El presidente Daniel Noboa cumple tibiamente sus promesas de campaña

Al día siguiente de su posesión, el 24 de noviembre, el presidente Noboa difundió en redes sociales la firma del decreto para derogar la tabla de consumo de drogas. Con tinte dramático, el mandatario rompió unos papeles en cuatro partes y los echó al aire, sin decir una sola palabra. Esta tabla estuvo vigente desde 2013 y normaba las cantidades mínimas que un consumidor de sustancias estupefacientes podía portar para su consumo, sin que las autoridades pudiesen judicializarlo. Es así que Noboa generó un problema jurídico. Ya que, si bien la tabla como tal no está en el Código Integral Penal (COIP), este ordena la necesidad de que haya un instrumento que determine los umbrales para diferenciar el tráfico y el consumo. Con la eliminación, se generó un vacío legal. Eso se convirtió en un problema que deberían resolver la Asamblea o la Corte Nacional de Justicia. Pero, por cuestión de tiempo, la Corte buscará emitir una resolución para determinar los umbrales.

Uno de los mayores desafíos de Ecuador será conseguir USD 9.000 millones en préstamos para sostener el gasto del Estado en 2024; esto es casi 7,5% de su Producto Interno Bruto (PIB). Por eso, el 28 de noviembre, el Primer Mandatario remitió su primera ley urgente a la Asamblea. Y, pese a su aprobación, esta no resolverá el problema estructural del déficit presupuestario. Ya que, según el Gobierno, está previsto que las medidas dejen alrededor de USD 832 millones de ingresos netos al presupuesto del Estado en 2024. A lo que se suma el hecho de que los incentivos para atraer inversión privada y crear nuevos empleos suelen tener efectos en el largo plazo y no siempre son suficientes.

La intención del Primer Mandatario de eliminar EMCO (Empresa Coordinadora de Empresas Públicas) es, por ahora, un gesto simbólico contra la corrupción, pues para concretarlo hace falta una reforma legal. El presidente Noboa envió el 28 de noviembre un mensaje al firmar el decreto 37, donde pide un informe técnico y jurídico para la eliminación de EMCO. Pero, mientras la Asamblea no apruebe una reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esto no sucederá. Esa normativa señala que el presidente de EMCO preside los directorios de las empresas públicas. Por lo tanto, la eliminación de la EMCO paralizaría la operación de las 12 empresas que están bajo su paraguas, sin una normativa que reemplace la organización vigente.

El presidente Noboa prometió en campaña consultar a los ciudadanos por diversos temas, dentro de los primeros 100 días de su gestión. Por eso remitió 11 preguntas a la Corte Constitucional y 10 de ellas buscan reformas en materia de seguridad. Sin embargo, aunque tuviera éxito, una vez publicados los resultados oficiales, nada cambiaría en el país. Es decir, la consulta está planteada de manera que no tendrá resultados inmediatos. Apenas dos de esos planteamientos podrían entrar en vigencia, en caso de superar todos los filtros, en un plazo de unos 95 días, sin contar lo que tome la oficialización de los resultados electorales. Las otras ocho preguntas en la materia requerirán de un periodo adicional de 65 días para que las medidas entren en vigencia. Ya que el Mandatario tendrá cinco días para remitir las propuestas a la Asamblea y esta, a su vez, tendrá dos meses para aprobarlas. Aunque esto tampoco garantiza que los desconocidos proyectos de reformas salgan del Legislativo aprobados o sin cambios importantes.

El Gobierno insiste en la necesidad de construir más cárceles en el país y Noboa prometió que habrá centros penitenciarios al estilo 'Bukele'. Sin embargo, nada se conoce sobre los procesos de licitación, de dónde saldrán los recursos, cuál será el costo final y qué sucederá mientras se construyen, en los anunciados "200 días". Y el Ejecutivo, a nombre de la reserva de información por medidas de seguridad, ratifica que todo está en marcha, como parte del opaco Plan Fénix. El problema es que, aunque el Primer Mandatario y su ministra de Gobierno y encargada del Interior, Mónica Palencia, afirmen que las cifras de inseguridad se han reducido en el país, el año nuevo arrancó con 50 muertes violentas solo en su primer día.

De los 176.469 jóvenes que están en el desempleo, más de 30.000 está en esa condición entre siete meses y un año, y en ese plazo han buscado trabajo más de 21.939 jóvenes. Aunque, la mayoría, es decir, 125.953 jóvenes, lleva buscando una oportunidad laboral entre uno y tres meses. Precisamente por eso, el Gobierno planteó incentivos tributarios en su reforma económica para las empresas que creen nuevas plazas de empleo, aunque en la Asamblea se realizaron precisiones, como que se trate de jóvenes entre 18 y 29 años. Sin embargo, esta es una medida que tomará tiempo en materializarse, ya que la carga impositiva no es el único problema en la generación de empleo. Por eso, el presidente Noboa añadió el tema en su propuesta de consulta popular. La pregunta número 11 plantea el retorno de los casinos, en los que hasta 2011 trabajaron unas 25.000 personas. Pero, de igual manera, esto depende de que la pregunta supere todos los filtros y de que los inversionistas se animen en la apertura de dichos centros. Por lo que se convierte también en una ligera posibilidad, a mediano o largo plazo.