El proceso completo que tendrían que atravesar las preguntas de la consulta sobre seguridad, para entrar en vigencia, tomaría más de 160 días. Es decir, hasta unos seis meses.
Las 10 preguntas de la consulta popular del presidente Daniel Noboa, que buscan reformas en materia de seguridad, levantaron cuestionamientos sobre la efectividad que tendrían, en caso de ser favorecidas por la Corte Constitucional y, posteriormente, en las urnas.
El documento de 112 páginas está bajo revisión de la Corte, que tiene un plazo de 20 días para pronunciarse. Sin embargo, pese a la posibilidad de que no sean calificadas, el Gobierno ya arrancó con la campaña de promoción de su contenido.
Según el propio Mandatario, el argumento para remitir el proyecto de consulta es simple: "porque estamos jodidos con la inseguridad". Y explicó que se trata de procedimientos para realizar cambios y "poder tomar acciones rápidas y eficaces".
El presidente Noboa tiene razón. En apenas un año de diferencia, entre 2022 y 2023, Ecuador pasó de una tasa de 23 muertes violentas por cada 100.000 habitantes a una de 46. Es decir, las cifras de estos crímenes subieron de 4.679 a 7.872.
Sin embargo, aunque su propuesta tuviera éxito, una vez publicados los resultados oficiales, nada cambiaría en el país. Es decir, la consulta está planteada de manera que no tendrá resultados inmediatos.
Solo los planteamientos de dos de las 10 preguntas sobre seguridad, en caso de aprobarse, estarían en firme con la publicación de los resultados:
- La pregunta 1: sobre la intervención de las Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales, bajo tres parámetros (ubicación específica, acciones determinadas y fiscalización).
De todas formas, varios gobiernos han intentado modificar el papel de los militares sin éxito. Y, si este punto lograse el objetivo, dependería de las decisiones reservadas del Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) y su efectividad una vez puestas en práctica.
- Y la pregunta 2: que busca que los controles de armas, municiones y explosivos por parte de las Fuerzas Armadas sean permanentes en las vías de acceso a los centros penitenciarios.
Pero, esta ya es una tarea legalmente exclusiva de los militares. Pese a lo cual, las cárceles siguen abasteciéndose de armamento e insumos de todo tipo. Por lo que, habría que esperar para confirmar si efectivamente esto frenaría el ingreso de productos ilegales a las prisiones.
Las demás preguntas
Los anexos de las otras ocho de preguntas de seguridad tampoco establecen medidas efectivas o claras. Se trata de una serie de intenciones en búsqueda de respaldo ciudadano, para que la Asamblea Nacional tramite unas reformas penales y judiciales que el Ejecutivo no ha transparentado.
Esto pese a que dichas reformas podrían ser enviadas directamente por el presidente Noboa al Legislativo, sin tener que pasar por la Corte Constitucional y por las urnas. Lo que implicaría en plazos máximos unos 95 días hasta los comicios, sin contar lo que tome la oficialización de los resultados.
Además, los anexos de esas preguntas establecen un periodo adicional de 65 días para que las medidas entren en vigencia, si superan todos los filtros. Ya que el Mandatario tendrá cinco días para remitir las propuestas a la Asamblea y esta, a su vez, tendrá dos meses para aprobarlas.
Así, en total, la aprobación completa de las reformas podría tomar más de 160 días. Es decir, unos seis meses.
Pero, aunque las reformas planteadas por el presidente Noboa llegasen al Legislativo, los resultados en las urnas no garantizan que los proyectos, desconocidos hasta el momento, salgan como el Ejecutivo los plantee.
Y el Primer Mandatario lo sabe. En una entrevista con Radio Sucre, dijo que, si los asambleístas no dan trámite o modifican las reformas que fueren respaldadas por votación popular: "serán castigados en las urnas, por las mismas personas", en 2025.
Esto porque en la Asamblea, las distintas fuerzas políticas pueden modificar el documento, de acuerdo a las convicciones o intereses de cada bancada. E, incluso, podrían llegar a archivarlo y exigir que se remita otra propuesta.
Esto como consecuencia de que las preguntas y los anexos de la consulta popular no son precisos y no señalan las reformas puntuales a las que apunta el Gobierno en cada temática.
Por ejemplo, el Primer Mandatario quiere consultar a la ciudadanía sobre el incremento de penas en 10 delitos relacionados con el crimen organizado. Pero no especifica cuál sería el incremento en cada caso.
Lo mismo sucede en las preguntas restantes. Sin embargo, aún está pendiente el envío de otras preguntas, según las declaraciones de la Ministra de Gobierno y del mismo Jefe de Estado.
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