otros 15 días para conocer su suerte.
Iza advirtió que esto no afectará las negociaciones y diálogos con el Ejecutivo, que deben llevarse a cabo hasta finales de septiembre, siempre y cuando el Gobierno actúe de “buena fe”.
Para el dirigente, se ha desvirtuado la supuesta idea de que las agrupaciones sociales buscaban un golpe de Estado. “Ahora tenemos 90 días para garantizar que los acuerdos firmados pueden realizarse en la práctica”, dijo.
Leonidas Iza dice que su proceso no debería influir en el acuerdo firmado con el Gobierno, pero que dependerá de si el Ejecutivo está dispuesto a dialogar de buena fe. » https://t.co/X8RpwGmdRk
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Reporta: @rougehead pic.twitter.com/fB8mFkoYwn
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